Economía / Producción
El Gobierno reglamentó el RIMI, un régimen que busca incentivar inversiones de micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de reactivar la actividad productiva en distintos sectores.
A diferencia de otros programas más amplios, este esquema no está pensado como una moratoria general, sino como un incentivo para quienes decidan invertir en equipamiento, infraestructura o expansión de sus negocios.
En la práctica, el RIMI apunta a facilitar que las pymes puedan encarar proyectos productivos con algún tipo de beneficio fiscal, lo que podría aliviar parte de la carga en un contexto económico todavía complejo.
El foco está puesto en inversiones concretas. Es decir, no alcanza con tener una pyme: el acceso al régimen depende de que exista un proyecto real de crecimiento o mejora en la actividad.
Ahí aparece el primer límite del programa. Muchas pequeñas empresas, especialmente en el interior, no están en condiciones de invertir hoy, sino que priorizan sostenerse en medio de la caída del consumo y el aumento de costos.
En el norte argentino, donde predominan comercios, servicios y pequeñas unidades productivas, el impacto del RIMI dependerá de algo clave: si las condiciones económicas permiten que las pymes vuelvan a apostar por crecer.
Por eso, más que un alivio directo, el régimen funciona como una herramienta potencial. Puede ser útil para quienes estén en condiciones de invertir, pero deja afuera a una parte importante del sector que hoy sigue con dificultades para sostener su actividad.
El debate de fondo es claro: si este tipo de medidas alcanza para reactivar a las pymes o si, sin mejoras en el contexto general, termina siendo un beneficio que pocos pueden aprovechar.
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