Frontera / Seguridad
La Justicia federal imputó por trata de personas con fines de explotación sexual agravada a una pareja acusada de captar y explotar a menores de edad en departamentos de la ciudad de Salta, en una causa que expone la gravedad de un delito complejo y la vulnerabilidad de las víctimas involucradas.
Según la investigación, el hombre habría sido quien captaba a las menores, mientras que la mujer tendría un rol de coordinación en los encuentros. La causa sostiene que los servicios eran ofrecidos a través de una página web de citas y luego terminaban de acordarse mediante Telegram, en una modalidad que combinaba captación, organización y explotación en inmuebles alquilados de la capital salteña.
El expediente se originó a partir de una intervención realizada en agosto de 2024, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre adulto junto a una adolescente de 17 años en un departamento. A partir de ese episodio, la fiscalía avanzó con una investigación que derivó en nuevas medidas, recolección de evidencia y formalización de la imputación.
El caso quedó encuadrado como trata de personas agravada por tratarse de víctimas menores de edad, una figura penal de máxima gravedad. En ese contexto, el principal acusado continuará detenido con prisión preventiva efectiva por 120 días, mientras que la mujer recuperó la libertad bajo restricciones, en un escenario donde además se analiza si también pudo haber estado atravesada por situaciones de vulnerabilidad.
Más allá del avance judicial, la causa vuelve a poner en primer plano un problema que suele operar de manera silenciosa: redes de explotación que se valen de herramientas digitales, ámbitos privados y condiciones de fragilidad social para sostener delitos contra menores.
La investigación seguirá abierta para determinar el alcance completo de las responsabilidades y si hubo otras personas involucradas. Lo que ya dejó en claro el expediente es que no se trata de un hecho aislado ni de un episodio menor, sino de un caso de extrema gravedad que obliga a mirar con seriedad la dimensión de la trata y la explotación sexual en la provincia.
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