Frontera / Seguridad
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 9 años de prisión efectiva al exsargento Carlos Alberto Sorani, exjefe del área de Inteligencia del Escuadrón 52 “Tartagal” de Gendarmería Nacional, por su participación en una maniobra de transporte de 161 kilos de cocaína detectada en Aguaray.
La Justicia lo consideró coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de varias personas y por su condición de funcionario público. La droga había sido descubierta en mayo de 2025 dentro de una camioneta Ford Ranger acondicionada con dobles fondos para ocultar el cargamento.
El caso tiene un peso institucional fuerte para la frontera norte. Sorani no era un integrante cualquiera de la fuerza: cumplía funciones vinculadas a inteligencia en una zona sensible para el control del narcotráfico. Para el tribunal, su rol fue clave en la organización logística de la maniobra.
En la causa ya fueron condenadas otras personas vinculadas al traslado de la cocaína, entre ellas otro gendarme y los transportistas del cargamento. Además, continúa prófugo Gustavo Ariel Barrios, señalado como proveedor de la droga.
La investigación estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal y contó con la intervención de áreas especializadas en narcocriminalidad. El expediente permitió reconstruir cómo se habría organizado el traslado, el uso del vehículo acondicionado y la participación de los distintos involucrados.
Para San Martín, el caso golpea en un punto sensible: la frontera necesita controles firmes, pero también instituciones confiables. La condena muestra que las redes narco no dependen solo del paso físico de la droga, sino también de logística, información, vehículos preparados y posibles apoyos internos.
La gravedad del fallo no debe confundirse con una generalización sobre toda la fuerza. Gendarmería cumple un rol central en el control de rutas y pasos fronterizos del norte argentino. Pero justamente por eso, cuando un funcionario con experiencia en inteligencia termina condenado por narcotráfico, el impacto institucional es mayor.
El caso de Aguaray vuelve a dejar una señal clara: la lucha contra el narcotráfico en la frontera no solo exige operativos y decomisos. También requiere depuración interna, controles sostenidos y una Justicia capaz de avanzar sobre las estructuras que facilitan el negocio desde adentro.
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