Política institucional
El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta actualizó el régimen de sanciones para empresas prestatarias de energía eléctrica, agua potable y saneamiento. Con la nueva escala, las multas por infracciones podrán ir desde $79.110 hasta casi $800 millones.
La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 841/2026 y busca que las sanciones mantengan peso real frente a la inflación. Para eso, los montos se actualizarán de manera semestral tomando como referencia el Índice de Precios Internos al por Mayor.
El cambio alcanza a empresas que prestan servicios públicos esenciales en la provincia. La actualización se enmarca en la Ley 6.835, modificada por la Ley 8.370, que regula el esquema sancionatorio aplicable ante incumplimientos.
Para los usuarios, el punto central no está solo en el monto de las multas, sino en la capacidad de control. En Salta capital y en el interior, los problemas con luz, agua, baja presión, cortes, saneamiento o demoras en la respuesta impactan directamente en hogares, comercios, escuelas, centros de salud y municipios.
Si las sanciones quedan desactualizadas, pierden efecto frente a empresas con alto volumen de operación. Por eso, la actualización busca sostener el carácter disuasivo del régimen y evitar que las multas se vuelvan irrelevantes con el paso del tiempo.
De todos modos, el aumento de los montos no resuelve por sí solo los problemas de servicio. La clave será que el organismo controle, sancione cuando corresponda y exija correcciones concretas ante fallas que afecten a los usuarios.
En una provincia donde los servicios públicos son una preocupación cotidiana, especialmente en zonas del interior con problemas recurrentes de infraestructura, el desafío será que las multas funcionen como una herramienta efectiva de mejora y no solo como una actualización administrativa.
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