Categoría: Frontera / Seguridad

Frontera / Seguridad

Un operativo coordinado permitió localizar en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes de Salta a dos niñas que eran buscadas en Jujuy. Las menores estaban por abordar un vuelo hacia Santa Cruz cuando fueron interceptadas por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La alerta se había activado a partir de una denuncia en Jujuy, lo que derivó en un protocolo urgente de búsqueda. A partir de esa intervención se realizaron tareas de rastreo en terminales, hoteles, servicios de remises, cámaras de seguridad y señales de telefonía móvil.

Las niñas, hermanas de 5 y 14 años, fueron ubicadas en la terminal aérea salteña junto a dos adultos. Según la información del caso, se trataba del padre de la menor de 5 años y la abuela paterna de la adolescente. Ambos quedaron demorados mientras avanza la investigación.

La intervención de la PSA permitió frenar el traslado antes del embarque. Tras el procedimiento, las menores quedaron bajo custodia preventiva y a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

El caso muestra la importancia de la coordinación rápida entre provincias y fuerzas federales cuando se trata de búsquedas de menores. En situaciones de traslado interprovincial, cada hora puede ser clave para evitar que se pierda el rastro.

Para Salta, el episodio también marca su rol como punto de tránsito dentro de investigaciones iniciadas en provincias vecinas. Aeropuertos, terminales y rutas forman parte de una red de circulación que exige controles atentos y respuestas coordinadas.

La prioridad ahora será resguardar a las niñas, preservar su identidad y avanzar con las medidas judiciales necesarias para determinar las circunstancias del traslado.

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La crisis política y social en Bolivia volvió a encender alertas en la frontera norte. En medio de bloqueos de rutas, escasez de productos básicos y tensión con el Gobierno, Evo Morales pidió que se convoque a elecciones en 90 días como salida al conflicto.

El planteo fue dirigido al gobierno de Rodrigo Paz, en un escenario marcado por protestas, cortes y acusaciones cruzadas. Morales sostuvo que una salida electoral podría evitar muertos o heridos, mientras que el Gobierno boliviano lo responsabiliza por impulsar las movilizaciones y denunció ante la OEA un intento de alterar el orden democrático.

La situación interna del país vecino se agravó por la falta de dólares, la escasez de combustibles y las dificultades para abastecer alimentos y medicamentos. Según los reportes difundidos, hay decenas de bloqueos activos en distintas regiones del país, lo que complica la circulación y profundiza la presión social.

Los intentos de despejar rutas con operativos policiales y militares no lograron resolver el conflicto. En algunos puntos, manifestantes resistieron con piedras, troncos y dinamita, lo que elevó el nivel de tensión y el riesgo de nuevos enfrentamientos.

Para Salta, la crisis boliviana no es un tema lejano. La frontera norte mantiene vínculos permanentes con Bolivia a través del comercio, el transporte, el paso de personas y el abastecimiento informal. Cualquier interrupción prolongada en rutas o suministro del otro lado puede repercutir en Orán, Salvador Mazza, Aguas Blancas y otras zonas del norte provincial.

El impacto puede sentirse en precios, circulación de mercadería, combustibles, actividad fronteriza y controles en pasos internacionales. La experiencia reciente muestra que los conflictos internos en Bolivia suelen tener efectos rápidos sobre las economías de frontera.

La clave será si el conflicto encuentra una salida política o si los bloqueos se sostienen durante más días. Para el norte argentino, el seguimiento de la crisis boliviana es también una cuestión de seguridad, economía regional y estabilidad fronteriza.

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Salta volvió a reclamar la radarización de la frontera norte como una herramienta clave para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El planteo fue realizado por el gobernador Gustavo Sáenz durante la I Reunión Interprovincial del Consejo de Seguridad Interior, realizada en San Miguel de Tucumán.

El encuentro reunió a autoridades nacionales, gobernadores del NOA, fuerzas federales y equipos provinciales de seguridad. El eje estuvo puesto en la necesidad de coordinar acciones frente a delitos que no reconocen límites jurisdiccionales y que afectan de manera directa a las provincias fronterizas.

Sáenz remarcó que la frontera norte necesita más tecnología y presencia operativa para mejorar el control territorial. En ese sentido, volvió a insistir con la radarización como parte de una estrategia más amplia contra vuelos ilegales, rutas del narcotráfico y movimientos vinculados al crimen organizado.

Durante la reunión también se destacó el funcionamiento del Plan Güemes, implementado en Salta con participación de Nación, Provincia, fuerzas federales y la Policía provincial. Según los datos expuestos, en 17 meses se logró la detención de más de 700 personas vinculadas al narcotráfico y el secuestro de más de 7 toneladas de droga.

La Provincia también señaló que actualmente la frontera norte cuenta con más de 1.700 efectivos federales desplegados entre Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina. A ese esquema se suma la instalación de una base operativa de Prefectura en Salta, presentada como parte del refuerzo de presencia federal en la zona.

Desde Nación se anunció el avance de convenios específicos sobre tránsito aéreo irregular con Salta, Jujuy y Tucumán, además de instrumentos similares con Santiago del Estero. La discusión incluyó inteligencia criminal, vuelos ilegales, logística del narcotráfico y cooperación entre provincias.

Para el norte salteño, la radarización no es un debate técnico aislado. Orán, San Martín, Aguas Blancas, Salvador Mazza y las zonas rurales de frontera forman parte de un territorio donde el control terrestre, fluvial y aéreo exige recursos sostenidos, coordinación y continuidad política.

La discusión de fondo es cómo mejorar la capacidad del Estado para vigilar una frontera extensa y compleja. Los anuncios y convenios pueden marcar un avance, pero el impacto real dependerá de que la tecnología, los equipos y la presencia operativa lleguen efectivamente al territorio.

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El contrabando en Aguas Blancas volvió a quedar en el centro de la agenda fronteriza. El interventor de la localidad, Adrián Zigarán, advirtió que el ingreso ilegal de mercadería desde Bolivia continúa a gran escala y reclamó una mayor intervención del Gobierno nacional para reforzar los controles en uno de los pasos más sensibles del norte argentino.

La frontera con Bermejo es, desde hace años, una zona de fuerte circulación comercial, legal e informal. Pero el volumen que describió Zigarán marca una preocupación mayor: según estimó, por Aguas Blancas podrían ingresar mercaderías de contrabando por unos $3.000 millones diarios.

El dato surge a partir de un procedimiento reciente en Santa Fe, donde fue interceptado un camión con acoplado proveniente de Aguas Blancas que trasladaba mercadería valuada en alrededor de $1.500 millones, principalmente prendas de vestir de temporada invernal. Para el interventor, vehículos de ese tipo salen desde la frontera salteña más de una vez por día.

La advertencia no apunta solo al impacto económico. Zigarán planteó que el contrabando afecta a la industria y al comercio formal, pero también abre una preocupación más profunda por el posible ingreso de sustancias prohibidas y el avance de redes ilegales en la zona de frontera.

La mercadería que cruza desde Bermejo no queda únicamente en Salta. Según el planteo del funcionario, abastece ferias y circuitos informales en distintas provincias, con presencia en mercados de gran escala como La Salada y otros puntos de venta del país. Esa dinámica muestra que Aguas Blancas no funciona como un problema aislado, sino como una puerta de ingreso dentro de una cadena mucho más amplia.

El cuadro es complejo porque una parte de la economía local también depende del traslado informal de mercadería. En esa zona, muchas familias viven de mover bultos, cargar vehículos o participar de actividades vinculadas al comercio fronterizo. Por eso, el desafío no se reduce a cerrar el paso o aumentar controles: también exige ordenar una economía que creció durante años entre la necesidad, la informalidad y la falta de alternativas.

Zigarán también cuestionó el destino de parte de la mercadería decomisada por fuerzas federales. Señaló especialmente el caso de neumáticos, ropa y calzado, y pidió que se evalúen mecanismos para reutilizar esos elementos en organismos públicos o distribuirlos en comunidades vulnerables, en lugar de destruirlos de manera automática.

La situación vuelve a poner sobre la mesa una discusión clave para el norte salteño: cómo controlar una frontera activa sin desconocer la realidad social de los pueblos que viven de ese movimiento. Aguas Blancas aparece otra vez como el punto donde se cruzan economía informal, seguridad, comercio ilegal y ausencia de una política fronteriza sostenida.

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Un hombre de 56 años fue condenado en Tartagal a seis años de prisión efectiva por el delito de estupro agravado por su calidad de encargado de la educación, en perjuicio de una adolescente que asistía a una institución deportiva donde él se desempeñaba como entrenador de fútbol.

La sentencia fue dictada por la jueza Sandra Sánchez, en el marco de un juicio en el que intervino la fiscal Lorena Martínez en representación del Ministerio Público Fiscal.

El condenado, que también trabajaba como remisero, fue considerado responsable por haberse aprovechado de un vínculo de confianza y de su rol dentro del espacio deportivo. En el mismo fallo fue absuelto del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

La condena dispone una pena de seis años de prisión efectiva. Además, una vez firme la sentencia, se ordenará su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.

El caso vuelve a poner en foco la responsabilidad de adultos que ocupan lugares de autoridad o confianza en clubes, escuelas deportivas e instituciones donde participan adolescentes. En ciudades como Tartagal, estos espacios cumplen un rol importante de contención y formación, por lo que la protección de menores debe ser una prioridad institucional.

La gravedad del hecho no está solo en la condena penal, sino también en el contexto en el que ocurrió: un ámbito donde las familias depositan confianza para la actividad deportiva y educativa de sus hijos. Por eso, además de la respuesta judicial, el caso marca la necesidad de fortalecer controles, protocolos y canales de denuncia en instituciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes.

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Gendarmería Nacional secuestró más de 112 kilos de cocaína que estaban ocultos dentro de un camión cisterna durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 34, en Aguaray.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección “Control de Ruta 34”, dependiente del Escuadrón 54 “Aguaray”, a la altura del kilómetro 1.466.

El vehículo controlado era un transporte de combustible con identificación del Estado Plurinacional de Bolivia. Durante la inspección intervino el can antinarcóticos “Barak”, que marcó posible presencia de sustancias ilícitas en la parte superior y los costados de la cisterna.

A partir de esa señal, los gendarmes profundizaron la requisa y abrieron la tapa de carga. En el interior encontraron cuatro bolsas tipo arpillera blancas que contenían 107 paquetes compactos.

La prueba de campo Narcotest arrojó resultado positivo para cocaína. El peso total de la droga secuestrada fue de 112 kilos 970 gramos.

El conductor, de nacionalidad boliviana, quedó detenido. La Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal dispuso el secuestro de la droga, el camión y otros elementos de interés para la causa.

El operativo vuelve a poner bajo atención a la Ruta 34 como corredor clave para los controles federales en el norte salteño. Aguaray es una zona sensible por su cercanía con la frontera, el tránsito de transporte pesado y la circulación comercial hacia distintos puntos de la provincia y el país.

El hallazgo también muestra la importancia de revisar vehículos de gran porte, donde las modalidades de ocultamiento pueden ser más complejas y difíciles de detectar sin controles especializados.

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Argentina realizó 68 allanamientos en 17 provincias en el marco de la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”, orientada a investigar redes de distribución de Material de Abuso Sexual Infantil en entornos digitales. Uno de los procedimientos se concretó en Salta.

El operativo fue coordinado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina y contó con la participación de organismos nacionales e internacionales. La investigación apuntó al uso de plataformas digitales y redes de intercambio de archivos para distribuir contenido ilegal vinculado al abuso sexual infantil.

Durante los procedimientos se secuestraron notebooks, CPU, discos rígidos, celulares y documentación que serán analizados como parte de las causas. También se informó la detención de dos personas acusadas de comercializar y distribuir este tipo de material.

La operación tuvo alcance internacional y contó con cooperación de organismos como Homeland Security y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, además de fuerzas y fiscalías de distintos países.

El caso se encuadra en el artículo 128 del Código Penal Argentino, que sanciona la producción, distribución, comercialización, publicación, facilitación, divulgación o tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil.

Para Salta, el dato central es que estos delitos no son lejanos ni abstractos. La explotación sexual infantil también circula por medios digitales y puede atravesar cualquier territorio a través de dispositivos, redes sociales, plataformas de intercambio y contactos en línea.

La investigación vuelve a poner en agenda la necesidad de prevención, educación digital, control adulto y denuncia temprana. En delitos contra niñas, niños y adolescentes, la protección no termina en la calle ni en la escuela: también debe alcanzar los entornos digitales donde hoy se producen muchos de los riesgos.

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Gendarmería Nacional realizó el traslado y la incineración de 258 kilos 501 gramos de cocaína en Tucumán, en el marco de dos causas judiciales federales que también tuvieron intervención de organismos del norte salteño.

La droga se encontraba bajo guarda en el Depósito Judicial del Escuadrón 55 “Tucumán”, ubicado en Las Talitas. Antes de la destrucción, personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las tareas periciales correspondientes.

Luego, los paquetes fueron trasladados con custodia y apoyo de unidades de investigación de Gendarmería hasta un horno pirolítico ubicado en la zona de Los Vázquez, donde se concretó la quema bajo supervisión judicial.

El procedimiento fue supervisado por el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán. También intervinieron la Fiscalía Federal de Tartagal y el Juzgado Federal de Garantía de Orán, dos organismos clave en causas vinculadas al narcotráfico en el norte argentino.

Para Salta, el dato relevante no está solo en la cantidad de droga destruida, sino en la conexión judicial con Tartagal y Orán, zonas estratégicas por su ubicación en corredores de frontera, rutas de circulación y causas federales por tráfico de estupefacientes.

La incineración forma parte del circuito legal posterior al decomiso: custodia, pericias, autorización judicial, traslado seguro y destrucción controlada. Es una etapa menos visible, pero necesaria para cerrar el tratamiento de la droga secuestrada en causas penales.

El procedimiento vuelve a mostrar el peso que tienen los juzgados, fiscalías y fuerzas federales del norte salteño en investigaciones vinculadas al narcotráfico regional.

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La Policía de Salta desarticuló dos bandas investigadas por abigeato en el sur provincial, tras una serie de allanamientos realizados en Rosario de la Frontera y La Candelaria. El operativo terminó con siete personas detenidas y 34 animales vacunos recuperados.

La investigación se inició a partir de denuncias de productores ganaderos de la zona, afectados por el robo de animales en establecimientos rurales. A partir de esas presentaciones, intervino la Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera, que logró avanzar sobre dos grupos presuntamente dedicados al robo de ganado.

Durante los procedimientos, los efectivos recuperaron 34 vacunos, que fueron restituidos a sus propietarios. También secuestraron más de 100 caravanas identificadoras, 20 kilos de carne vacuna sin documentación, armas, camionetas, tráileres, celulares y distintas herramientas.

Uno de los puntos más sensibles de la investigación fue el hallazgo de un inmueble que habría sido utilizado para faena clandestina. Ese dato amplía el alcance del caso, porque ya no se trata solo del robo de animales, sino también de un posible circuito ilegal de carne sin controles sanitarios.

El abigeato golpea directamente a la economía rural. Para productores pequeños y medianos, perder ganado significa perder capital, producción y seguridad en el campo. Además, cuando la carne entra en circuitos informales, también aparece un riesgo para los consumidores.

En la causa intervienen la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera y el Juzgado de Garantías de San José de Metán. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El operativo marca un golpe importante contra el robo de ganado en el sur salteño y vuelve a poner sobre la mesa una preocupación histórica del interior: la necesidad de reforzar controles rurales, trazabilidad y prevención en zonas productivas.

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Gendarmería Nacional secuestró más de 42 kilos de cocaína ocultos en un automóvil durante un control sobre la Ruta Nacional 34, en Jujuy. El vehículo tenía como destino Joaquín V. González, en la provincia de Salta.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Chalicán, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, a la altura del kilómetro 1.212 de la RN 34.

Durante el control de un Renault Clio, el conductor habría mostrado nerviosismo e inconsistencias en sus respuestas. Ante esa situación, los gendarmes profundizaron la inspección con la intervención del can antinarcóticos “Doli”, que marcó presencia de droga en la zona de las puertas.

La revisión permitió detectar paquetes ocultos en los paneles laterales del vehículo, cerca de los asientos traseros. En total, se encontraron 40 paquetes rectangulares con cocaína, con un peso de 42 kilos 248 gramos.

Intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que dispuso el decomiso de la droga, el secuestro del vehículo y la detención del conductor por infracción a la Ley 23.737.

El caso vuelve a poner bajo atención a la Ruta 34 como corredor estratégico para los controles federales en el norte argentino. El dato de destino hacia Joaquín V. González conecta el operativo con Salta y muestra la importancia de sostener controles sobre rutas que unen Jujuy, el norte salteño y el interior provincial.

Más allá del procedimiento puntual, el hallazgo confirma que las modalidades de ocultamiento en vehículos particulares siguen siendo una herramienta utilizada para mover droga por corredores viales clave.