La lucha contra el narcotráfico en el norte ya no se concentra únicamente en secuestrar cocaína, detener transportistas o cortar rutas. En Salta, la Justicia Federal y los organismos especializados también avanzan sobre bienes, dinero y estructuras de lavado vinculadas con las organizaciones criminales.
La estrategia apunta a un problema concreto: una carga puede ser reemplazada, pero una red necesita financiamiento, inmuebles, vehículos y mecanismos para incorporar al circuito legal el dinero generado por el narcotráfico.
Ese enfoque ya aparece en investigaciones desarrolladas desde la jurisdicción federal salteña.
Uno de los casos señalados por la Procuraduría de Narcocriminalidad es el de la organización conocida como “Cala y Aleman”, que operó en Salta, Santiago del Estero y Córdoba y obtenía droga mediante contactos en Bolivia.
La investigación no se limitó al tráfico de estupefacientes. También siguió el patrimonio de la organización y las maniobras utilizadas para lavar las ganancias.
En diciembre de 2025, el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta condenó a siete personas por distintos delitos vinculados con asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos.
Según el informe de gestión de PROCUNAR, las maniobras de lavado investigadas alcanzaron nueve inmuebles y 30 vehículos y superaron los $110 millones.
La condena incluyó el decomiso de tres inmuebles, 15 vehículos, dinero en moneda nacional y extranjera y otros bienes.
Del cargamento al patrimonio
PROCUNAR define la investigación patrimonial como una herramienta para desarticular el poder económico de las organizaciones más allá de perseguir a quienes participan directamente del traslado o comercialización de drogas.
Para eso trabaja junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que interviene sobre operaciones de blanqueo, financiamiento y circulación de fondos provenientes de actividades ilícitas.
Ese esquema también está incorporado formalmente al Plan Güemes.
La resolución que regula el operativo en la frontera salteña establece que las investigaciones deben coordinarse con PROCUNAR para los casos de drogas y con PROCELAC cuando aparezcan maniobras de lavado de activos.
El dispositivo alcanza zonas como Orán, Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza, dentro de uno de los corredores fronterizos donde se concentran investigaciones por narcotráfico, contrabando y otros delitos transnacionales.
Salta tiene además la sede de la Agencia Regional Norte de la Unidad de Información Financiera, cuya jurisdicción comprende siete provincias del norte argentino.
Ese organismo recibe y analiza información vinculada con posibles operaciones de lavado y participa en investigaciones relacionadas con narcotráfico, contrabando, evasión y trata de personas.
El cambio de enfoque no significa dejar de buscar droga ni abandonar los controles fronterizos. La estrategia combina ambas dimensiones: interceptar los cargamentos y, al mismo tiempo, reconstruir quién financia las operaciones, qué patrimonio generan y cómo intentan introducir ese dinero en la economía formal.
El desafío pendiente es medir el resultado. Los organismos nacionales publican casos y decomisos, pero no existe una cifra consolidada y actualizada que permita saber cuánto patrimonio vinculado específicamente con el narcotráfico fue recuperado en Salta durante 2026.
