Frontera / Seguridad
Una investigación federal en Salta derivó en la imputación de una pareja acusada de montar un circuito de explotación sexual de menores con una modalidad organizada, apoyada en plataformas digitales, alquileres temporarios y coordinación de encuentros con clientes.
La causa se inició a partir de una alerta al 911 realizada en agosto de 2024. Lo que en un primer momento parecía un episodio aislado dentro de un departamento de la capital salteña abrió una pesquisa de mayor alcance, que ahora busca determinar si hubo más víctimas y hasta dónde llegaba la estructura investigada.
Según la reconstrucción fiscal, el esquema incluía captación de menores, publicaciones en páginas de contactos sexuales, coordinación de citas mediante Telegram y uso de departamentos alquilados para concretar los encuentros. La acusación sostiene que había roles diferenciados dentro del circuito y una logística aceitada para sostener la actividad.
La investigación también apunta al movimiento del dinero generado por esos encuentros. De acuerdo con la hipótesis judicial, parte de los pagos terminaba en manos de los acusados, en efectivo o por transferencias, en una dinámica que refuerza la idea de una explotación sostenida y no de hechos aislados.
Con ese cuadro, la Justicia avanzó con allanamientos y detenciones. El principal acusado quedó con prisión preventiva por 120 días, mientras que la mujer imputada recuperó la libertad bajo restricciones, en un contexto donde también se analiza si su situación pudo haber estado atravesada por vulnerabilidad.
Más allá de la resolución inicial, el caso deja una señal preocupante para Salta capital: la explotación sexual de menores puede operar con mecanismos cada vez más discretos, apoyados en herramientas digitales y circuitos urbanos que dificultan su detección temprana.
La causa, además, vuelve a poner el foco sobre un punto sensible: la trata no siempre aparece como una red visible o espectacular, sino como una trama organizada que se mueve en espacios cotidianos, aprovecha silencios y busca ocultarse detrás de vínculos, alquileres y contactos virtuales.
Con peritajes todavía en marcha sobre celulares, computadoras y otros dispositivos secuestrados, la investigación seguirá abierta. El resultado de ese análisis será clave para establecer la dimensión real del circuito, identificar posibles nuevas víctimas y determinar si detrás de esta imputación hay una red más amplia operando en la ciudad.
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