RN 34 y RN 9: las rutas del NOA que entran en la nueva concesión nacional

Economía y Producción

El Gobierno nacional inició una nueva etapa de licitación para concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, con participación de inversión privada y tramos estratégicos para el NOA. Entre las rutas incluidas aparecen corredores clave para Salta, como la RN 34 y la RN 9.

La medida forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un esquema con el que Nación busca ampliar el mantenimiento y la operación de rutas mediante contratos con privados. En total, la licitación alcanza 20 tramos distribuidos en 11 provincias.

Para Salta, el dato central está en la inclusión de corredores que forman parte de la conectividad regional. La RN 34 es una vía fundamental para el norte provincial, porque conecta zonas productivas, ciudades fronterizas, transporte de cargas, comercio regional y circulación cotidiana entre localidades.

También se incluyen tramos de la RN 9, RN 66, 1V66 y A-016, dentro de un paquete que alcanza a provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza.

El Gobierno nacional sostiene que con esta etapa se avanza hacia un esquema de más de 9.000 kilómetros concesionados. El objetivo declarado es mejorar la infraestructura vial, garantizar mantenimiento y ordenar la operación de rutas que hoy requieren inversión sostenida.

La discusión de fondo estará en cómo se implementa el sistema. La concesión puede traer obras y mantenimiento, pero también abre preguntas sobre peajes, tarifas, controles, calidad del servicio y cumplimiento efectivo de las inversiones comprometidas.

Para San Martín, Orán y el norte salteño, cualquier cambio sobre la RN 34 tiene impacto directo. No se trata solo de una ruta: es el eje por donde circulan producción, alimentos, combustibles, transporte de pasajeros, turismo y buena parte del comercio regional.

La licitación recién abre una nueva etapa. El punto clave será si el modelo logra mejorar la seguridad y el estado de las rutas sin trasladar costos excesivos a usuarios, transportistas y economías regionales.

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