El Hospital San Bernardo llevará a las obras sociales a la Justicia por una deuda de $10 mil millones

Social / Contexto local

El Hospital San Bernardo, el principal centro médico de referencia de la provincia de Salta, iniciará acciones legales contra un grupo de obras sociales debido a una millonaria deuda acumulada que supera los 10.000 millones de pesos. Ante el agotamiento de las instancias administrativas de reclamo, la gerencia del nosocomio confirmó que avanzará por la vía judicial para ejecutar los cobros correspondientes a las prestaciones médicas ya brindadas.

La situación financiera del establecimiento llegó a un punto límite, lo que llevó a las autoridades a evaluar medidas drásticas que afectarán directamente la atención de los afiliados de las firmas deudoras. Entre las determinaciones bajo análisis se encuentra la suspensión total de los turnos programados y de las cirugías no urgentes para quienes pertenezcan a las obras sociales morosas. No obstante, desde la dirección del hospital se aclaró que las guardias y las urgencias médicas están plenamente garantizadas para toda la población, sin distinción de cobertura.

Este escenario genera un impacto directo en la red sanitaria provincial. Al ser el hospital de mayor complejidad de Salta, el San Bernardo recibe de manera constante derivaciones críticas desde el interior, incluyendo los departamentos de San Martín y Orán. Históricamente, un porcentaje cercano al 40% de las personas que asisten a este centro público cuenta con obra social o cobertura privada, un indicador que creció en el último año debido a la crisis económica general y a la baja de afiliados en los sistemas privados que terminan volcándose al sistema estatal.

La decisión de avanzar judicialmente contra las prepagas y obras sociales sindicales marca un precedente en la gestión de la salud pública salteña. La medida busca frenar el desfinanciamiento de la estructura hospitalaria estatal, obligando a los financiadores privados a hacerse cargo de los costos de sus afiliados en lugar de utilizar al Estado como una rueda de auxilio financiera. El seguimiento del conflicto judicial determinará si el resto de los hospitales del interior provincial replicará esta estrategia de cobro firme.

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