Política institucional
Una auditoría interna de PAMI detectó un presunto esquema de fraude millonario en prestaciones oftalmológicas y ópticas, con maniobras que habrían incluido sobrefacturación, recetas fantasma, prestaciones sin respaldo clínico y cobros indebidos a afiliados.
El caso expone un problema institucional sensible: el uso irregular de fondos públicos destinados a la atención de jubilados y pensionados. Según el relevamiento, las irregularidades aparecieron en distintos puntos del país y ahora derivaron en denuncias judiciales y sumarios administrativos.
Entre las maniobras detectadas figuran la facturación de lentes sin la documentación correspondiente, recetas emitidas sin respaldo suficiente, prestaciones cargadas sin historia clínica y circuitos cerrados entre médicos, ópticas y centros oftalmológicos. También se señalaron casos en los que afiliados habrían pagado por servicios que debían estar cubiertos.
Las investigaciones alcanzan a prestadores y profesionales de distintas provincias, con casos relevados en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Concordia. El objetivo de los controles, según la línea informada por el organismo, es cortar circuitos de fraude sin afectar la atención regular de los afiliados.
La situación tiene impacto más allá de los expedientes. Cada peso desviado en prestaciones de salud afecta recursos que deberían sostener consultas, tratamientos, lentes, medicamentos y atención médica para una población especialmente vulnerable.
Para Salta y el norte, el tema importa porque PAMI tiene presencia directa sobre miles de jubilados. En zonas donde el acceso a especialistas ya suele ser más limitado, cualquier irregularidad en el sistema de prestaciones puede terminar golpeando con más fuerza a los afiliados que dependen de la cobertura pública.
El caso también abre una discusión más amplia sobre controles, trazabilidad y responsabilidad de los prestadores. La auditoría muestra que no alcanza con financiar prestaciones: también hace falta verificar que lleguen realmente a quienes las necesitan.
Ahora, el avance de las causas judiciales y administrativas será clave para determinar responsabilidades y recuperar recursos si se confirma el perjuicio. Mientras tanto, el desafío institucional es sostener los controles sin demorar ni restringir la atención de los jubilados.
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