Política institucional
La Cámara de Diputados de Salta debatirá un proyecto de ley que busca prohibir de manera total el ingreso, la tenencia y el uso de celulares y otros dispositivos con conectividad dentro de las unidades penitenciarias de la provincia.
La iniciativa fue presentada por legisladores de La Libertad Avanza y apunta a reforzar los controles dentro de las cárceles. Además de los teléfonos celulares, la propuesta alcanza a tablets, notebooks y cualquier equipo que permita realizar llamadas, enviar mensajes o acceder a internet.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la instalación de inhibidores de señal celular e internet en pabellones, módulos y perímetros carcelarios. Para eso, el Poder Ejecutivo debería coordinar acciones con el ENACOM y realizar estudios técnicos para evitar que la interferencia afecte a vecinos o a servicios de emergencia.
El texto también plantea que el derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad se mantenga a través de teléfonos fijos o equipos institucionales provistos por el Servicio Penitenciario. Esas llamadas tendrían un tope de 40 minutos diarios, horarios establecidos y control por parte de las autoridades.
A la vez, la propuesta contempla la habilitación de videollamadas institucionales en espacios acondicionados y con registro audiovisual. Solo quedarían excluidas de supervisión las comunicaciones entre los internos y sus abogados defensores.
Desde el Servicio Penitenciario señalaron que ya existe una prohibición sobre el uso de celulares en las unidades carcelarias, establecida por reglamento interno. Por eso, el debate de fondo pasa no solo por endurecer la norma, sino por la capacidad real de control y de aplicación dentro de los penales.
La discusión abre así una doble dimensión: por un lado, la seguridad penitenciaria y la prevención de delitos organizados desde el interior de las cárceles; por otro, la necesidad de ordenar un sistema de comunicación que preserve derechos básicos sin perder control institucional.
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