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Frontera / Seguridad

La Policía de Salta secuestró 640 kilos de hojas de coca y 4.800 paquetes de cigarrillos durante un procedimiento realizado en barrio Obraje, en Apolinario Saravia. El operativo se inició tras una alerta ciudadana por bultos ubicados en tres camionetas estacionadas.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 2 El Dorado, dependiente del Distrito de Prevención 9. Al fiscalizar los vehículos, los policías constataron que transportaban mercadería sin la documentación correspondiente.

En el procedimiento fueron infraccionados tres hombres de 22, 29 y 35 años por presunta violación al Código Aduanero. El cargamento quedó secuestrado y a disposición de la Justicia Federal.

El caso no se encuadra como narcotráfico, sino como una infracción aduanera vinculada al traslado de mercadería sin respaldo legal. Esa distinción es clave, especialmente cuando se trata de hojas de coca, un producto cuya circulación suele aparecer en controles de frontera y rutas del norte.

La intervención también muestra que los controles no se concentran únicamente en pasos fronterizos o zonas limítrofes. Apolinario Saravia forma parte de un circuito de circulación interna donde pueden detectarse cargamentos que ingresan o se trasladan sin documentación.

En el norte salteño, el movimiento de hojas de coca y cigarrillos sin aval legal es una problemática frecuente para las fuerzas de seguridad y la Justicia Federal. El desafío está en sostener controles sin confundir fenómenos distintos: contrabando, infracción aduanera y narcotráfico no son lo mismo.

El procedimiento quedó bajo intervención de la Fiscalía Federal, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes sobre el origen, destino y responsabilidad en el traslado de la mercadería.

Frontera / Seguridad

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 7 años de prisión para Martina Oliva por el transporte de 15 kilos de marihuana desde el norte salteño hacia la capital provincial. La decisión dejó firme el criterio central del Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, que la había considerado responsable del delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas.

El caso había tenido fuerte repercusión pública por el perfil mediático de Oliva, pero el eje judicial estuvo puesto en la maniobra de traslado de droga, la logística utilizada y la participación acreditada durante el proceso.

La causa se originó en febrero de 2025, luego de un procedimiento sobre ruta nacional 9, a la altura del expeaje Aunor. Allí se detectó el traslado de la droga en el marco de una investigación federal vinculada a una organización que operaba entre la zona de frontera y centros urbanos de Salta.

La defensa de Oliva había presentado un recurso contra la condena, con planteos sobre presunta vulneración de derechos y perspectiva de género. Sin embargo, la mayoría del tribunal de Casación rechazó los argumentos y mantuvo la pena de 7 años.

Uno de los votos propuso reducir la condena a 6 años, pero esa postura no fue la mayoritaria. De esta manera, quedó ratificada la pena impuesta por el tribunal salteño.

El caso vuelve a mostrar el rol sensible de las rutas salteñas en el traslado de estupefacientes desde zonas de frontera hacia áreas de mayor consumo. Para departamentos como Orán y San Martín, la discusión no pasa por el perfil de la condenada, sino por la logística narco, los controles federales y la respuesta judicial.

La confirmación de Casación marca un nuevo capítulo en una causa que expuso cómo operan algunas redes de transporte de droga en la provincia. También refuerza la importancia de sostener controles en corredores estratégicos, sin perder de vista que cada condena debe apoyarse en pruebas, proceso judicial y garantías legales.

Frontera / Seguridad

Dos integrantes de la Policía de Salta fueron exonerados de la fuerza tras un sumario administrativo vinculado a una causa federal por transporte de estupefacientes. La decisión fue oficializada por decreto y alcanza a un suboficial principal y a una agente.

El expediente se originó a partir de un procedimiento realizado en el puesto de control “28 de Julio”, en una zona clave de circulación hacia Orán y el norte provincial. Allí se detectó un vehículo particular que transportaba 19 kilos de marihuana ocultos en el baúl.

A partir de ese hecho se abrió una causa federal tramitada en Tartagal y, en paralelo, una investigación administrativa dentro de la fuerza provincial. La Dirección General de Asuntos Internos intervino en el caso y recomendó la sanción más grave.

La exoneración implica la separación definitiva de ambos efectivos de la Policía de Salta. La medida se tomó luego de considerar acreditada una falta grave incompatible con la función policial.

El caso tiene especial sensibilidad por el contexto territorial. En el norte salteño, los controles sobre rutas, accesos y zonas de frontera forman parte de una tarea clave frente al narcotráfico y otras economías ilegales.

También expone la importancia de los mecanismos internos de control dentro de las fuerzas de seguridad. La presencia policial en el territorio depende no solo de recursos y operativos, sino también de confianza pública, transparencia y sanciones cuando se detectan conductas incompatibles con el servicio.

Sin generalizar sobre toda la institución, el caso marca una señal fuerte: cuando integrantes de una fuerza quedan vinculados a delitos graves, la respuesta administrativa también forma parte de la política de seguridad.