Política institucional
La Cámara de Diputados de Salta tratará el próximo martes un proyecto que propone ampliar el universo de aportantes al Instituto Provincial de Salud y sumar a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público al sistema de la obra social provincial.
La iniciativa fue presentada por el bloque Todos por Salta y aparece en un contexto de fuerte presión sobre el IPS, que arrastra dificultades financieras y mantiene deudas con distintos sectores vinculados a las prestaciones de salud.
Actualmente, los empleados públicos provinciales son afiliados forzosos a la obra social, pero la propuesta busca extender ese esquema a otros funcionarios del Estado que hoy no están alcanzados del mismo modo. El argumento central del proyecto es que, bajo los principios de la seguridad social y de solidaridad, el aporte mensual también debe incluir a magistrados cuyo empleador es el Estado provincial.
En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que el sistema debe adecuarse a los mandatos constitucionales vinculados a la seguridad social y a una lógica de contribución más amplia dentro del propio sector público. En ese marco, se plantea que todos los poderes del Estado deben ajustarse al principio de solidaridad que sostiene el funcionamiento de este tipo de cobertura.
El debate se dará en medio de la crisis que atraviesa el IPS, en una etapa en la que distintos sectores políticos y del sistema de salud vienen planteando cambios para mejorar su financiamiento y garantizar mayor sustentabilidad.
Si el proyecto avanza, la discusión no solo pondrá el foco en la necesidad de reforzar los ingresos de la obra social provincial, sino también en cómo distribuir con mayor amplitud las obligaciones de aporte dentro de la estructura estatal.
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