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Política institucional

El presidente Javier Milei participó del Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana, acompañado por parte de su nuevo Gabinete y sin la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La actividad formó parte de la agenda oficial por el Día de la Independencia, pero también dejó una señal política en medio del reordenamiento interno del Gobierno nacional. Milei llegó escoltado por ministros, legisladores y colaboradores cercanos, en una foto institucional que mostró la nueva etapa de la administración libertaria.

Entre los presentes estuvo Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete, junto con funcionarios nacionales y referentes del oficialismo. También participaron figuras como Santiago Caputo, Martín Menem, Adrián Ravier, Fabián Fernández y Patricia Bullrich.

La ausencia de Villarruel volvió a marcar distancia dentro de la conducción nacional. La relación entre el Presidente y la vicepresidenta atraviesa hace meses un clima de tensión política, con diferencias públicas y escasa coordinación institucional.

Después del Tedeum, estaba prevista una reunión de Gabinete en Casa Rosada. Uno de los temas centrales sería la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa con la que el Gobierno busca limitar la posibilidad de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria.

Para las provincias, incluida Salta, la discusión no es menor. Los cambios sobre política monetaria, déficit fiscal y presupuesto nacional pueden impactar en inflación, obra pública, transferencias, crédito y actividad económica.

Más allá del acto patrio, la jornada dejó una foto política: Milei exhibió a su nuevo equipo, ratificó su agenda económica y volvió a mostrar la distancia institucional con Villarruel.

Política institucional

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a encabezar por segundo mes consecutivo el ranking nacional de gobernadores con mejor imagen, según un relevamiento de CB Consultora Opinión Pública.

De acuerdo con la medición, Sáenz alcanzó un 55,3% de imagen positiva y quedó nuevamente en el primer lugar entre los mandatarios provinciales. En segundo lugar se ubicó el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con 54,8%, y tercero quedó el neuquino Rolando Figueroa, con 53,5%.

El dato vuelve a colocar a Salta en el centro del mapa político nacional, aunque debe leerse como una fotografía de opinión pública y no como una evaluación definitiva de gestión. En el mismo relevamiento, Sáenz también registró un 41,9% de imagen negativa.

La presencia de dos gobernadores del NOA entre los tres primeros lugares también marca un dato político relevante para la región. Sáenz y Jaldo aparecen en un escenario nacional donde los mandatarios provinciales buscan sostener peso propio frente a la agenda del Gobierno nacional.

Para Salta, el posicionamiento del gobernador puede tener impacto institucional en negociaciones con Nación, obras, recursos, seguridad, infraestructura y agenda federal. En provincias del norte, donde la relación con el poder central suele ser clave, la imagen política también funciona como capital de gestión.

El ranking muestra una ventaja ajustada entre los primeros puestos y confirma que la imagen de los gobernadores sigue siendo un indicador sensible dentro del escenario político argentino. En el caso de Sáenz, el desafío será sostener ese nivel de respaldo en medio de demandas sociales, económicas y territoriales que siguen abiertas.

Política institucional

El presidente Javier Milei dio detalles del proyecto con el que buscará reformar la Carta Orgánica del Banco Central. El eje central de la propuesta es prohibir por ley que la entidad financie al Tesoro y limitar su función principal a preservar el valor de la moneda.

La iniciativa apunta a modificar el artículo 3 de la Carta Orgánica del BCRA. Según explicó el mandatario, el objetivo es reducir los márgenes para que el Banco Central emita dinero con destino al financiamiento del gasto público, una práctica que el Gobierno vincula directamente con la inflación.

Milei sostuvo que la reforma también incluiría sanciones para funcionarios del Banco Central, integrantes del Poder Ejecutivo y legisladores que impulsen gastos sin respaldo presupuestario. En esa línea, volvió a defender la regla de déficit cero como condición central de su programa económico.

El Presidente también mencionó un esquema inspirado en el modelo de “shutdown” de Estados Unidos. La idea planteada es que, si se agotan las partidas presupuestarias, el Estado no pueda seguir operando hasta que exista una ampliación aprobada del presupuesto.

La discusión tiene un fuerte componente institucional porque involucra el rol del Banco Central, la relación entre emisión monetaria y financiamiento fiscal, y el límite que el Gobierno quiere imponer al Congreso frente a leyes que generen gasto sin recursos asignados.

Para Salta y el norte argentino, el debate no es abstracto. Las decisiones sobre emisión, inflación, gasto público y presupuesto impactan sobre precios, salarios, crédito, consumo, obra pública, municipios, pymes y economías regionales.

La reforma todavía debe atravesar el debate político e institucional correspondiente. Por eso, el punto clave no es solo el anuncio presidencial, sino si el Gobierno logra convertir esa orientación económica en una norma con respaldo legislativo.

Política institucional

Cuba volvió a reclamar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, en una votación que dejó un amplio respaldo internacional al tratamiento del tema y volvió a exponer diferencias diplomáticas entre los países.

El debate solicitado por Cuba fue aprobado por 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones. Entre los países que rechazaron avanzar con el planteo estuvo Argentina, junto con Estados Unidos, Israel, Costa Rica, Chequia, Marruecos, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania.

El reclamo cubano forma parte de una disputa histórica que lleva décadas en Naciones Unidas. La isla sostiene que el embargo afecta su economía, el comercio exterior, el acceso a bienes básicos y el desarrollo de distintas áreas productivas y sociales.

Estados Unidos, en cambio, mantiene su posición crítica frente al régimen cubano y defiende las sanciones como parte de su política exterior hacia la isla. La discusión vuelve cada año al escenario multilateral y suele reunir una mayoría de votos contrarios al embargo.

El dato político para Argentina está en su alineamiento diplomático. El voto en contra marca una continuidad con la orientación internacional del Gobierno nacional, más cercano a Estados Unidos e Israel en los principales debates globales.

Para la agenda pública argentina, el caso no tiene un impacto territorial directo, pero sí muestra cómo el país se posiciona en organismos internacionales frente a temas sensibles. En ese plano, la votación funciona como una señal de política exterior y de prioridades diplomáticas.

La discusión continuará abierta en Naciones Unidas, donde Cuba insiste en poner fin al embargo y la mayoría de los países vuelve a respaldar el tratamiento del reclamo. En paralelo, Argentina queda ubicada dentro del grupo minoritario que rechazó avanzar con esa posición.