Categoría: Política Institucional

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El Instituto Provincial de Salud (IPS) dejará atrás la etapa de intervención con la reasunción del doctor Martín Baccaro al frente del organismo, en una nueva fase que buscará normalizar el funcionamiento de la obra social tras el proceso de auditoría y reordenamiento administrativo.

El ministro de Salud, Federico Mangione, confirmó que la nueva conducción trabajará bajo un esquema de gestión articulada con el Ministerio y sostuvo que el objetivo ahora es avanzar sobre las irregularidades detectadas durante la intervención.

Según explicó, la auditoría permitió identificar problemas financieros y administrativos de gravedad, entre ellos casos de sobrefacturación por parte de prestadores y fuertes desajustes en el sistema de aportes de algunos afiliados.

Mangione sostuvo que la etapa de intervención cumplió la función de diagnosticar el estado real del organismo y remarcó que ahora comienza una instancia enfocada en aplicar medidas correctivas. En ese marco, anticipó que la nueva gestión deberá avanzar en la judicialización de las inconsistencias detectadas y dar mayor transparencia a los informes finales.

El cambio de etapa en el IPS se produce en un contexto delicado para la obra social provincial, atravesada por reclamos, cuestionamientos sobre su funcionamiento y discusiones por el financiamiento del sistema.

Con la salida de la intervención, el desafío para la nueva conducción será ordenar el organismo, recuperar previsibilidad en la prestación de servicios y responder a los problemas detectados durante la auditoría.

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La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de ley que endurece las sanciones para quienes organicen fiestas, bailes o eventos públicos en lugares no habilitados o que incumplan la normativa vigente.

La iniciativa modifica el artículo 124 de la Ley 7135 del Código Contravencional de la Provincia y establece que los responsables podrán ser sancionados con arresto o con multas de entre 30 y 80 días.

El texto también incorpora la responsabilidad solidaria entre el organizador del evento y el propietario o poseedor del inmueble donde se realice la actividad en infracción, ampliando así el alcance de las penalidades.

El proyecto unifica propuestas impulsadas por los diputados Guillermo Kripper y Socorro Villamayor, y ahora deberá ser tratado por el Senado provincial para completar el trámite legislativo.

Con esta media sanción, la Cámara baja avanzó en una reforma orientada a reforzar el control sobre eventos no autorizados, un tema que suele generar controversia por sus efectos sobre la seguridad, la convivencia urbana y el cumplimiento de normas básicas de habilitación.

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El Gobierno de Salta entregó certificados a 120 docentes que completaron una nueva instancia de formación enfocada en la prevención del suicidio adolescente, en el marco del programa Casa Ciudadana.

El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, y formó parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer herramientas de detección, escucha y acompañamiento dentro del ámbito escolar frente a problemáticas sociales complejas.

Según se informó oficialmente, el programa ya alcanzó a 14.225 educadores en distintos puntos de la provincia. Además, durante este mes está prevista la entrega de 2.164 certificados correspondientes al último trayecto formativo.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la capacitación apunta a que los docentes no solo aborden contenidos pedagógicos, sino que también cuenten con recursos para identificar señales de alerta y acompañar a estudiantes en situaciones sensibles.

La iniciativa se desarrolla a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, y se presenta como una herramienta de alcance provincial para reforzar la formación docente en temas vinculados a salud mental y contención social.

La certificación de nuevos docentes se enmarca en una política pública que busca ampliar la capacidad de respuesta del sistema educativo ante una problemática que gana preocupación en escuelas y comunidades.

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El gobernador Gustavo Sáenz participó en la apertura de Argentina Week en Nueva York, en el marco de la misión oficial que encabeza junto a otros mandatarios provinciales y representantes del Gobierno nacional en los Estados Unidos.

La actividad reunió a referentes del sector financiero y corporativo internacional y tuvo como uno de sus momentos centrales la exposición del presidente Javier Milei ante ejecutivos e inversores.

Según se informó oficialmente, la presencia de Salta en este foro apunta a posicionar el potencial productivo de la provincia dentro de la agenda de inversiones que la Argentina busca proyectar hacia los mercados globales.

Durante la jornada, Sáenz acompañó la presentación presidencial junto a otros gobernadores, en una señal de respaldo institucional a la estrategia de vinculación con actores financieros internacionales.

La agenda del mandatario salteño continuará con su participación en un panel sobre minería estratégica y minerales críticos, donde expondrá sobre el potencial de Salta y la región en recursos como litio, cobre, oro y plata.

La presencia de la provincia en este tipo de encuentros se inscribe en una estrategia de promoción internacional orientada a captar inversiones y reforzar su perfil en sectores considerados clave para el desarrollo económico del norte argentino.

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El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, recibió a Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas del doble homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, en el marco de la nueva etapa de investigación que lleva adelante una Unidad Fiscal Especial.

Según se informó oficialmente, durante el encuentro realizado en la sede de la Procuración General, Bouvier expuso inquietudes y planteos vinculados al avance de la causa, así como aspectos que considera necesario profundizar para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

De acuerdo con el parte institucional, el padre de una de las jóvenes francesas también expresó conformidad con el trabajo que viene desarrollando la nueva Unidad Fiscal y ratificó su expectativa respecto de las diligencias que todavía restan concretarse.

La reunión se produjo luego de que Bouvier finalizara su declaración testimonial ante los fiscales que integran el equipo especial, con quienes abordó distintos aspectos relacionados con los hechos investigados y con el proceso de revisión de la causa.

Actualmente, la Unidad Fiscal Especial aguarda la definición de una fecha por parte del tribunal francés que interviene en el exhorto diplomático, paso necesario para concretar el traslado a Francia y continuar con tareas investigativas e intercambio de elementos técnicos y probatorios.

El equipo está integrado por los fiscales María Luján Sodero Calvet, Gabriel González, Daniel Espilocín y Pablo Paz, y fue conformado por disposición de la Procuración General para revisar integralmente la prueba reunida, incorporar nuevas herramientas científicas y profundizar todas las líneas de investigación disponibles.

El caso, ocurrido en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, sigue siendo uno de los expedientes judiciales de mayor repercusión pública en la provincia.

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La investigación por los homicidios de Cassandre Bouvier y Houria Moumni sumó un nuevo paso con la declaración de Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, ante la Unidad Fiscal Especial que actualmente revisa el caso.

Según se informó, el testimonio se tomó en sede fiscal y se extendió durante toda la mañana, con un relato detallado sobre distintos aspectos vinculados a los hechos y al proceso de búsqueda de esclarecimiento. La audiencia continuará este martes, de acuerdo con lo dispuesto por los fiscales intervinientes.

La nueva etapa investigativa está a cargo de una Unidad Fiscal Especial integrada por María Luján Sodero Calvet, Gabriel González, Daniel Espilocín y Pablo Paz, que trabaja bajo un esquema de revisión integral de la causa, por disposición del procurador general Pedro García Castiella.

El equipo viene realizando un análisis técnico del material reunido en la investigación original, con revisión de la prueba producida en 2011 y aplicación de nuevas herramientas científicas y métodos contemporáneos de investigación penal.

De acuerdo con la información oficial, este enfoque busca verificar la consistencia y trazabilidad de la evidencia incorporada, al tiempo que amplía las líneas de trabajo con procedimientos que no estaban disponibles al momento de los hechos.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal también gestiona el traslado a Francia de fiscales y especialistas en biología molecular para concretar nuevas diligencias vinculadas con la causa.

La reactivación del expediente vuelve a poner en escena uno de los casos judiciales más sensibles de la provincia, con una nueva instancia enfocada en profundizar el análisis de la prueba y avanzar en el esclarecimiento.

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El Instituto Provincial de Salud de Salta afirmó que no mantiene deudas con el sector odontológico y sostuvo que la interrupción del servicio por parte de algunos profesionales fue una decisión unilateral, tomada fuera del ámbito de diálogo que el organismo mantiene con sus prestadores.

A través de un comunicado oficial, la obra social provincial buscó llevar tranquilidad a sus afiliados y aseguró que continúa trabajando para garantizar la normal prestación de los servicios de salud.

En ese marco, el IPS remarcó que los afiliados no deben abonar consultas ni prácticas odontológicas que estén contempladas dentro de la cobertura vigente. La recomendación fue emitida ante la preocupación generada por la suspensión de atención en algunos casos.

El organismo también informó que quienes ya hayan pagado una práctica de forma particular podrán solicitar el reintegro correspondiente. Para iniciar ese trámite, deberán presentar una nota dirigida a las autoridades del instituto, junto con el comprobante o factura de la atención recibida, los datos del profesional interviniente y el CBU donde se acreditará el reintegro.

Además, desde la obra social indicaron que se habilitaron equipos administrativos específicos para recibir y gestionar estos reclamos con mayor rapidez, con el objetivo de evitar perjuicios a los afiliados.

Por último, el IPS pidió a la comunidad seguir la evolución del conflicto únicamente por los canales oficiales del organismo, donde se informarán novedades sobre la atención odontológica y la cobertura.

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El regreso de la actividad en la Cámara de Diputados de Salta estuvo marcado por una nueva polémica entre el oficialismo y el bloque de La Libertad Avanza, a partir de la integración de la Comisión de la Mujer.

La controversia comenzó cuando la diputada María Victoria Cayo cuestionó que otra legisladora de su espacio no pudiera sumarse a esa comisión. A partir de ese planteo, la presidenta del cuerpo, Mónica Juárez, intervino para aclarar que la representación dentro de las comisiones responde a la cantidad de integrantes que tiene cada bloque.

Según explicó, La Libertad Avanza cuenta con un solo lugar en esa comisión, por lo que, si el bloque quisiera modificar su representación, debería reemplazar a la persona ya designada y no sumar una nueva integrante.

En medio del cruce, la diputada María Elena Davids también reclamó su incorporación, mientras que desde la conducción de la Cámara remarcaron que la nómina de integrantes ya había sido enviada por el propio bloque libertario y que no se vulneró ningún criterio reglamentario.

El presidente de Diputados, Esteban Amat, recordó que la conformación de las comisiones es proporcional a la cantidad de legisladores de cada espacio y subrayó que la participación en las reuniones no está vedada, aunque el derecho a voto corresponde únicamente a los miembros formalmente designados.

El episodio dejó expuesta una tensión política e institucional en el inicio del nuevo período de actividad legislativa, con diferencias centradas en la interpretación del reglamento y el funcionamiento interno de la Cámara.

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El Gobierno de Salta oficializó la designación de Ada Zunino como nueva Defensora General de la Provincia, luego del acuerdo otorgado por el Senado provincial en la sesión especial realizada días atrás.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto Nº 138, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, y establece que Zunino asumirá el cargo desde el momento en que tome posesión formal de sus funciones.

La Defensoría General es el organismo encargado de la defensa pública en la provincia, por lo que la designación implica la cobertura de un cargo clave dentro del sistema judicial salteño.

La oficialización se produce después del aval legislativo y completa el proceso institucional para su incorporación al frente del organismo.

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La caída de la actividad económica en Salta ya impacta de lleno en la recaudación provincial y complica el financiamiento de servicios esenciales. Así lo planteó el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, al señalar que la provincia acumula siete meses consecutivos de retracción y que los rubros más afectados son el comercio, la construcción y la industria.

Según explicó el funcionario, la desaceleración del consumo repercute de manera directa sobre los impuestos vinculados a las ventas, especialmente Ingresos Brutos, que es el principal sostén de los recursos provinciales. En ese marco, advirtió que la baja en la actividad termina generando menos recaudación, pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas y comercios.

Dib Ashur sostuvo que, mientras esos sectores muestran un freno marcado, otras actividades como la energía, parte del agro y parte de la minería mantienen mejores perspectivas, aunque aclaró que se trata de rubros con fuerte peso en inversión, pero menor capacidad de generar empleo masivo en los centros urbanos.

El ministro remarcó además que la provincia viene aplicando reducciones impositivas y esquemas de alivio para sostener a pymes y sectores estratégicos. Entre ellos mencionó bajas en alícuotas para el comercio, incentivos para nuevos inscriptos y medidas orientadas al turismo y a la inversión.

En paralelo, advirtió que la situación se agrava por la menor llegada de recursos nacionales. Según indicó, además de la caída en la recaudación propia y en la coparticipación, también se redujeron transferencias no automáticas vinculadas a subsidios, obra pública e incentivo docente.

En ese contexto, el funcionario recordó que la gestión provincial destina la mayor parte de su presupuesto a educación, salud y seguridad, por lo que la merma de ingresos impacta directamente sobre el funcionamiento del Estado.

La advertencia de Dib Ashur expone la presión que atraviesan las cuentas públicas salteñas en un escenario de enfriamiento económico, menor consumo y mayores restricciones para sostener la inversión y los servicios básicos.