Categoría: Frontera / Seguridad

  • Contrabando de cigarrillos: describen una red que operaba desde Orán y utilizaba Starlink

    Contrabando de cigarrillos: describen una red que operaba desde Orán y utilizaba Starlink

    Una investigación relatada por un especialista de Philip Morris Argentina expuso un circuito de ingreso de cigarrillos paraguayos a través de Bolivia, con distribución desde Aguas Blancas y Orán hacia otras provincias. Los vehículos utilizados habrían contado con conectividad satelital para coordinar movimientos y advertir sobre controles.

    El contrabando de cigarrillos en el norte de Salta volvió a quedar bajo la mirada pública a partir de una investigación sobre una organización familiar que habría utilizado Aguas Blancas y Orán como puntos de operación para distribuir mercadería ilegal hacia distintas provincias argentinas.

    El caso fue descrito por Juan José Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, en una entrevista publicada por El Tribuno. Según su relato, una investigación permitió desarticular una organización dedicada al ingreso y comercialización de cigarrillos fabricados en Paraguay.

    La mercadería habría recorrido un circuito que comenzaba en territorio paraguayo, continuaba por Bolivia e ingresaba al norte argentino para su posterior distribución en Salta, Jujuy y Tucumán.

    La descripción muestra la dimensión regional de una actividad que no termina en el cruce fronterizo, sino que necesita transporte, almacenamiento y conexiones comerciales para llegar a sus destinos.

    Vehículos conectados por satélite

    Uno de los aspectos señalados por Benítez fue la incorporación de tecnología de comunicaciones a los vehículos utilizados para transportar los cigarrillos.

    De acuerdo con su testimonio, las unidades contaban con antenas Starlink, un sistema de conexión satelital que permite acceder a internet en lugares donde la cobertura de las redes móviles puede resultar limitada.

    El especialista sostuvo que esa conectividad era utilizada para mantener las comunicaciones entre los integrantes de la organización y advertir sobre la presencia de controles de Gendarmería Nacional.

    Este punto introduce una dimensión logística en el problema del contrabando: además de disponer de rutas de transporte, las organizaciones pueden recurrir a herramientas tecnológicas para coordinar sus desplazamientos.

    La utilización de conectividad satelital, sin embargo, no constituye por sí misma una actividad ilegal. Lo relevante en este caso es el uso que, según el relato difundido, se habría dado a esa tecnología para facilitar el traslado de mercadería de contrabando.

    Un circuito que supera los pasos fronterizos

    La ubicación de Aguas Blancas y Orán dentro del recorrido descrito vuelve a poner el foco sobre el movimiento de mercaderías entre Bolivia y el norte argentino.

    Según Benítez, los cigarrillos involucrados pertenecían a una marca de origen paraguayo y formaban parte de un negocio con importantes márgenes de ganancia.

    El especialista también mencionó actuaciones contra el contrabando de la misma marca en Formosa, aunque no precisó una vinculación operativa directa entre ambos casos.

    La información disponible no permite establecer el monto de las ganancias, la cantidad de mercadería involucrada ni el número de personas detenidas en el procedimiento referido.

    Tampoco se difundieron, junto con el testimonio, los datos de un expediente judicial que permitan reconstruir de manera independiente las actuaciones.

    Por eso, los detalles sobre la organización y el equipamiento de los vehículos corresponden al relato del especialista entrevistado y no a una verificación judicial propia.

    El caso permite observar cómo el contrabando puede apoyarse en circuitos internacionales, distribución regional y comunicaciones permanentes. Para las zonas fronterizas del norte salteño, el desafío no se limita al ingreso ilegal de productos: también comprende la logística que sostiene su circulación hacia otros mercados.

  • Un joven apuñalado habría esperado más de una hora una ambulancia

    Un joven apuñalado habría esperado más de una hora una ambulancia

    Un hombre de 27 años resultó gravemente herido durante la madrugada del viernes en Tartagal. Según la información difundida por el medio local La Cruda, hubo una demora en la asistencia solicitada desde el centro de salud de Villa Saavedra.

    Un joven de 27 años sufrió una herida de arma blanca en el abdomen durante la madrugada del viernes 9 de octubre en Tartagal. El ataque habría ocurrido durante un intento de robo, aunque las circunstancias todavía no fueron esclarecidas.

    Según informó el medio local La Cruda, el hombre llegó caminando alrededor de las 6 de la mañana al centro de salud de Villa Saavedra, donde fue auxiliado por personas que esperaban para obtener turnos médicos.

    Los presentes solicitaron una ambulancia para trasladarlo. De acuerdo con esa reconstrucción, un móvil policial llegó primero al establecimiento, mientras que la asistencia sanitaria habría demorado más de una hora.

    El joven fue posteriormente trasladado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde recibió atención médica por la gravedad de sus lesiones.

    La madre del paciente, que se encuentra en la ciudad de Salta, informó al medio local que su hijo permanecía internado en terapia intensiva y que su estado era delicado.

    También manifestó su intención de conseguir un traslado a la capital provincial, aunque aseguró que todavía no había recibido una respuesta del establecimiento sanitario.

    El reclamo por la asistencia

    El caso plantea interrogantes sobre el tiempo de respuesta del sistema de emergencias y las condiciones en que se gestionó el traslado desde el centro de salud.

    Hasta el momento, no se cuenta con registros oficiales que permitan confirmar el horario de solicitud de la ambulancia, su llegada al establecimiento ni las circunstancias de la demora denunciada.

    Tampoco existe información médica independiente que permita establecer una relación entre el tiempo de espera y la gravedad de las lesiones.

    La situación requiere esclarecer tanto las circunstancias de la agresión como la respuesta sanitaria brindada durante las primeras horas del viernes.

  • Salta evalúa cambios en la seguridad de sus corredores turísticos

    Salta evalúa cambios en la seguridad de sus corredores turísticos

    Autoridades provinciales y referentes de los sectores hotelero y gastronómico revisaron la situación en zonas de alta circulación de visitantes en la ciudad. Acordaron sostener una mesa de trabajo y un canal permanente con la Policía para seguir las acciones de prevención.

    El Ministerio de Seguridad de Salta y el Ministerio de Turismo y Deportes encabezaron una reunión con empresarios hoteleros y gastronómicos para analizar la seguridad en los corredores turísticos de la capital.

    Según informó la Provincia, el encuentro sirvió para evaluar y actualizar estrategias de prevención del delito en sectores de alta concentración de visitantes y actividad nocturna. Entre los puntos mencionados estuvieron el corredor Balcarce, Paseo Güemes, el Paseo de los Poetas, la plaza 9 de Julio y otras zonas turísticas de la ciudad.

    Durante la reunión, el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, repasó las acciones que ya se aplican en esos sectores, con operativos especiales y refuerzo de tareas preventivas para desalentar delitos y otras actividades ilícitas.

    Por su parte, los representantes del sector privado plantearon inquietudes vinculadas a la seguridad en la actividad nocturna y propusieron ampliar la mesa de trabajo con otros actores, entre ellos el área de Salud Mental y la Municipalidad, para abordar problemáticas que consideran transversales.

    Al cierre del encuentro, las partes acordaron mantener de forma sostenida un canal de diálogo y contacto entre propietarios de locales y autoridades policiales, además de monitorear el avance de las acciones en marcha.

    La información oficial no detalló nuevas medidas puntuales, plazos ni recursos específicos. Por ahora, el resultado concreto del encuentro fue la continuidad de la coordinación entre el Gobierno provincial, la Policía y los sectores vinculados al turismo, la hotelería y la gastronomía.

  • Comerciantes de Salvador Mazza pedirán 30 días de flexibilización fronteriza

    Comerciantes de Salvador Mazza pedirán 30 días de flexibilización fronteriza

    El planteo busca contemplar mercadería adquirida antes de los cambios. En Orán reclaman opciones de exportación formal. Todavía no hay cifras sobre el impacto en las ventas.

    La Cámara de Comercio de Salvador Mazza prevé presentar el martes 13 de octubre un pedido de flexibilización por 30 días de las restricciones al tráfico vecinal fronterizo. La solicitud todavía no había ingresado formalmente a ARCA, según explicó su presidenta, Norma Gareca, a El Tribuno.

    La dirigente señaló que el organismo ya conocía el planteo, pero que la elaboración y firma de la nota no se completaron antes del cierre aduanero del viernes. El pedido apunta a mercadería existente y compras anteriores a las nuevas condiciones.

    Gareca mencionó comunicaciones extraoficiales sobre una posible transición durante los próximos días. Esa información no constituye una autorización formal ni confirma que se haya concedido el plazo solicitado.

    En Orán, el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Curá, pidió alternativas accesibles de exportación y propuso una reunión con ARCA, la Provincia y el municipio. Al mismo medio reclamó “reglas claras y alternativas accesibles para vender legalmente”.

    Qué reglas están vigentes

    La Resolución General 5910/2026 fue publicada el 9 de octubre y entró en vigencia el 10. Sus cambios alcanzan la salida de mercaderías bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo.

    El valor diario permitido no puede superar US$150 por poblador, independientemente de la cantidad, calidad o variedad de los productos. Es un límite al conjunto de mercaderías que egresan mediante ese mecanismo.

    También queda prohibido sacar combustibles en bidones, tanques suplementarios u otros envases; trigo, soja y maíz en todas sus formas; y mercaderías acondicionadas en envases de 10 kilos o más, o su equivalente en volumen.

    El tamaño del envase es una condición adicional al valor: una presentación alcanzada por esa prohibición no queda habilitada por costar menos de US$150. Ambos requisitos deben cumplirse para utilizar el régimen.

    La resolución recuerda que el tráfico fronterizo excluye fines comerciales o industriales. Las nuevas condiciones no equivalen a una prohibición general de las exportaciones: regulan ese mecanismo específico de egreso.

    ARCA fundamentó la modificación en el control del fraccionamiento de operaciones, los cruces reiterados y el desvío hacia circuitos comerciales no autorizados. La norma también mantiene las exclusiones para mercaderías cuya exportación esté prohibida por otras disposiciones.

    El impacto económico de las restricciones todavía no está cuantificado.

  • En Orán secuestraron más de 32 kilos de cocaína

    En Orán secuestraron más de 32 kilos de cocaína

    Un hombre de 55 años fue detenido y dos camionetas quedaron secuestradas. El operativo ocurrió el 3 de octubre y fue informado el 10.

    La Policía de Salta incautó 32,549 kilos de cocaína tras una alerta al 911 en el centro de Orán, según el Ministerio de Seguridad provincial.

    El llamado advertía que ocupantes de dos camionetas habrían amenazado con un arma a una persona y la habrían subido a un vehículo antes de huir.

    Los investigadores localizaron los vehículos rumbo a la ruta provincial 18, hacia Río Blanco. Allí encontraron una Volkswagen Amarok abandonada con 35 envoltorios. La prueba orientativa de narcotest dio positivo para cocaína.

    La camioneta tenía pedido de secuestro por robo en Burzaco, provincia de Buenos Aires. El conductor del segundo vehículo fue demorado.

    La Fiscalía Federal de Orán ordenó detener a un hombre de 55 años y secuestrar la droga, ambas camionetas y teléfonos celulares.

    El parte no informó el origen ni el destino de la droga.

  • La Policía controló vehículos en rutas de Salta y detectó infracciones

    La Policía controló vehículos en rutas de Salta y detectó infracciones

    Los procedimientos incluyeron la Ruta Nacional 50, en Orán y Pichanal, además de otros corredores provinciales. Seguridad informó infracciones a la Ley de Estupefacientes, pero no precisó cuántas se detectaron.

    La Policía de Salta realizó controles preventivos de vehículos e identificación de personas en rutas nacionales y accesos a distintas localidades de la provincia. El operativo fue informado el viernes 9 de octubre por el Ministerio de Seguridad y abarcó corredores del norte, centro y sur del territorio salteño.

    En el norte provincial, los efectivos trabajaron sobre la Ruta Nacional 50, en Orán y Pichanal. También se desplegaron controles en las rutas nacionales 9, 34 y 40, con intervenciones en el ingreso a Joaquín V. González, el expeaje Aunor, el sector de Río de las Pavas y las localidades de Cafayate y Cachi.

    Las tareas estuvieron a cargo de los departamentos de Operaciones de las zonas Sur, Centro y Norte de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

    Según informó el Ministerio, el despliegue formó parte de un dispositivo de seguridad interprovincial del NOA, orientado a prevenir delitos y detectar posibles infracciones vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

    Como resultado de las intervenciones, la fuerza provincial comunicó que se detectaron infracciones a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes en dos puntos: Orán y el expeaje Aunor, ubicado en el acceso a la capital salteña.

    El comunicado oficial no precisó la cantidad de vehículos inspeccionados, las personas identificadas ni el número de infracciones registradas. Tampoco detalló las sustancias involucradas o si hubo detenciones y secuestros de mercadería.

    Con la información disponible, no es posible establecer la magnitud de los resultados obtenidos durante estos controles.

  • El comercio vecinal hacia Bolivia enfrenta nuevas restricciones desde hoy

    El comercio vecinal hacia Bolivia enfrenta nuevas restricciones desde hoy

    La resolución de ARCA establece un límite diario de US$150 por persona y prohíbe trasladar combustibles, determinados granos y mercaderías en envases de 10 kilos o más bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo. La medida genera cuestionamientos en Aguas Blancas y Salvador Mazza.

    Desde este sábado 10 de octubre rigen nuevas restricciones para el traslado de mercaderías desde Argentina hacia Bolivia bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo. La decisión afecta directamente la actividad de las localidades salteñas de Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde el intercambio de productos forma parte de la dinámica económica cotidiana.

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció las modificaciones mediante la Resolución General 5910/2026, publicada el viernes 9 de octubre en el Boletín Oficial de la Nación.

    La norma fija un valor máximo de US$150 diarios por poblador para las mercaderías que salen del territorio argentino mediante este régimen, independientemente de la cantidad, calidad o variedad de los productos.

    El límite corresponde específicamente al tráfico vecinal fronterizo, un mecanismo destinado a residentes de zonas limítrofes para atender necesidades personales, familiares o del hogar. No constituye una prohibición general de las exportaciones comerciales realizadas mediante los procedimientos aduaneros correspondientes.

    Qué productos quedan restringidos

    Además del límite económico, ARCA incorporó prohibiciones específicas para el egreso de determinadas mercaderías bajo este régimen.

    Entre ellas se encuentran los combustibles transportados en bidones, tanques suplementarios de vehículos o cualquier otro recipiente adicional.

    También queda prohibido trasladar trigo, soja y maíz en cualquiera de sus formas, así como mercaderías acondicionadas en envases iguales o superiores a 10 kilogramos, o su equivalente en volumen.

    Esta última disposición alcanza a productos de consumo habitual cuando se presentan en esos formatos. La restricción no depende únicamente del contenido, sino también del tamaño del envase utilizado.

    La resolución mantiene, además, las prohibiciones aplicables a armas, explosivos, determinadas sustancias controladas y mercaderías cuya exportación esté impedida por otras normas.

    ARCA fundamentó los cambios en la necesidad de evitar el fraccionamiento de operaciones, los cruces reiterados con fines comerciales y el desvío de productos hacia circuitos que no corresponden al tráfico vecinal.

    Cuestionamientos en la frontera salteña

    La entrada en vigencia de las restricciones generó objeciones entre representantes comerciales de Salvador Mazza y autoridades de Aguas Blancas.

    Uno de los principales cuestionamientos es que los nuevos límites podrían afectar operaciones habituales de compradores bolivianos que adquieren productos en localidades argentinas.

    También surgieron dudas sobre la aplicación de las restricciones a mercaderías compradas previamente y sobre los criterios para controlar determinados productos líquidos o presentaciones comerciales.

    La Cámara de Comercio de Salvador Mazza solicitó una flexibilización transitoria de 30 días y planteó la necesidad de obtener precisiones sobre la implementación.

    El impacto económico efectivo todavía no está cuantificado. Tampoco se informó oficialmente cuántas operaciones comerciales habituales podrían quedar fuera del régimen con las nuevas condiciones.

    La disposición ya se encuentra vigente y corresponde ahora a los controles aduaneros aplicarla en los pasos fronterizos. Mientras tanto, los sectores comerciales esperan respuestas a sus pedidos de revisión y aclaración.

  • En Orán imputaron a Martínez como presunto jefe de una asociación ilícita

    En Orán imputaron a Martínez como presunto jefe de una asociación ilícita

    El exintendente de Aguas Blancas recibió dos meses de prisión preventiva en una investigación federal por presunto lavado de activos. La Fiscalía sostiene que encabezaba una organización vinculada con fondos provenientes del narcotráfico y el contrabando.

    Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas, fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos de origen delictivo. El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso dos meses de prisión preventiva y estableció un plazo de seis meses para continuar la investigación.

    La decisión se conoció después de que Martínez se presentara voluntariamente el miércoles 7 de octubre en una dependencia policial de Orán. Era buscado desde los allanamientos realizados el sábado anterior, cuando Gendarmería Nacional ejecutó 32 procedimientos en distintos puntos de Salta.

    La nueva audiencia permitió formalizar la acusación contra el exfuncionario, cuya situación procesal había quedado pendiente después de la imputación de otras once personas vinculadas con la misma investigación.

    En representación del Ministerio Público Fiscal participaron Mariana Gamba Cremaschi y Ezequiel Coscia, de la Procuraduría de Narcocriminalidad del Noroeste Argentino (PROCUNAR NOA), junto con Alberto Barbuto, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

    La acusación y los fundamentos de la prisión preventiva

    Según la hipótesis fiscal, Martínez habría encabezado una organización dedicada a incorporar al circuito económico formal dinero procedente del narcotráfico, el contrabando y otros delitos.

    La investigación también busca determinar si determinadas contrataciones de la Municipalidad de Aguas Blancas fueron utilizadas para justificar movimientos de fondos presuntamente ilícitos.

    Esta línea de investigación ya había sido expuesta durante la audiencia del martes 6 de octubre, cuando once personas quedaron formalmente imputadas. Siete recibieron prisión preventiva y otras cuatro continuaron el proceso bajo medidas restrictivas.

    En la audiencia posterior, los fiscales solicitaron la prisión preventiva de Martínez al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

    Entre los argumentos presentados mencionaron su conducta después de los allanamientos, su capacidad económica y sus vínculos en una localidad fronteriza con Bolivia.

    La defensa cuestionó la medida y presentó argumentos relacionados con su estado de salud. Sin embargo, la documentación aportada no resultó suficiente para modificar la decisión judicial.

    El magistrado ordenó su traslado al penal de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta.

    La situación de Martínez representa un nuevo avance procesal en una causa que también investiga el posible uso de estructuras municipales para operaciones de lavado de dinero.

    La imputación y la prisión preventiva no constituyen una condena. La Fiscalía deberá demostrar la existencia de la organización investigada, el origen ilícito de los fondos y la responsabilidad atribuida al exintendente y a los demás acusados.

    El plazo de seis meses permitirá continuar con las medidas probatorias y avanzar en el análisis de la documentación y los dispositivos secuestrados durante los allanamientos.

  • Gendarmería destruyó 422 kilos de drogas vinculados a 50 causas judiciales

    Gendarmería destruyó 422 kilos de drogas vinculados a 50 causas judiciales

    El procedimiento se realizó en Tucumán, por disposición del Juzgado Federal N.º 1 de Catamarca. Incluyó cocaína, marihuana, pastillas y semillas de cannabis secuestradas en distintos operativos.

    Gendarmería Nacional destruyó más de 422 kilos de estupefacientes vinculados a 50 causas judiciales en las que intervino la fuerza federal. El procedimiento se realizó el martes 6 de octubre en la provincia de Tucumán, por orden de la Justicia Federal de Catamarca.

    Según la información oficial, los efectivos incineraron 139 kilos y 477 gramos de cocaína y 282 kilos y 683 gramos de marihuana. El total de ambas sustancias alcanzó los 422 kilos y 160 gramos.

    También fueron destruidas 1.047 pastillas y 50 semillas de cannabis sativa.

    La operación estuvo a cargo del Escuadrón 67 «Catamarca», con apoyo de la Unidad de Reconocimiento «Tucumán». Las sustancias fueron trasladadas hasta un horno pirolítico ubicado a la altura del kilómetro 804, en San Miguel de Tucumán.

    La destrucción se efectuó en cumplimiento de una resolución del Juzgado Federal N.º 1 de Catamarca, que autorizó el traslado y la incineración del material secuestrado.

    El procedimiento reunió sustancias provenientes de diferentes actuaciones judiciales. No se trató de un nuevo decomiso, sino de la eliminación de drogas que ya habían sido incautadas en investigaciones anteriores.

    Aunque el comunicado oficial menciona LSD en su título, no precisa en el desarrollo qué sustancia contenían las 1.047 pastillas ni detalla las fechas de los secuestros originales.

  • La Fiscalía investiga contrataciones municipales por lavado en Aguas Blancas

    La Fiscalía investiga contrataciones municipales por lavado en Aguas Blancas

    La Justicia Federal investiga si la Municipalidad de Aguas Blancas fue utilizada para dar apariencia legal a dinero presuntamente proveniente del narcotráfico y el contrabando. El exintendente Carlos “Conejo” Martínez se entregó el miércoles en Orán. Once personas fueron imputadas y siete quedaron con prisión preventiva.

    La investigación federal sobre una presunta organización dedicada al lavado de activos en el norte salteño incorporó una acusación de alcance institucional: la Fiscalía sostiene que la Municipalidad de Aguas Blancas habría sido utilizada para justificar movimientos de dinero de origen ilícito mediante contrataciones de servicios y operaciones con empresas vinculadas a los investigados.

    La hipótesis fue expuesta durante una audiencia realizada el martes 6 de octubre ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. Los fiscales formalizaron la investigación contra once personas por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo.

    Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas y señalado por los investigadores como presunto responsable de la organización, no participó de esa audiencia. Permanecía prófugo desde los procedimientos realizados el sábado anterior y se presentó voluntariamente el miércoles 7 de octubre en la Comisaría N.º 4 del barrio Aeroparque, en Orán, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal.

    Su situación procesal debía tratarse en una audiencia posterior a la de los otros once investigados. Hasta la mañana de este jueves no se había podido confirmar una nueva resolución judicial sobre su imputación y las medidas de coerción que podrían corresponderle en este expediente.

    Cómo habría funcionado el circuito de lavado

    La acusación fue presentada por los fiscales federales Eduardo Villalba y Diego Velasco, con intervención de equipos especializados de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

    Según la reconstrucción fiscal difundida tras la audiencia, la presunta organización habría recurrido a un conjunto de sociedades y operaciones comerciales para incorporar dinero procedente del narcotráfico y el contrabando al circuito económico formal.

    El auxiliar fiscal Alberto Barbuto explicó que el mecanismo investigado contempla tres etapas. La primera consiste en introducir fondos de origen delictivo en operaciones económicas. La segunda implica distribuirlos mediante cuentas, empresas y contrataciones para dificultar su seguimiento. La tercera busca que esos recursos regresen al patrimonio de sus beneficiarios con una apariencia de legalidad.

    En ese esquema, determinadas contrataciones municipales habrían funcionado como respaldo documental de operaciones utilizadas para justificar ingresos y egresos de dinero.

    La Fiscalía deberá demostrar qué contrataciones estuvieron involucradas, cómo circularon los fondos, quiénes participaron y qué relación existía entre las operaciones y las actividades delictivas investigadas.

    Durante la audiencia, Villalba también sostuvo que Martínez habría destinado dinero en dólares a la compra de votos durante las elecciones municipales de 2023 y que, después de asumir como intendente, habría ampliado la estructura investigada.

    El fiscal mencionó además presuntos mecanismos de protección mediante contactos con integrantes de fuerzas de seguridad y otros actores institucionales. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y todavía deben ser examinadas en el proceso judicial.

    Los investigadores sostienen que algunas de las actividades atribuidas a la organización habrían continuado incluso después de la salida de Martínez de la intendencia, en septiembre de 2024.

    Una investigación que alcanza a la estructura municipal

    La situación institucional de Aguas Blancas ya había motivado una intervención provincial dos años atrás.

    El 26 de septiembre de 2024, la Legislatura de Salta sancionó la Ley 8453, que dispuso la intervención del Departamento Ejecutivo municipal. La norma fue promulgada el 30 de septiembre y estableció el cese del intendente en ejercicio.

    Mediante el Decreto 606, el Gobierno provincial designó a Adrián Zigarán como interventor.

    La medida se produjo en medio de una crisis institucional vinculada con investigaciones judiciales que involucraban a Martínez, aunque ese proceso debe distinguirse de las acusaciones de lavado de activos presentadas ahora ante la Justicia Federal.

    La nueva investigación demandó aproximadamente dos años de trabajo y derivó en 32 allanamientos realizados en Orán, localidades cercanas y la capital salteña.

    Durante los procedimientos se secuestraron 35 teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos y documentación contable. El análisis de esos elementos será parte de las próximas medidas probatorias.

    En la audiencia del martes, el juez Montoya dispuso la prisión preventiva de siete de los once imputados. Los otros cuatro quedaron en libertad bajo restricciones, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de permanecer sometidos al proceso.

    El magistrado también estableció un plazo de seis meses para continuar la investigación y rechazó el pedido fiscal de declarar la causa de trámite complejo.

    La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena. Del mismo modo, la formalización de una investigación permite avanzar con la producción de pruebas, pero no establece por sí misma la responsabilidad penal de los acusados.

    La etapa que comienza será determinante para verificar el presunto circuito financiero, establecer si existieron contrataciones municipales utilizadas para encubrir fondos ilícitos y precisar la participación atribuida a cada investigado.

    También resta conocer la resolución judicial sobre la situación de Martínez tras su entrega. Hasta que esas cuestiones sean resueltas, la utilización del municipio para lavar dinero continúa siendo una hipótesis de la acusación fiscal, no un hecho judicialmente probado.