Frontera / Seguridad
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 7 años de prisión para Martina Oliva por el transporte de 15 kilos de marihuana desde el norte salteño hacia la capital provincial. La decisión dejó firme el criterio central del Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, que la había considerado responsable del delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas.
El caso había tenido fuerte repercusión pública por el perfil mediático de Oliva, pero el eje judicial estuvo puesto en la maniobra de traslado de droga, la logística utilizada y la participación acreditada durante el proceso.
La causa se originó en febrero de 2025, luego de un procedimiento sobre ruta nacional 9, a la altura del expeaje Aunor. Allí se detectó el traslado de la droga en el marco de una investigación federal vinculada a una organización que operaba entre la zona de frontera y centros urbanos de Salta.
La defensa de Oliva había presentado un recurso contra la condena, con planteos sobre presunta vulneración de derechos y perspectiva de género. Sin embargo, la mayoría del tribunal de Casación rechazó los argumentos y mantuvo la pena de 7 años.
Uno de los votos propuso reducir la condena a 6 años, pero esa postura no fue la mayoritaria. De esta manera, quedó ratificada la pena impuesta por el tribunal salteño.
El caso vuelve a mostrar el rol sensible de las rutas salteñas en el traslado de estupefacientes desde zonas de frontera hacia áreas de mayor consumo. Para departamentos como Orán y San Martín, la discusión no pasa por el perfil de la condenada, sino por la logística narco, los controles federales y la respuesta judicial.
La confirmación de Casación marca un nuevo capítulo en una causa que expuso cómo operan algunas redes de transporte de droga en la provincia. También refuerza la importancia de sostener controles en corredores estratégicos, sin perder de vista que cada condena debe apoyarse en pruebas, proceso judicial y garantías legales.
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