Economía y Producción
El proyecto conocido como Súper RIGI obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado, donde se definirá si el régimen para grandes inversiones se convierte en ley. La iniciativa fue aprobada con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones.
El régimen apunta a atraer proyectos de gran escala, con inversiones superiores a los US$ 1.000 millones, mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. El Gobierno lo presenta como una herramienta para impulsar nuevos sectores productivos y ampliar la llegada de capitales al país.
Para provincias como Salta, la discusión tiene una lectura directa. Minería, energía, infraestructura, servicios y proveedores regionales aparecen como áreas que podrían verse alcanzadas si el régimen logra atraer proyectos de gran volumen.
Uno de los puntos incorporados durante el debate fue una cláusula de “Compre Nacional” del 20%, pensada para que parte de las contrataciones queden en empresas locales. Ese aspecto será clave para medir si las inversiones generan movimiento real en pymes, comercios, transporte, logística y empleo.
El desafío no será solamente que lleguen inversiones, sino cuánto impacto dejan en el territorio. En el norte argentino, donde muchos proyectos requieren rutas, energía, conectividad y mano de obra calificada, la discusión también pasa por infraestructura y formación laboral.
La iniciativa, sin embargo, también recibió críticas. Legisladores opositores cuestionaron el costo fiscal, la amplitud de los beneficios y la posibilidad de que se generen economías de enclave: grandes proyectos que exportan valor, pero dejan poco desarrollo local.
Ahora el Senado tendrá la última palabra. Para Salta y otras provincias productivas, el debate central será si el Súper RIGI puede convertirse en una herramienta de inversión con proveedores, empleo y obras concretas, o si quedará como un esquema de beneficios sin suficiente anclaje territorial.
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