Categoría: Frontera / Seguridad

El gobernador Gustavo Sáenz anunció la incorporación de egresados de la Escuela de Suboficiales y la entrega de 121 motos y 30 cuatriciclos cero kilómetro para el 2 de septiembre. El parte oficial no informó cómo se reparten entre los distritos de la provincia.

La Policía de Salta va a incorporar 300 agentes en septiembre y recibirá 121 motos y 30 cuatriciclos cero kilómetro. El anuncio lo hizo el gobernador Gustavo Sáenz durante la inauguración de las obras de ampliación del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, en la ciudad de Salta.

Los 300 agentes son egresados de la Dirección de la Escuela de Suboficiales de la Policía de Salta y se incorporan formalmente a partir de septiembre. La entrega de los vehículos tiene fecha: el 2 de septiembre.

Los números del anuncio cierran. REDmedios sumó las dos cifras de la flota: 121 motos más 30 cuatriciclos dan los 151 vehículos que informó la Provincia.

Sáenz sostuvo que durante su gestión se incorporaron más de 400 unidades y que eso permitió renovar más del 60% de la flota de la fuerza. Esas dos cifras no permiten deducir cuántos vehículos tiene hoy la Policía de Salta: las dos están expresadas como mínimos, sin techo, y de dos mínimos no se despeja un total. Lo que sí se puede establecer es una cota: contando la entrega del 2 de septiembre, la gestión habrá sumado al menos 551 unidades.

El parte oficial no informa cómo se distribuyen los 300 agentes ni los 151 vehículos entre las unidades regionales de la provincia. No hay mención a ningún distrito en particular, ni criterio de asignación, ni referencia a los departamentos de frontera. Para San Martín y Orán, un anuncio sin reparto no permite saber qué cambia en la calle.

El gobernador enmarcó el anuncio en la decisión de sostener inversiones en un contexto económico complejo. Dijo que hay que establecer prioridades y que su gestión se define por hechos y no por palabras.

REDmedios va a solicitar a la Provincia la distribución territorial de los agentes y de los vehículos.

Gendarmería secuestró 780 kilos de hojas de coca y 24.050 unidades de cigarrillos en dos procedimientos separados. Tres personas quedaron vinculadas a causas por contrabando, aunque el parte oficial no informa que ninguna haya sido detenida.

Sobre la Ruta Provincial 5, cerca del Paraje Yuchán, en Pichanal, dos camionetas aceleraron para esquivar un control de Gendarmería. Los gendarmes las siguieron y encontraron a una de ellas, una Toyota Hilux, en una finca, con un ocupante adentro y 17.300 atados de cigarrillos de origen extranjero. La segunda apareció tres kilómetros más allá: una Chevrolet S10 chocada y abandonada, con 430 kilos de hojas de coca en el interior.

Nadie quedó identificado por esa segunda camioneta. El parte no dice qué pasó con quien la manejaba.

Del procedimiento participaron la Sección Seguridad Vial «Orán», la Sección «Santa Rosa» y la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Orán», las tres del Escuadrón 20 «Orán». La Sede Fiscal Descentralizada de Orán ordenó el secuestro de los dos vehículos y de la mercadería.

El segundo procedimiento fue el mismo día pero en otro punto de la provincia, sobre el cruce de las rutas nacionales 9 y 34, a cargo de la Patrulla Fija «El Naranjo», del Escuadrón 45 «Salta». Ahí frenaron una Chevrolet D-20 que llevaba chatarra y en la que viajaban dos hombres. Abajo del material metálico había 350 kilos de hojas de coca en estado natural y 6.750 paquetes de cigarrillos. La Fiscalía Federal de Salta ordenó el secuestro de la carga y de la camioneta.

Gendarmería difundió los dos operativos juntos, bajo un total de 24.050 paquetes de cigarrillos y 780 kilos de hojas de coca. El desglose por procedimiento es este:

• Pichanal: 17.300 atados de cigarrillos y 430 kilos de hojas de coca
• Rutas 9 y 34: 6.750 paquetes de cigarrillos y 350 kilos de hojas de coca
• Total informado: 24.050 unidades de cigarrillos y 780 kilos de hojas de coca

Las dos sumas cierran con el total oficial. El parte usa «atados» para el primer operativo y «paquetes» para el segundo, y después suma todo como paquetes.

Sobre la situación de las tres personas, el comunicado emplea la misma fórmula en los dos casos: quedaron «supeditadas a la causa» por infracción a la ley 22.415, el Código Aduanero. Eso significa que están vinculadas a una investigación, no que estén presas. En ningún tramo del parte se informa una detención.

Las dos causas siguen ahora por vías distintas: la de Pichanal en la Sede Fiscal Descentralizada de Orán y la del cruce de rutas en la Fiscalía Federal de Salta.

No se informó el valor estimado de la mercadería secuestrada en ninguno de los dos procedimientos.

Gendarmería detectó un doble fondo durante un control vial en Cafayate. La droga estaba repartida en la carrocería, el paragolpes y debajo del piso del vehículo. Hay dos detenidos.

Gendarmería Nacional secuestró 93 kilos y 758 gramos de cocaína durante un control vial en el kilómetro 60 de la Ruta Nacional 68, en jurisdicción de Cafayate. El procedimiento lo hicieron efectivos de la Sección Cafayate, dependiente del Escuadrón 45 «Salta», que detuvieron la marcha de una camioneta ocupada por dos personas mayores de edad.

Durante la requisa los gendarmes notaron anomalías en la estructura del vehículo. La inspección más detallada derivó en el hallazgo de un doble fondo, con la carga repartida en varios sectores: dentro de la carrocería, en el panel delantero, en el interior del paragolpes trasero y debajo del piso.

En presencia de testigos se extrajeron 103 paquetes rectangulares y 25 envoltorios con forma de cápsula. La sustancia pulverulenta blanca que contenían dio positivo para cocaína en la prueba de campo de narcotest, con un peso total de 93 kilos 758 gramos.

La Fiscalía Federal de Salta ordenó el secuestro de la droga y de la camioneta, y dispuso la detención de las dos personas que viajaban en el vehículo por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. El parte oficial no informó desde dónde había salido el vehículo ni cuál era su destino.

Es el segundo decomiso de cocaína que se conoce esta semana con vinculación salteña, después de los 378 kilos que la policía boliviana halló en un camión frigorífico que iba hacia Bermejo con destino al departamento Orán. Ninguna fuente estableció relación entre los dos casos.

El camión frigorífico cayó en un control de Tarija, en la madrugada del jueves. Iba a descargar en Bermejo para cruzar el río hacia Aguas Blancas y el departamento Orán.

La Policía de Bolivia secuestró 378 kilos de clorhidrato de cocaína en un camión frigorífico que se dirigía a Bermejo, la ciudad desde donde la carga iba a cruzar el río hacia Aguas Blancas y el departamento Orán. El operativo se hizo en la madrugada del jueves 20 de agosto, en el puesto de control de La Pintada, sobre la ruta que une Tarija con la frontera argentina.

Los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico requisaron el vehículo después de que el conductor mostrara una actitud sospechosa, según indicó la fiscal asignada al caso, Paola Gómez. En la carrocería del frigorífico encontraron un compartimiento oculto con paquetes en forma de ladrillo, forrados en nylon amarillo y cinta transparente, apilados contra los laterales y contra parte del techo interno. La prueba de campo dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Un hombre de 40 años, único ocupante del camión, fue aprehendido en el lugar. La fiscalía intentó después establecer el domicilio donde la carga iba a ser descargada en Bermejo.

El operativo forma parte de un plan que la policía boliviana llama «Escudo Verde», y su objetivo está definido por la geografía argentina: impedir que la droga llegue a los puertos fluviales de Bermejo. Esos puertos son los que comunican con el departamento Orán a través del río Bermejo y con la ciudad de Aguas Blancas. El plan de seguridad de otro país está diseñado, punto por punto, alrededor de nuestra frontera.

Bermejo funcionaba como punto intermedio y no como destino final. La mecánica que describen las fuentes de seguridad es conocida en la zona: la carga llega por ruta desde Tarija, espera en Bermejo y cruza el río de noche, en manos de pasadores que trabajan sobre el agua. El paso a Aguas Blancas se hace en horas donde el control del lado argentino es más débil.

El Tribuno consignó que el volumen del cargamento coincide con el de otros secuestros registrados en rutas argentinas en los últimos días, todos en torno a los 400 kilos. Ninguna fuente estableció relación entre esos casos y el operativo de Tarija, y hasta ahora se trata de hechos independientes.

Sobre la cifra hay una diferencia que conviene aclarar. La información difundida sobre el operativo menciona 378 kilos como el total incautado por los agentes antidroga, aunque el hecho circuló también con la cifra redondeada de 400. Esta nota se atiene al número que aparece atribuido al procedimiento. Las autoridades bolivianas no informaron el valor estimado de la carga.

Falta saber si el caso deriva en alguna actuación del lado argentino. El destino declarado del cargamento estaba en territorio de Orán, pero por ahora la causa tramita íntegramente en Bolivia y no se informó intervención de fuerzas federales argentinas.

La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra lo señala como presunto autor intelectual del ataque a tiros contra su pareja, ocurrido el 17 de agosto. El Ministerio Público pidió su detención preventiva por riesgo de fuga.

La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra imputó al consultor político argentino Fernando Gabriel Cerimedo por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa. El Ministerio Público lo señala como presunto autor intelectual del ataque a tiros que sufrió su pareja el 17 de agosto en esa ciudad boliviana.

La mujer, abogada, sobrevivió al ataque y debió ser intervenida quirúrgicamente. El certificado médico forense estableció 30 días de incapacidad médico-legal. Continúa bajo atención médica.

Según la investigación, la víctima fue interceptada por dos personas en motocicleta que le dispararon y se llevaron su teléfono y su cartera. Entre los elementos que reunió la Fiscalía figuran registros de comunicaciones, imágenes de cámaras de seguridad, pericias balísticas, teléfonos y una computadora secuestrados al imputado, y las motocicletas presuntamente utilizadas en el hecho.

El Ministerio Público también sostiene que la mujer cursaba un embarazo al momento de la agresión. Ese elemento puede agravar la calificación penal según el artículo 252 Bis del Código Penal boliviano.

La figura por la que se lo imputa tiene un alcance preciso. El feminicidio en grado de tentativa se aplica cuando se considera acreditado que hubo intención de matar a una mujer por su condición de tal, pero el resultado no se produjo por causas ajenas a la voluntad del agresor. La pena prevista es menor que la del delito consumado, pero la calificación mantiene el encuadre de violencia de género.

Cerimedo fue aprehendido el 18 de agosto. Ante la Policía se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio, y este jueves declaró ante la Fiscalía. Está imputado, no condenado: la causa se encuentra en etapa de investigación.

El Ministerio Público solicitó su detención preventiva en el penal San Pedro-Chonchocoro, en La Paz, con dos argumentos. El primero es riesgo de fuga: sostiene que es ciudadano argentino, que no acreditó arraigo laboral ni domiciliario en Bolivia y que fue interceptado por la Policía cuando estaba por abordar un avión con destino a otra ciudad. El segundo es riesgo de obstaculización de la investigación.

Cerimedo es consultor político y trabajó en actividades vinculadas a la campaña del actual presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Hasta el cierre de esta nota no se conocía la resolución del juez sobre el pedido de detención preventiva.

Si atravesás una situación de violencia de género, en Argentina podés comunicarte con la Línea 144. Es gratuita, funciona las 24 horas, todos los días del año, y también atiende por WhatsApp al 11 2771-6463.

La Policía de Salta desplegó más de 290 efectivos en la localidad fronteriza. El saldo material fueron un arma blanca, municiones de guerra, dosis de marihuana y un automóvil, sin que el parte oficial precise cantidades.

La Policía de Salta desplegó un Operativo Integral Preventivo en distintos sectores de Salvador Mazza con más de 290 efectivos de áreas operativas y especiales. El despliegue incluyó patrullajes, controles vehiculares y controles de personas.

Las cifras del operativo son estas. Se identificaron 658 personas y se controlaron 665 vehículos y más de 80 motocicletas. Se labraron más de 90 actas por infracciones a la normativa vial. Once personas quedaron demoradas en procedimientos vinculados a estupefacientes.

El saldo de secuestros fue el siguiente: dosis de marihuana, un arma blanca, municiones de guerra y un automóvil. También se hizo un procedimiento por infracción al Código Aduanero. Entre las personas identificadas, según la Policía, había algunas con requerimientos judiciales vigentes.

El parte oficial no precisa cantidades. No informa cuánta marihuana se secuestró ni en qué unidad se mide, cuántas municiones eran ni de qué calibre, ni cuántas de las 658 personas identificadas tenían pedidos de la Justicia. Tampoco aclara si alguna de las 11 personas demoradas quedó formalmente detenida: demorar e imputar son instancias distintas.

El operativo fue supervisado por el subjefe de Policía, comisario general Guido Burgos, junto al subdirector general de Seguridad, comisario general Sergio Ramos; el jefe del Distrito de Prevención 4, comisario general Julio Oscar Hoyos, y el segundo jefe, comisario mayor Néstor Raúl Díaz. Participaron efectivos de Drogas Peligrosas, Investigaciones, Seguridad Vial, Unidades Especiales y distintas dependencias policiales.

Desde la fuerza señalaron que estas intervenciones forman parte de la planificación operativa permanente, orientada a la prevención del delito y a intensificar los controles.

El despliegue se hizo el mismo día en el que la Fiscalía de Salvador Mazza informó que había identificado a los tres sospechosos del robo de una camioneta vinculada al intendente Gustavo Subelza, ocurrido el 14 de agosto en un lavadero del barrio Luján. En los días previos, el propio intendente había planteado públicamente reclamos por la seguridad en la localidad.

El parte policial no menciona ese caso ni establece ninguna relación entre los dos hechos.

La Justicia ordenó la captura nacional e internacional de uno de ellos y la Fiscalía pidió la de un segundo. El expediente reconstruye el recorrido de la camioneta: del lavadero a un camino rural, y de ahí a Bolivia el mismo día.

Los tres hombres que quedaron registrados por las cámaras durante el robo de una camioneta vinculada al intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, ya tienen nombre. Son Samuel Limón Álvarez, Jesús Peralta Taceo y Deiby Alexander Torrejón Vera, según la investigación que encabeza el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón.

Los tres están identificados, pero no están en la misma situación. Sobre Limón Álvarez ya hay una orden judicial: el Juzgado de Garantías N°2 de Tartagal hizo lugar al pedido del fiscal y dispuso su detención y captura nacional e internacional, con comunicación a la División Judicial, al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales y a Interpol. Sobre Peralta Taceo la Fiscalía pidió lo mismo, y la resolución no está informada. De Torrejón Vera, hasta ahora, solo se informó la identificación.

La resolución que ordenó la captura de Limón Álvarez detalla además cómo se llegó a él: la declaración del encargado del lavadero, un identikit, las imágenes de las cámaras de seguridad y las tareas del Grupo Investigativo Sector N°43. El juez consideró que hay sospecha suficiente sobre su posible participación y señaló peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El recorrido, paso a paso

El robo fue el 14 de agosto. La Toyota Hilux modelo 2024 había quedado alrededor de las 13.30 en un lavadero sobre avenida 9 de Julio, en el barrio Luján de Salvador Mazza. Es decir, a plena luz del día y en zona urbana.

Las cámaras mostraron a los tres hombres llegando caminando hasta el establecimiento. Dos habrían entrado armados. El tercero se quedó afuera.

El encargado del lavadero declaró que lo redujeron, lo ataron y lo golpearon con la culata de un arma. Cuando los asaltantes se fueron con la camioneta, consiguió alertar desde una ventana a un vecino, que dio aviso a la Policía.

Lo que viene después es la parte del expediente que explica el caso. Según testigos, dos hombres en motocicleta esperaban sobre un camino rural en la zona de El Sauzal, por donde después pasó la camioneta. Una vez que el vehículo siguió hacia Bolivia, los motociclistas volvieron a Salvador Mazza.

La propia resolución judicial consigna que la Hilux cruzó la frontera y que fue chequeada por cámaras de seguridad en Yacuiba durante la tarde de ese mismo día. Entre el lavadero y el registro en territorio boliviano pasaron horas, no días.

La pata boliviana de la investigación

El dato institucional nuevo del caso es que el avance se apoyó en autoridades del otro lado. Cazón destacó la cooperación boliviana y, en particular, el trabajo del jefe de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Yacuiba, mayor José Endara. El fiscal remarcó el grado de compromiso y seriedad en la colaboración que llega desde Bolivia.

Esa cooperación fue la que permitió obtener información sobre el recorrido del vehículo una vez cruzada la frontera, incluido el registro por cámaras en Yacuiba.

Cazón también señaló hacia dónde va la causa. Dijo que buscaba avanzar con elementos concretos para después declinar la competencia a la Justicia Federal. «Hemos podido avanzar en forma rápida con la identificación de estas tres personas», afirmó el fiscal.

Que la causa pase a la Justicia Federal no es un trámite: implica que el hecho deja de tratarse como un robo de una camioneta y pasa a leerse como una operación con componente transfronterizo.

Lo que todavía no está informado

No hay información oficial sobre el paradero de los tres hombres ni sobre si alguno fue detenido. Tampoco sobre dónde está la camioneta.

Queda abierta además una imprecisión que circuló en distintas versiones del caso: si el vehículo pertenece al intendente o a un familiar directo. Ninguna fuente oficial lo aclaró hasta ahora.

REDmedios.io consultará a la Fiscalía de Salvador Mazza por la situación procesal de cada uno de los tres identificados y por el estado del pedido de captura sobre Peralta Taceo.

Frontera / Seguridad

Presentó un escrito ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 para reemplazar a sus defensores oficiales por dos particulares. Solicitó frenar el debate por un plazo que les permita estudiar el expediente.

Cristian «Pity» Álvarez presentó un escrito ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 para cambiar de defensa con el juicio oral ya iniciado. Propuso como defensores particulares a Sebastián Queijeiro y a Javier Ignacio Baños, y pidió que el debate se suspenda por un plazo prudencial para que puedan interiorizarse en las actuaciones.

Hasta ahora al músico lo representaban los defensores oficiales Javier Marino, Diego Herrero y Federico Larraín. En la presentación solicitó que los dos nuevos abogados puedan actuar conjunta o indistintamente y acceder de manera integral al expediente a través del sistema Lex 100, para consultar resoluciones, escritos y la prueba documental, pericial y testimonial de las dos causas por las que se lo juzga.

El argumento central es el derecho de defensa: sostienen que una defensa eficaz exige tiempo y medios para la intervención profesional, y que mantener el cronograma sin permitirles estudiar el expediente podría derivar después en planteos por debido proceso. El escrito invoca el artículo 18 de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Como pedido subsidiario, para el caso de que el tribunal rechace la suspensión, solicitaron que se deje sin efecto la fecha fijada y se reprograme el juicio con antelación suficiente. Álvarez también pidió que no quede sin asistencia letrada mientras se concreta el reemplazo.

En el propio escrito los abogados se anticiparon a la lectura previsible del planteo y dejaron asentado que la solicitud no persigue introducir una dilación indebida ni frustrar la realización del juicio. El debate había comenzado la semana pasada, después de intentos anteriores de la defensa por postergarlo.

Álvarez está siendo juzgado por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrida en 2018. El proceso está en curso y no hay sentencia.

Ahora el tribunal debe resolver si el juicio continúa según el cronograma previsto o si concede a la nueva defensa el tiempo que pide.

Frontera / Seguridad

Estaba imputado por contrabando y asociación ilícita en una causa que tramita en Orán. Lo ubicó y detuvo inteligencia boliviana en Tarija, y la entrega se hizo en el paso internacional hacia Bermejo.

Gendarmería recibió en el Paso Internacional Aguas Blancas – Bermejo a un ciudadano argentino que tenía pedido de captura nacional e internacional y que fue expulsado de Bolivia. El hombre estaba imputado por infracción a la Ley 22.415, el Código Aduanero, y por asociación ilícita, en una causa que tramita en la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.

La orden de captura la había emitido la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de INTERPOL. La localización y la detención fueron trabajo del Grupo de Inteligencia de Tarija, de INTERPOL Bolivia, que lo ubicó en esa ciudad del sur boliviano.

Del lado argentino intervino la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Orán», en coordinación con el Oficial de Enlace de la Fuerza en Bolivia. Los gendarmes se trasladaron hasta Aguas Blancas para la entrega formal, que se coordinó con la Unidad Policial de Control Migratorio boliviana, el Grupo de Inteligencia de Tarija y las direcciones de Migraciones de los dos países.

No fue una extradición. Bolivia lo expulsó por vía migratoria y Argentina lo recibió en el límite, un mecanismo bastante más rápido que el trámite judicial de extradición, que puede llevar meses o años.

Una vez cumplidas las actuaciones, el detenido quedó bajo custodia de Gendarmería y fue trasladado a la unidad táctica, donde permanece incomunicado. El juez interviniente ordenó mantener la detención hasta la derivación judicial.

El parte oficial no informa la identidad del detenido, desde cuándo estaba prófugo, cuándo se produjo la detención en territorio boliviano ni el alcance de la causa por la que se lo investiga.

El caso muestra cómo se resuelve en la práctica una captura internacional en esta frontera: el pedido se carga en INTERPOL, la búsqueda la hace la fuerza del otro país y la entrega termina siendo física, en el puente, con Migraciones de ambos lados presentes. Es el mismo circuito que acaba de activar la Fiscalía Penal de Salvador Mazza en otra causa, con un sospechoso de robo calificado que también estaría en Bolivia.

Frontera / Seguridad

Tenía 40 años y regresaba a su casa en el barrio Papa Francisco cuando colisionó con una Toyota Hilux en el acceso norte a Calilegua. Las pericias todavía no establecieron la mecánica del choque.

Un motociclista de 40 años murió ayer por la mañana en un choque sobre la ruta nacional 34, a la altura del acceso norte a Calilegua, en Jujuy. Volvía a su domicilio en el barrio Papa Francisco después de terminar su jornada laboral.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.40. El hombre circulaba en una motocicleta Guerrero Trip 110 cuando colisionó con una Toyota Hilux gris. Por el impacto salió despedido y quedó tendido sobre el asfalto con heridas de extrema gravedad.

Al lugar llegaron efectivos de la Seccional 42 de Calilegua y profesionales del SAME, que constataron que el trabajador ya había fallecido. Las autoridades no difundieron su identidad.

Las circunstancias del choque siguen sin establecerse. Las pericias en curso deben determinar cómo se produjo el impacto y qué responsabilidades hubo. Hasta esta mañana no había parte oficial de la Policía de Jujuy ni de la fiscalía interviniente.

En Pichanal y en localidades jujeñas circularon versiones que señalan al intendente pichanalense, Julio Jalit, como el conductor de la camioneta. Ninguna autoridad judicial ni policial lo confirmó, y tampoco hay una comunicación oficial que identifique a quien manejaba la Hilux. También trascendió que al conductor se le habría realizado un test de alcoholemia con resultado negativo: ese dato tampoco fue confirmado por fuente oficial.

Pichanal está a unos 60 kilómetros de Calilegua por la ruta 34, el corredor que une el norte salteño con Jujuy y por el que se mueve a diario buena parte del tránsito laboral y de carga de la región. Es la misma traza donde se concentran los siniestros más graves de la zona.

Lo que falta responder es quién conducía la camioneta, a qué velocidad circulaban los dos vehículos y por qué, a más de veinticuatro horas del hecho, no hubo comunicación oficial sobre un siniestro con una víctima fatal.