Categoría: Política Institucional

Política institucional

El pastor y conferencista Dante Gebel quedará este miércoles en el centro de un acto político en Lanús donde distintos sectores buscarán instalar su figura como posible candidato a presidente para las elecciones de 2027, en un armado que intenta mostrarse por fuera de las estructuras tradicionales.

Aunque Gebel no estará presente en persona y enviará un mensaje grabado, los organizadores prevén reunir a unas tres mil personas en el microestadio y presentar formalmente el esquema territorial de “Consolidación Argentina”, el espacio que impulsa su proyección nacional. La movida reúne a sectores del peronismo, ex dirigentes libertarios y referentes sindicales y civiles que buscan construir una alternativa distinta a La Libertad Avanza, al PRO y también al peronismo tradicional.

Entre los nombres vinculados al lanzamiento aparecen el ex secretario de Trabajo Lucas Aparicio, el legislador porteño Eugenio Casielles y el dirigente aeronáutico Juan Pablo Brey. También se anticipó un mensaje grabado del exfutbolista Walter Erviti. La apuesta, según plantean desde el espacio, es construir una estructura “de abajo hacia arriba”, aunque por ahora sin una plataforma de gobierno ni un programa económico definido.

Uno de los datos políticos que más atención genera es la posible presencia de Mariano Almada, funcionario del gobierno de Córdoba, en lo que podría interpretarse como un gesto de cercanía del cordobesismo hacia este nuevo armado. Ese dato alimenta la lectura de que la movida alrededor de Gebel no es solo testimonial, sino que empieza a ser observada por sectores que buscan reordenarse de cara al próximo turno presidencial.

El espacio ya resolvió dividir su construcción en siete grandes regiones, entre ellas Norte Grande, donde buscará desplegar mesas provinciales y referentes territoriales. Ese punto no es menor para el norte argentino: si el armado avanza, habrá que ver qué dirigentes busca sumar en provincias como Salta y qué capacidad real tiene para meterse en distritos donde pesan más las redes políticas locales, los liderazgos territoriales y las urgencias económicas concretas que las figuras mediáticas.

Por ahora, la eventual candidatura de Gebel aparece en una etapa inicial y de baja intensidad. Pero el solo hecho de que distintos sectores ya trabajen en su instalación muestra que la carrera hacia 2027 empezó mucho antes de lo formal y que el tablero político sigue abierto a nuevas expresiones, incluso desde espacios ajenos a la política partidaria clásica.

Política institucional

El presidente Javier Milei participará este martes del acto por un nuevo aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en una señal de continuidad de su alineamiento con Israel y de su postura dura frente a Irán.

La actividad se realizará en el lugar donde estaba la sede diplomática atacada y contará con la presencia del mandatario, integrantes del Gabinete, autoridades de la comunidad judía y representantes diplomáticos. El homenaje volverá a poner en primer plano uno de los hechos más graves de la historia reciente argentina y el reclamo de justicia por las víctimas.

La participación de Milei se da además en un contexto internacional marcado por una fuerte tensión en Medio Oriente, con Estados Unidos involucrado en gestiones y movimientos que buscan reordenar el conflicto en la región. En ese marco, el Presidente volvió a ratificar su alineamiento geopolítico con Israel y Estados Unidos.

En sus últimas intervenciones públicas, Milei insistió en que Irán representa un enemigo para la Argentina al recordar los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Esa definición refuerza una línea política que ya había dejado clara desde el inicio de su gestión y que también se expresó en sus viajes y gestos diplomáticos hacia el gobierno israelí.

El acto también tendrá una fuerte carga institucional y simbólica, al recordar el atentado que dejó 29 muertos, más de 200 heridos y una herida que sigue abierta en la memoria pública argentina. A más de tres décadas del ataque, el reclamo por justicia y responsabilidad internacional sigue vigente.

Aunque se trata de un hecho con epicentro en Buenos Aires, el posicionamiento del Gobierno nacional también impacta sobre el debate político en el interior del país. En provincias como Salta, donde suelen pesar más las urgencias de frontera, seguridad y economía, la política exterior de la Casa Rosada vuelve a mostrar cómo los temas globales también bajan al terreno de la discusión local.

Política institucional

El Gobierno de Salta abrió los sobres de una licitación internacional para incorporar equipamiento biomédico al nuevo bloque de esterilización del Hospital San Bernardo, una obra clave dentro del proyecto de ampliación y refuncionalización del principal hospital público de la provincia.

En esta etapa se presentaron tres oferentes, cuyas propuestas ahora serán analizadas en los aspectos técnicos y financieros por la unidad ejecutora a cargo del proceso. La licitación apunta a dotar de tecnología y equipamiento al área que concentrará el tratamiento y procesamiento del material estéril utilizado en los distintos servicios del establecimiento.

El nuevo bloque de esterilización tendrá una superficie de 517 metros cuadrados y fue proyectado como una pieza central para el funcionamiento hospitalario, ya que allí se realizará la recepción, limpieza, procesamiento, almacenamiento y distribución del material esterilizado. La intención oficial es reforzar la bioseguridad y mejorar la capacidad operativa del hospital.

Según lo informado, el proceso fue dividido en cinco lotes. El componente principal corresponde al área de esterilización, con un presupuesto oficial superior a los 2,3 millones de dólares. También se incluyeron partidas para mobiliario clínico y general, además de equipamiento tecnológico y elementos de soporte necesarios para el funcionamiento integral del sector.

La obra y el equipamiento forman parte de un esquema financiado por Fonplata, en el marco del proyecto de ampliación del hospital. Con la apertura de sobres, la Provincia entra ahora en la fase de evaluación para definir la adjudicación y avanzar con la puesta en marcha de una infraestructura sanitaria estratégica para Salta.

La incorporación de este bloque no solo apunta a modernizar un área sensible del Hospital San Bernardo, sino también a fortalecer la calidad de atención y la seguridad de los procedimientos en uno de los centros de referencia más importantes del sistema público de salud provincial.

Política institucional

La Cámara de Diputados de Salta tratará el próximo martes un proyecto que propone ampliar el universo de aportantes al Instituto Provincial de Salud y sumar a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público al sistema de la obra social provincial.

La iniciativa fue presentada por el bloque Todos por Salta y aparece en un contexto de fuerte presión sobre el IPS, que arrastra dificultades financieras y mantiene deudas con distintos sectores vinculados a las prestaciones de salud.

Actualmente, los empleados públicos provinciales son afiliados forzosos a la obra social, pero la propuesta busca extender ese esquema a otros funcionarios del Estado que hoy no están alcanzados del mismo modo. El argumento central del proyecto es que, bajo los principios de la seguridad social y de solidaridad, el aporte mensual también debe incluir a magistrados cuyo empleador es el Estado provincial.

En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que el sistema debe adecuarse a los mandatos constitucionales vinculados a la seguridad social y a una lógica de contribución más amplia dentro del propio sector público. En ese marco, se plantea que todos los poderes del Estado deben ajustarse al principio de solidaridad que sostiene el funcionamiento de este tipo de cobertura.

El debate se dará en medio de la crisis que atraviesa el IPS, en una etapa en la que distintos sectores políticos y del sistema de salud vienen planteando cambios para mejorar su financiamiento y garantizar mayor sustentabilidad.

Si el proyecto avanza, la discusión no solo pondrá el foco en la necesidad de reforzar los ingresos de la obra social provincial, sino también en cómo distribuir con mayor amplitud las obligaciones de aporte dentro de la estructura estatal.

Política institucional

Ada Guillermina Zunino asumió como nueva Defensora General de la Provincia de Salta, en el marco de un recambio institucional dentro del Ministerio Público de la Defensa, organismo clave para garantizar el acceso a la justicia y la representación legal de personas en situación de vulnerabilidad.

La toma de juramento estuvo a cargo del procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, en una ceremonia realizada en Ciudad Judicial. La designación de Zunino había sido propuesta por el Poder Ejecutivo provincial y recibió el acuerdo del Senado, conforme al procedimiento previsto por la Constitución de Salta para este tipo de cargos.

La nueva Defensora General reemplaza a Martín Diez Villa, quien dejó esa función tras asumir recientemente como ministro de la Corte de Justicia de Salta.

Zunino llega al cargo con trayectoria dentro del Poder Judicial. Desde 2015 se desempeñó como jueza de Garantías de Primera Nominación y anteriormente ocupó funciones como jueza de Primera Instancia de Personas y Familia de Segunda Nominación en el Distrito Judicial Tartagal.

El cambio de conducción abre una nueva etapa dentro del Ministerio Público de la Defensa, un organismo que cumple un papel central en la asistencia jurídica de sectores vulnerables y en la defensa de derechos en distintos procesos judiciales.

De acuerdo con la normativa provincial, la Defensora General ejercerá sus funciones por un período de seis años, con posibilidad de una nueva designación.

La asunción se da en un contexto de reconfiguración institucional dentro de áreas sensibles del sistema judicial salteño, donde los cargos de conducción tienen incidencia directa sobre el funcionamiento de la defensa pública y el acceso efectivo a la justicia.

Política institucional

El Instituto Provincial de Salud de Salta atraviesa una nueva etapa de normalización institucional y uno de los principales desafíos planteados por su presidente, Martín Baccaro, es recuperar la credibilidad del organismo ante afiliados y prestadores, luego de la crisis financiera y la intervención dispuesta por el Gobierno provincial.

El funcionario explicó que la situación actual del IPS tiene su origen en los problemas económicos que llevaron a la intervención de la obra social hace un año. Según señaló, ese proceso obligó a la Provincia a asumir un desfasaje financiero acumulado dentro del organismo para evitar un deterioro mayor en su funcionamiento.

Baccaro sostuvo que, tras esa etapa, se realizaron cambios estructurales y ahora se abre una instancia enfocada en restablecer el funcionamiento regular de la institución. En ese marco, consideró que la prioridad pasa por reconstruir la confianza en el sistema, tanto entre quienes dependen del servicio como entre los prestadores que trabajan con la obra social.

El titular del IPS ubicó además la situación del organismo dentro de un escenario más amplio de crisis y transformación de la seguridad social en la Argentina. Planteó que el sistema nacional de cobertura de salud presenta fragmentaciones y tensiones que también impactan sobre el funcionamiento de las obras sociales provinciales.

En relación con el déficit acumulado, explicó que el problema se generó por un desequilibrio sostenido entre los recursos que ingresaban al instituto y los gastos que debía afrontar. Esa diferencia, sumada a errores institucionales, derivó en una deuda creciente que luego repercutió de manera directa en la relación con los prestadores de salud.

Según indicó, ese proceso terminó afectando la prestación de servicios, ya que parte de los reclamos surgieron a partir de atrasos y conflictos vinculados con pagos y cobertura. Para la nueva conducción, uno de los puntos centrales será justamente revertir esa situación y recuperar previsibilidad en el vínculo con el sector prestador.

Baccaro adelantó además que en esta nueva etapa también se revisará el uso de las prestaciones médicas, con la intención de detectar gastos innecesarios y ordenar el funcionamiento del sistema. La meta, según planteó, es avanzar hacia una obra social más equilibrada, con mayor control y con capacidad de recuperar confianza institucional.

Política institucional

El Instituto Provincial de Salud (IPS) volvió a poner el foco sobre una de las principales quejas de sus afiliados: el cobro de plus por parte de algunos médicos. El presidente del organismo, Martín Baccaro, aclaró que ese adicional solo puede aplicarse en los casos previstos por convenio y advirtió que cualquier cobro por fuera de ese esquema es ilegal.

Según explicó, el sistema vigente con el Círculo Médico contempla dos categorías de profesionales, identificadas como padrón A y padrón B. En este último caso, los médicos pueden cobrar un arancel diferenciado, pero ese monto debe acordarse con el afiliado y quedar formalmente registrado mediante un recibo.

Baccaro remarcó que fuera de ese mecanismo el cobro de plus no está permitido y constituye una irregularidad. En ese sentido, sostuvo que se trata de una práctica que debe ser combatida porque implica un abuso sobre la necesidad del paciente al momento de acceder a una consulta o prestación médica.

El titular del IPS señaló además que el sistema establece con claridad qué profesionales están habilitados para aplicar ese adicional y planteó que esa información debe estar disponible para los afiliados, de manera que puedan saber en qué casos corresponde un cobro extra y en cuáles no.

La advertencia se da en medio de reclamos reiterados por parte de usuarios de la obra social provincial, que desde hace tiempo denuncian cobros indebidos al momento de atenderse con determinados especialistas o prestadores.

En este contexto, el organismo anticipó que revisará también sus mecanismos internos de control para detectar irregularidades tanto en la facturación como en las prestaciones médicas. El objetivo, según lo expresado por Baccaro, es reforzar la supervisión del sistema y limitar prácticas que perjudiquen a los afiliados.

La discusión sobre el plus médico aparece así como uno de los temas sensibles dentro del funcionamiento del IPS, en un escenario donde el acceso efectivo a la atención y la transparencia en los cobros forman parte de las principales demandas de los usuarios.

Política institucional

La fuerte caída de la coparticipación y el aumento sostenido de los costos operativos profundizan la presión sobre las finanzas de los municipios, en un contexto de menor actividad económica, baja en la recaudación y mayores dificultades para sostener servicios, salarios y obras.

En ese escenario, el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, advirtió que durante el último año la caída de los recursos fue significativa y señaló que, en la comparación interanual, la baja de la coparticipación superó el 40% en algunos períodos.

Según planteó, la situación no se explica solo por la reducción de fondos que reciben provincias y municipios, sino también por una suba constante de gastos clave para el funcionamiento diario de las comunas. Entre ellos mencionó el combustible, la energía y otros costos que impactan de manera directa sobre la prestación de servicios y la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.

Hernández Berni sostuvo además que el contexto económico general también afecta a la actividad comercial y productiva, con señales de retracción en distintas ciudades. En ese marco, advirtió sobre cierres de comercios y empresas, un proceso que también termina repercutiendo en la recaudación genuina de los municipios.

El planteo suma otro frente de preocupación para Tartagal y otras localidades del norte salteño: la paralización de obras públicas nacionales. Entre los proyectos frenados, el jefe comunal mencionó el dique El Limón, pozos de agua y obras educativas que tenían impacto directo en la infraestructura local.

De acuerdo con lo expresado por el intendente, desde el municipio y junto al Gobierno provincial se intentó retomar algunas de esas iniciativas, aunque la falta de financiamiento nacional sigue condicionando la ejecución de obras consideradas importantes para la ciudad.

El cuadro se completa con una mayor presión sobre las administraciones municipales por el reclamo salarial en medio de una inflación persistente. Con menos recursos, más costos y menor movimiento económico, los municipios quedan en una situación más ajustada para sostener gestión y dar respuesta a demandas básicas de la comunidad.

La discusión sobre la coparticipación vuelve así a instalarse como un tema central para los gobiernos locales, especialmente en ciudades como Tartagal, donde la caída de recursos nacionales y provinciales se combina con necesidades estructurales en servicios, infraestructura y desarrollo urbano.

Política institucional

El Gobierno de Salta avanzó con una nueva etapa en la implementación de la Educación Financiera en el nivel secundario, a partir de convenios firmados con la Universidad Nacional de Salta para capacitar a los docentes que estarán a cargo de estos contenidos en las escuelas.

La medida se enmarca en la aplicación de la Ley provincial 8378 y apunta a consolidar la Educación Financiera Temprana entre estudiantes del secundario. La propuesta busca que los jóvenes incorporen herramientas para tomar mejores decisiones sobre el uso del dinero, organizar sus recursos y desarrollar criterios básicos de administración financiera.

A partir de estos acuerdos, se dictarán cursos gratuitos destinados a docentes de Capital y del interior de la provincia. La capacitación incluirá contenidos específicos de educación financiera y también estrategias pedagógicas pensadas para trabajar situaciones concretas de la vida cotidiana, análisis de casos y herramientas vinculadas al entorno digital.

La formación estará a cargo de la Coordinación Estratégica de Planeamiento Educativo y se presenta como una ampliación del trabajo que la Provincia ya venía desarrollando junto a distintas entidades bancarias, entre ellas el Banco Central de la República Argentina y el Banco Macro.

Desde el área educativa provincial señalaron que el objetivo es brindar a los docentes herramientas para que luego puedan trasladar estos conocimientos al aula y fortalecer en los estudiantes habilidades vinculadas con el manejo responsable de sus finanzas personales.

Otro de los puntos relevantes de la propuesta es que los cursos contarán con los avales correspondientes para otorgar puntaje docente ante la Junta Calificadora, lo que amplía su alcance dentro de la carrera profesional y puede incentivar la participación de educadores de distintos puntos de la provincia.

La firma de los convenios reunió a autoridades del Gobierno provincial, del área educativa y de la Universidad Nacional de Salta, en una articulación que busca fortalecer la incorporación de contenidos financieros dentro del sistema educativo salteño.

Política institucional

El Instituto Provincial de Salud (IPS) analiza reactivar o fortalecer su unidad interna de detección y prevención del fraude, con el objetivo de investigar irregularidades y corregir fallas del sistema que permitan este tipo de maniobras dentro de la obra social provincial.

El presidente del organismo, Martín Baccaro, explicó que en el pasado ya funcionó una estructura destinada a ese control interno y consideró importante revisar su situación actual para definir si debe volver a ponerse en funcionamiento o si necesita ser reforzada.

Según indicó, el problema no pasa solamente por detectar irregularidades y aplicar sanciones, sino también por revisar los mecanismos administrativos y de control que hacen posible que esos hechos ocurran. En ese sentido, sostuvo que cuando aparecen maniobras indebidas suele haber debilidades en el propio sistema que facilitan esas situaciones.

Baccaro remarcó que investigar, probar y sancionar los fraudes es una parte del proceso, pero advirtió que también es necesario corregir los circuitos internos que presentan fallas para evitar que los mismos problemas se repitan en el futuro.

El titular del IPS comparó este tipo de controles con los mecanismos que se utilizan en el sector de seguros, donde además de investigar posibles fraudes se ajustan de manera permanente los procedimientos para prevenir nuevas irregularidades.

En esta nueva etapa al frente del organismo, señaló que uno de los primeros pasos será revisar cómo se encuentra esa unidad dentro del instituto. Explicó que ya comenzó una ronda de reuniones internas y recorridas por distintas áreas para evaluar el funcionamiento general del IPS.

En ese marco, anticipó que analizará si la resolución que creó esa estructura sigue vigente, si el área continúa operativa y qué tareas concretas se están realizando actualmente en materia de control interno.

La revisión forma parte del proceso de reorganización que busca encarar el organismo, con foco en mejorar los controles administrativos, cerrar los “huecos” del sistema y fortalecer los mecanismos de prevención ante posibles irregularidades.