Categoría: Frontera / Seguridad

Ocho unidades fueron destinadas a la División Motoristas de Emergencias Policiales de Orán. Las restantes serán incorporadas a dependencias de Aguas Blancas y Pichanal.

La Policía de Salta incorporó diez nuevas motocicletas para servicios operativos en el norte provincial, con una distribución concentrada principalmente en Orán.

Del total entregado, ocho unidades fueron asignadas a la División Motoristas de Emergencias Policiales de esa ciudad. Las otras dos serán incorporadas a la Comisaría 5 de Aguas Blancas y a la Comisaría 1 de Pichanal.

La incorporación busca ampliar los recursos disponibles para patrullajes y tareas de prevención en un corredor que incluye localidades del departamento Orán y el área fronteriza con Bolivia.

La entrega se realizó en la plaza General Pizarro de Orán y forma parte de una serie de incorporaciones recientes de vehículos para dependencias policiales del norte salteño.

El 11 de septiembre, el Ministerio de Seguridad había distribuido otras 20 motocicletas entre Salvador Mazza, Tartagal y Embarcación. Esas unidades fueron destinadas a las divisiones de Motoristas de Emergencias Policiales de las tres localidades.

Con ambas entregas, el norte recibió 30 motocicletas durante septiembre. Sin embargo, la información oficial difundida por la Provincia no permite establecer si las diez unidades entregadas ahora forman parte del lote general de motocicletas anunciado previamente para toda la Policía de Salta o si corresponden a una incorporación adicional.

Tampoco se informó el modelo de las unidades, su costo individual ni la inversión correspondiente específicamente a esta entrega.

La distribución deja a Orán como principal destinataria del nuevo lote, con ocho de las diez motocicletas. Las otras unidades ampliarán el parque operativo de dependencias ubicadas en Aguas Blancas y Pichanal.

La Escuela N° 4552 Niño Jesús de Praga dejó de funcionar en 2024 por falta de alumnos. Ahora, una propuesta busca darle otro destino: que el edificio sea usado por Gendarmería en una zona atravesada por antecedentes de narcotráfico aéreo.

La idea fue planteada por Tito Tubal Rengel, administrador de la sucesión de la familia que había donado el terreno donde funciona la escuela. Según expuso, el establecimiento quedó desocupado tras el cierre definitivo y actualmente está ocupado por personas ajenas al lugar. Por eso pidió al Ministerio de Educación que recupere el inmueble y evalúe su cesión a una fuerza federal.

El edificio está ubicado en Corral Quemado, sobre la ruta provincial 29, en una zona rural del departamento Metán cercana a El Quebrachal. La escuela había sido durante décadas un punto central para la comunidad, pero la caída sostenida de la matrícula llevó a su cierre en diciembre de 2024, después de 84 años de actividad.

La propuesta de reutilizar el predio aparece en un contexto sensible. En agosto de 2024, la Justicia Federal informó condenas contra seis integrantes de una organización que recibía cocaína arrojada desde avionetas en el sur de Salta y luego la transportaba por tierra. La investigación determinó que el grupo operaba con cargas que eran descargadas en campos de la zona antes de su traslado.

Ese antecedente es el que le da otra dimensión al planteo sobre la escuela cerrada. La hipótesis es que una presencia permanente de Gendarmería podría reforzar el control en caminos rurales y áreas donde ya se detectaron maniobras vinculadas al narcotráfico.

Por ahora, sin embargo, se trata de una propuesta y no de una decisión confirmada. No hay información oficial que indique que Gendarmería haya solicitado formalmente ese edificio ni que el Ministerio de Educación haya aceptado transferirlo para ese uso.

Tampoco debe confundirse este planteo con el Plan Güemes. La información oficial sobre ese operativo señala que su despliegue actual en Salta se concentra en dos corredores: Aguas Blancas-Orán y Salvador Mazza-Aguaray-Tartagal. Corral Quemado no figura hasta ahora dentro de ese esquema.

Lo que sigue es la respuesta administrativa. Primero deberá definirse si el Estado recupera el inmueble y, después, si existe una decisión política de asignarlo a tareas de control territorial.

Gendarmes encontraron 60 paquetes dentro de mochilas abandonadas en una zona montuosa del cauce del Río Pescado. Es el segundo secuestro importante de cocaína informado esta semana en el área de Orán.

Tres hombres abandonaron sus mochilas y escaparon al advertir la presencia de Gendarmería Nacional durante un patrullaje en el cauce del Río Pescado, en Orán. Dentro del equipaje había 62 kilos 405 gramos de cocaína distribuidos en 60 paquetes.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 20 Orán, que recorrían a pie una zona montuosa cuando observaron a las tres personas transportando mochilas.

Al detectar a los gendarmes, los hombres dejaron sus pertenencias y huyeron. La información oficial no reportó detenciones vinculadas con este procedimiento.

Los efectivos revisaron las mochilas y encontraron 60 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blanca. La prueba de orientación de campo dio resultado positivo para cocaína y estableció un peso total de 62 kilos 405 gramos.

La Sede Fiscal Descentralizada de Orán intervino en el caso y dispuso el secuestro del cargamento y de otros elementos considerados de interés para la investigación.

No se informó la identidad de las personas que escaparon ni se estableció públicamente de dónde provenía la droga.

Casi 99 kilos en dos procedimientos

El hallazgo se produjo pocos días después de otro operativo desarrollado en el área fronteriza de Aguas Blancas.

En ese caso, un hombre que se desplazaba desde la zona de Puerto Chalanas hacia territorio argentino abandonó un bulto y escapó hacia el monte al detectar un control de Gendarmería.

Dentro de la carga había juegos de sábanas que ocultaban 35 paquetes con 36 kilos 425 gramos de cocaína. Tampoco hubo una detención informada por ese procedimiento.

Entre ambos operativos, Gendarmería secuestró 98 kilos 830 gramos de cocaína, según un cálculo de REDmedios realizado sobre los pesos informados oficialmente: 62,405 kilos en Río Pescado más 36,425 kilos en Aguas Blancas.

Los dos casos quedaron bajo intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.

La reiteración de cargamentos abandonados ante la presencia de controles muestra una modalidad concreta en ambos procedimientos: personas que transportaban la droga a pie o junto con mercadería y escaparon hacia zonas de monte antes de poder ser identificadas.

Por ahora, las investigaciones continúan sin que se haya informado públicamente quiénes transportaban los cargamentos ni cuál era su destino final.

Jonatan Jordan Peloc, conocido como “Camboya”, fue recapturado después de permanecer más de cinco meses prófugo tras escapar de la Alcaidía General de Salta. La Policía lo localizó en inmediaciones del dique Campo Alegre.

El operativo se concretó el martes 8 de septiembre, luego de una investigación desplegada para dar con Peloc, quien se había fugado el 4 de abril mientras se encontraba alojado con prisión preventiva.

Según la información oficial, efectivos policiales detectaron a dos personas que circulaban en una motocicleta en la zona de Campo Alegre. A partir de ese procedimiento lograron localizar a Peloc, quien se encontraba acompañado por uno de sus hermanos.

La Policía informó la recaptura, aunque no precisó públicamente si el hermano quedó detenido, demorado o imputado. Por ese motivo, no corresponde atribuirle participación en la fuga mientras no exista información judicial que determine su situación.

Peloc estaba prófugo desde comienzos de abril y era buscado en el marco de una causa penal en la que se encuentra imputado por homicidio agravado y otros delitos. Al momento de escapar cumplía prisión preventiva en la Alcaidía General.

Durante los meses de búsqueda, el Gobierno provincial había establecido una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aportaran información cierta que permitiera localizarlo.

La investigación por su fuga también alcanzó a personas de su entorno ante la sospecha de que pudiera haber recibido asistencia mientras permanecía prófugo. Esas actuaciones se desarrollan de manera separada de la causa principal por la que Peloc estaba detenido.

Tras la recaptura, quedó nuevamente a disposición de la Justicia. Está prevista una audiencia para formalizar las actuaciones vinculadas con el procedimiento y su regreso al sistema de detención.

Peloc continúa en condición de imputado. No existe, en la información oficial disponible sobre este procedimiento, una condena firme que permita presentarlo como culpable de los delitos investigados.

El hallazgo se produjo en el sector de Los Gomones, junto al paso internacional Puerto Chalanas–Bermejo. Según informó Gendarmería, un hombre evitó el control, escapó por una zona de monte y dejó abandonada una carga con 35 paquetes de droga.

Personal de la Sección “Agua Blanca”, dependiente del Escuadrón 20 Orán, secuestró más de 36 kilos de cocaína en un procedimiento realizado en Aguas Blancas, en el departamento Orán.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se desarrolló en el sector conocido como Los Gomones, un área próxima al paso internacional Puerto Chalanas–Bermejo. Allí, efectivos que realizaban controles observaron a un hombre que salía de la zona de chalanas con varios bultos.

Siempre según Gendarmería, al advertir la presencia de los uniformados, el hombre abandonó la carga y huyó a pie por una zona de vegetación montuosa, sin que hasta el momento se haya informado su identificación o detención.

Al revisar los bultos, los gendarmes encontraron juegos de sábanas dentro de los cuales habían sido ocultados 35 paquetes rectangulares. Las pruebas de campo realizadas por personal de Criminalística confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 36 kilos 425 gramos.

La intervención quedó en manos de la Fiscalía Federal de Orán, que dispuso el secuestro de la sustancia en el marco de la Ley 23.737 de Estupefacientes y de la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Por ahora, la información oficial no precisó de dónde provenía la carga ni si hubo avances para identificar al hombre que la abandonó antes de escapar.

El fiscal de Salvador Mazza plantea combinar dispositivos privados de rastreo con una mayor cobertura de cámaras y monitoreo en tiempo real. La iniciativa todavía no se convirtió en un proyecto formal.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, propuso extender el uso voluntario de dispositivos GPS en motos, autos y camionetas como herramienta para reaccionar con mayor rapidez ante robos de vehículos en la frontera con Bolivia.

El planteo surge de investigaciones recientes en las que vehículos sustraídos en territorio argentino cruzaron el límite internacional antes de poder ser recuperados. En una frontera con numerosos pasos alternativos, unos pocos minutos pueden modificar la jurisdicción y obligar a coordinar la búsqueda con autoridades bolivianas.

Cazón sostuvo, en una entrevista publicada por El Tribuno, que la instalación debería quedar a elección del propietario. También planteó que la ubicación física del dispositivo sea privada y conocida únicamente por el titular del vehículo.

El fiscal indicó que mantiene conversaciones con legisladores nacionales sobre la posibilidad de impulsar el uso de esta herramienta, aunque hasta el momento no se identificó un proyecto legislativo presentado ni una norma que establezca su implementación.

La propuesta se suma a un reclamo anterior del fiscal para ampliar el sistema de videovigilancia en Salvador Mazza y otros puntos sensibles de la frontera. En agosto había planteado la incorporación de unas 200 cámaras conectadas a un esquema de monitoreo en tiempo real.

El 911 funciona como canal para comunicar emergencias en la zona. De hecho, la Policía de Salta lo utiliza como número de contacto en investigaciones desarrolladas en Salvador Mazza. El planteo de Cazón apunta a otra capacidad: disponer de cámaras observadas en tiempo real y coordinar una respuesta inmediata con las fuerzas desplegadas en frontera.

La velocidad de reacción tiene una consecuencia adicional cuando intervienen vehículos robados. Una vez que el rodado ingresa a Bolivia, la búsqueda requiere cooperación entre organismos de ambos países. Esa coordinación ya existe: en septiembre, policías argentinos y bolivianos participaron de un procedimiento conjunto por una motocicleta robada que fue localizada cerca de un paso no habilitado.

Por ahora, el GPS voluntario es una propuesta del fiscal y no una política pública aprobada. Tampoco existe información oficial sobre un cronograma o financiamiento para ampliar la red de cámaras planteada para Salvador Mazza.

La Municipalidad aparece con el 33,33% de una matrícula rural de 662 hectáreas en Baúles, sobre la banda del río Grande de Tarija. El área linda con otra propiedad donde hay denuncias de ocupación y cultivos que avanzan desde Bolivia.

Una investigación publicada por El Tribuno abrió un punto sensible sobre la franja fronteriza del norte salteño: la Municipalidad de Orán figura como cotitular de una fracción rural ubicada en Baúles, en el municipio de General Mosconi, dentro de una zona atravesada desde hace años por denuncias de ocupación y uso irregular del suelo.

Según la información citada por ese medio, la matrícula 494 de San Martín tiene 662 hectáreas y en su cédula parcelaria el municipio oranense aparece con el 33,33% de los derechos registrales. El resto de la titularidad está repartido entre particulares.

El dato adquiere peso por la ubicación del terreno. La fracción está en la banda salteña del río Grande de Tarija, sobre la frontera con Bolivia, y linda con otra propiedad rural, la matrícula 1011, de 1.103 hectáreas, donde sus titulares vienen denunciando desde hace años ocupaciones avanzadas desde Bermejo.

En ese catastro lindero, los propietarios sostienen que ya hay alrededor de 100 hectáreas afectadas por usurpaciones y cultivos. También denuncian que parte de esa producción sería trasladada hacia Bolivia. Esas afirmaciones corresponden a presentaciones de los dueños y no surgen, hasta acá, de una resolución judicial conocida que las dé por probadas.

Lo más sólido del caso, por ahora, es el dato registral: un municipio del departamento Orán figura asociado a una tierra rural situada en San Martín, dentro de una franja especialmente sensible por su aislamiento, su cercanía con la línea internacional y los conflictos de ocupación denunciados en distintos puntos del sector.

La nota de origen también vincula el caso con investigaciones por domicilios presuntamente irregulares en Aguas Blancas. Ese punto, sin embargo, pertenece a otro expediente y no prueba por sí mismo una relación directa con la disputa de tierras en Baúles.

El punto pendiente es central: no está explicado públicamente por qué la Municipalidad de Orán posee ese 33,33% de la matrícula, cuándo adquirió esa participación, con qué finalidad la conserva ni si tomó alguna medida frente a las denuncias que rodean al área.

Los peluches con capibaras escondían marihuana y cocaína en un transporte de «turismo de compras» que tenía como origen la ciudad de Orán y destino Mendoza.

Gendarmería Nacional secuestró 49,9 kilos de marihuana y 4,2 kilos de cocaína durante un control vial en la Ruta Nacional 38, a la altura de La Merced, en Catamarca. La droga estaba oculta dentro de peluches con forma de capibara que viajaban en un transporte de «turismo de compras» con itinerario declarado entre Orán y San Carlos, en Mendoza.

Según la gendarmería, los efectivos del Escuadrón 67 detectaron los juguetes durante la inspección de equipaje de una mujer mayor de edad. Los peluches tenían un peso desproporcionado para su tamaño y algunos desprendían olor a cannabis sativa. Con autorización del juzgado federal interviniente, abrieron las figuras y encontraron ladrillos con sustancia vegetal y paquetes con sustancia blanca compacta.

Las pruebas de campo confirmaron marihuana y clorhidrato de cocaína. La mujer quedó detenida, imputada en el marco de la Ley 27.737 de Estupefacientes, y el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal N° 1 de Catamarca dispusieron el decomiso.

La gacetilla oficial no precisa si la carga se subió efectivamente en Orán o si esa ciudad figura solo como punto de partida declarado del itinerario del transporte. Tampoco hay information sobre si la investigación busca establecer el origen real de la droga.

La fecha oficial la fijó la Legislatura provincial en 1947, pero el pueblo ya funcionaba como cruce de frontera tres décadas antes. El tratado que corrió el límite con Bolivia y el tráfico de caucho explican cómo se pobló.

Salvador Mazza celebró el 30 de agosto sus 79 años de vida institucional. La cuenta sale de 1947, el año que la Legislatura provincial estableció como fundación. Pero en el mismo lugar ya funcionaba un resguardo aduanero desde 1914: treinta y tres años antes de la fecha que hoy se festeja. La resta es nuestra y los dos años están en el registro histórico del pueblo.

La fecha del 30 de agosto conmemora la colocación de una piedra fundamental destinada al parcelamiento del terreno. Es un acto administrativo, no el nacimiento de la localidad, que ya existía como pueblo de frontera bastante antes.

El profesor de historia Sergio Herrero, que hizo su tesis de licenciatura sobre la historia de Salvador Mazza, ubica el origen en 1925. Ese año quedó definitivamente marcado el límite entre la Argentina y Bolivia con el tratado Medina-Diez Carrillo. Por ese acuerdo se cedió a Bolivia la porción de territorio donde está emplazada Yacuiba, y Los Toldos, La Maroma y Santa Victoria Oeste quedaron del lado argentino.

El poblamiento fue lento. Según la investigación de Herrero, los primeros en instalarse fueron comerciantes que abastecían a la población boliviana con harina, carne y otros productos básicos. Había también algunos puestos ganaderos, y a partir de ellos, en la década del 30, empezaron a radicarse familias.

Lo que aceleró todo fue el caucho. En Bolivia su comercio era ilegal y el Estado tenía el monopolio; en la Argentina no. Había quienes lo compraban en negro en el departamento del Beni, en la zona norte de la selva amazónica, y lo llevaban hasta la frontera. Desde el límite viajaba a Aguaray, donde terminaba la punta de rieles del ferrocarril, y de ahí a Buenos Aires para embarcarse rumbo a Europa. Ese negocio determinó que más familias se instalaran en Salvador Mazza.

Antes de que hubiera camiones, el caucho lo movían los «diableros» en carretas tiradas por bueyes, cargadas con las «bolachas». La Ruta 34 era todavía un camino de tierra. La demanda desde los centros industriales del país empujó a extender el ferrocarril, que llegaba hasta Embarcación, y a convertir ese camino en ruta nacional. Recién a fines de los años 40 se implementó el servicio de ómnibus entre San Ramón de la Nueva Orán y Yacuiba.

Puesta en orden, la cronología queda así: 1914, el primer resguardo aduanero; 1925, el tratado que fija el límite; la década del 30, las primeras familias; 1947, la fundación institucional por ley; fines de los 40, el ómnibus a Yacuiba.

Lo que se repite en todos esos años es lo mismo. Salvador Mazza no creció alrededor de una plaza sino alrededor de un cruce, y cada movimiento de mercadería —el caucho primero, todo lo que vino después— cambió el tamaño del pueblo.

Herrero compara el peso que tuvo el caucho con lo que décadas más tarde significaron los hidrocarburos: un negocio que atrajo gente a la zona y la transformó.

No se informó qué año se colocó aquella piedra fundamental que da origen a la fecha del 30 de agosto.

Entra en plena vigencia la ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad y habilita penas de hasta 15 años por delitos graves. Las defensoras penales juveniles dicen que Salta está preparada; un exjuez federal sostiene que no está definido dónde se aloja a los chicos.

El 5 de septiembre entra en plena vigencia en todo el país la ley 27.801, el nuevo régimen penal juvenil. Desde esa fecha, un adolescente de 14 años puede ser sometido a un proceso penal y, por delitos graves como homicidio, secuestro, abuso sexual o robo con violencia, recibir una pena de prisión de hasta 15 años.

La ley fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el 9 de marzo, mediante el decreto 138/2026. Lo que empieza el 5 de septiembre es su aplicación efectiva.

El régimen no es el de los adultos. Las causas quedan en manos de jueces, fiscales y defensores especializados en materia penal juvenil, y todo adolescente tiene derecho a un abogado desde el inicio del proceso: si no puede tener uno particular, el Estado debe garantizarle un defensor público especializado.

La prisión es el último escalón, no el primero. El exjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Jorge Luis Villada, describió la escala completa, que en la mayoría de las coberturas queda afuera. El primer peldaño es la amonestación: el juez le hace tomar conciencia de lo que hizo y vuelve a su casa con instrucciones de vida. El segundo es la prisión domiciliaria. El tercero es un instituto judicial abierto, tipo internado, de lunes a viernes, donde el adolescente debe tener un oficio, mantener contacto con su familia y recibir tratamiento interdisciplinario. El cuarto es el encierro, y queda reservado para delitos graves como el homicidio.

La ley también contempla amonestaciones, tareas comunitarias, prohibiciones específicas y medidas de reparación del daño como alternativas a la privación de libertad.

Sobre si Salta está en condiciones de aplicar todo esto, hay dos respuestas oficiales que no coinciden.

Las defensoras penales juveniles de la Provincia, Mariana Onetto, Vanesa Argüello y Marta Vigueras Dellmans, afirmaron que Salta está preparada para los nuevos estándares, garantías y desafíos de la reforma. Remarcaron que los procesos se van a desenvolver con jueces, fiscales y defensores especializados, y que el régimen no prevé una única respuesta frente a todos los delitos: las medidas dependen de la gravedad del hecho, las circunstancias del caso y la situación del adolescente.

Villada planteó lo contrario en materia de infraestructura. Sostuvo que no todas las provincias tienen los recursos para edificar lugares adecuados donde alojar adolescentes en los términos que exige la ley, y estimó que terminarán en un pabellón para menores dentro de una cárcel de adultos o en un instituto de máxima seguridad. Dijo textualmente que no está claro cómo lo van a hacer.

Ninguna de las dos posiciones puede verificarse desde acá: la primera es una afirmación institucional sin detalle de recursos, la segunda es una estimación de un especialista sin dato oficial que la respalde. Lo que sí queda establecido es que a ocho días de la entrada en vigencia no hay una respuesta pública única sobre el lugar de alojamiento.

Hay además una cifra que circula y que conviene mirar con cuidado. Villada mencionó que el máximo de encierro podría llegar a extenderse hasta 99 años, y a continuación explicó su propio cálculo: 15 años de pena máxima más los cuatro años que el adolescente pudo haber estado en un internado entre los 14 y los 18. REDmedios hizo la suma que él propone: 15 + 4 = 19. La cifra de 99 no se desprende de esa operación. Puede referir a otra hipótesis que la entrevista no desarrolla, pero como está publicada no se sostiene con la explicación que la acompaña. La publicamos señalada, no repetida.

La jueza penal juvenil de Salta, Nadia Lorena Cruz, planteó que los cambios deben abordarse desde una mirada especializada que contemple no solo la responsabilidad por el delito cometido, sino también las condiciones de vida y las necesidades de cada adolescente. Sostuvo que existe un deber del Estado de protección más allá del castigo y que el objetivo debe seguir siendo la reintegración social.

En toda la discusión pública sobre la implementación no aparece mencionado ningún distrito judicial del interior. No se informó si hay jueces, fiscales y defensores penales juveniles designados en el norte provincial, ni dónde se aloja a un adolescente de San Martín o de Orán bajo el nuevo régimen. REDmedios va a consultarlo al Poder Judicial de Salta.