Categoría: Política Institucional

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El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, recibió a Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas del doble homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, en el marco de la nueva etapa de investigación que lleva adelante una Unidad Fiscal Especial.

Según se informó oficialmente, durante el encuentro realizado en la sede de la Procuración General, Bouvier expuso inquietudes y planteos vinculados al avance de la causa, así como aspectos que considera necesario profundizar para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

De acuerdo con el parte institucional, el padre de una de las jóvenes francesas también expresó conformidad con el trabajo que viene desarrollando la nueva Unidad Fiscal y ratificó su expectativa respecto de las diligencias que todavía restan concretarse.

La reunión se produjo luego de que Bouvier finalizara su declaración testimonial ante los fiscales que integran el equipo especial, con quienes abordó distintos aspectos relacionados con los hechos investigados y con el proceso de revisión de la causa.

Actualmente, la Unidad Fiscal Especial aguarda la definición de una fecha por parte del tribunal francés que interviene en el exhorto diplomático, paso necesario para concretar el traslado a Francia y continuar con tareas investigativas e intercambio de elementos técnicos y probatorios.

El equipo está integrado por los fiscales María Luján Sodero Calvet, Gabriel González, Daniel Espilocín y Pablo Paz, y fue conformado por disposición de la Procuración General para revisar integralmente la prueba reunida, incorporar nuevas herramientas científicas y profundizar todas las líneas de investigación disponibles.

El caso, ocurrido en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, sigue siendo uno de los expedientes judiciales de mayor repercusión pública en la provincia.

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La investigación por los homicidios de Cassandre Bouvier y Houria Moumni sumó un nuevo paso con la declaración de Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, ante la Unidad Fiscal Especial que actualmente revisa el caso.

Según se informó, el testimonio se tomó en sede fiscal y se extendió durante toda la mañana, con un relato detallado sobre distintos aspectos vinculados a los hechos y al proceso de búsqueda de esclarecimiento. La audiencia continuará este martes, de acuerdo con lo dispuesto por los fiscales intervinientes.

La nueva etapa investigativa está a cargo de una Unidad Fiscal Especial integrada por María Luján Sodero Calvet, Gabriel González, Daniel Espilocín y Pablo Paz, que trabaja bajo un esquema de revisión integral de la causa, por disposición del procurador general Pedro García Castiella.

El equipo viene realizando un análisis técnico del material reunido en la investigación original, con revisión de la prueba producida en 2011 y aplicación de nuevas herramientas científicas y métodos contemporáneos de investigación penal.

De acuerdo con la información oficial, este enfoque busca verificar la consistencia y trazabilidad de la evidencia incorporada, al tiempo que amplía las líneas de trabajo con procedimientos que no estaban disponibles al momento de los hechos.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal también gestiona el traslado a Francia de fiscales y especialistas en biología molecular para concretar nuevas diligencias vinculadas con la causa.

La reactivación del expediente vuelve a poner en escena uno de los casos judiciales más sensibles de la provincia, con una nueva instancia enfocada en profundizar el análisis de la prueba y avanzar en el esclarecimiento.

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El Instituto Provincial de Salud de Salta afirmó que no mantiene deudas con el sector odontológico y sostuvo que la interrupción del servicio por parte de algunos profesionales fue una decisión unilateral, tomada fuera del ámbito de diálogo que el organismo mantiene con sus prestadores.

A través de un comunicado oficial, la obra social provincial buscó llevar tranquilidad a sus afiliados y aseguró que continúa trabajando para garantizar la normal prestación de los servicios de salud.

En ese marco, el IPS remarcó que los afiliados no deben abonar consultas ni prácticas odontológicas que estén contempladas dentro de la cobertura vigente. La recomendación fue emitida ante la preocupación generada por la suspensión de atención en algunos casos.

El organismo también informó que quienes ya hayan pagado una práctica de forma particular podrán solicitar el reintegro correspondiente. Para iniciar ese trámite, deberán presentar una nota dirigida a las autoridades del instituto, junto con el comprobante o factura de la atención recibida, los datos del profesional interviniente y el CBU donde se acreditará el reintegro.

Además, desde la obra social indicaron que se habilitaron equipos administrativos específicos para recibir y gestionar estos reclamos con mayor rapidez, con el objetivo de evitar perjuicios a los afiliados.

Por último, el IPS pidió a la comunidad seguir la evolución del conflicto únicamente por los canales oficiales del organismo, donde se informarán novedades sobre la atención odontológica y la cobertura.

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El regreso de la actividad en la Cámara de Diputados de Salta estuvo marcado por una nueva polémica entre el oficialismo y el bloque de La Libertad Avanza, a partir de la integración de la Comisión de la Mujer.

La controversia comenzó cuando la diputada María Victoria Cayo cuestionó que otra legisladora de su espacio no pudiera sumarse a esa comisión. A partir de ese planteo, la presidenta del cuerpo, Mónica Juárez, intervino para aclarar que la representación dentro de las comisiones responde a la cantidad de integrantes que tiene cada bloque.

Según explicó, La Libertad Avanza cuenta con un solo lugar en esa comisión, por lo que, si el bloque quisiera modificar su representación, debería reemplazar a la persona ya designada y no sumar una nueva integrante.

En medio del cruce, la diputada María Elena Davids también reclamó su incorporación, mientras que desde la conducción de la Cámara remarcaron que la nómina de integrantes ya había sido enviada por el propio bloque libertario y que no se vulneró ningún criterio reglamentario.

El presidente de Diputados, Esteban Amat, recordó que la conformación de las comisiones es proporcional a la cantidad de legisladores de cada espacio y subrayó que la participación en las reuniones no está vedada, aunque el derecho a voto corresponde únicamente a los miembros formalmente designados.

El episodio dejó expuesta una tensión política e institucional en el inicio del nuevo período de actividad legislativa, con diferencias centradas en la interpretación del reglamento y el funcionamiento interno de la Cámara.

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El Gobierno de Salta oficializó la designación de Ada Zunino como nueva Defensora General de la Provincia, luego del acuerdo otorgado por el Senado provincial en la sesión especial realizada días atrás.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto Nº 138, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, y establece que Zunino asumirá el cargo desde el momento en que tome posesión formal de sus funciones.

La Defensoría General es el organismo encargado de la defensa pública en la provincia, por lo que la designación implica la cobertura de un cargo clave dentro del sistema judicial salteño.

La oficialización se produce después del aval legislativo y completa el proceso institucional para su incorporación al frente del organismo.

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La caída de la actividad económica en Salta ya impacta de lleno en la recaudación provincial y complica el financiamiento de servicios esenciales. Así lo planteó el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, al señalar que la provincia acumula siete meses consecutivos de retracción y que los rubros más afectados son el comercio, la construcción y la industria.

Según explicó el funcionario, la desaceleración del consumo repercute de manera directa sobre los impuestos vinculados a las ventas, especialmente Ingresos Brutos, que es el principal sostén de los recursos provinciales. En ese marco, advirtió que la baja en la actividad termina generando menos recaudación, pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas y comercios.

Dib Ashur sostuvo que, mientras esos sectores muestran un freno marcado, otras actividades como la energía, parte del agro y parte de la minería mantienen mejores perspectivas, aunque aclaró que se trata de rubros con fuerte peso en inversión, pero menor capacidad de generar empleo masivo en los centros urbanos.

El ministro remarcó además que la provincia viene aplicando reducciones impositivas y esquemas de alivio para sostener a pymes y sectores estratégicos. Entre ellos mencionó bajas en alícuotas para el comercio, incentivos para nuevos inscriptos y medidas orientadas al turismo y a la inversión.

En paralelo, advirtió que la situación se agrava por la menor llegada de recursos nacionales. Según indicó, además de la caída en la recaudación propia y en la coparticipación, también se redujeron transferencias no automáticas vinculadas a subsidios, obra pública e incentivo docente.

En ese contexto, el funcionario recordó que la gestión provincial destina la mayor parte de su presupuesto a educación, salud y seguridad, por lo que la merma de ingresos impacta directamente sobre el funcionamiento del Estado.

La advertencia de Dib Ashur expone la presión que atraviesan las cuentas públicas salteñas en un escenario de enfriamiento económico, menor consumo y mayores restricciones para sostener la inversión y los servicios básicos.

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La Municipalidad de Salta advirtió sobre el estado crítico del canal Yrigoyen, donde se detectaron sectores con riesgo de derrumbe y deterioro estructural.

Ante la magnitud del problema, el municipio inició gestiones para conseguir financiamiento nacional que permita ejecutar una obra de gran escala destinada a garantizar la seguridad de la infraestructura.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la intervención es necesaria para evitar mayores daños en la zona y prevenir situaciones de riesgo durante períodos de lluvias intensas.

El proyecto contempla trabajos de refuerzo estructural y obras de saneamiento hidráulico que permitan mejorar el funcionamiento del canal y reducir el impacto de crecidas o tormentas fuertes.

Las autoridades indicaron que la obra requerirá una inversión importante, por lo que se busca apoyo del Gobierno nacional para avanzar con la ejecución del proyecto.

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El Gobierno de Salta incorporará 13 nuevos móviles policiales 0 kilómetro con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la fuerza en distintos puntos de la provincia.

La entrega de los vehículos será encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz, junto a autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Salta.

Según informaron desde el Ejecutivo provincial, los nuevos móviles permitirán mejorar las tareas de patrullaje y respuesta ante situaciones de emergencia en el territorio provincial.

La incorporación forma parte del proceso de renovación y ampliación de la flota policial que busca reforzar la presencia de la fuerza en zonas urbanas y rutas estratégicas.

Desde el Gobierno señalaron que el equipamiento apunta a mejorar la capacidad operativa de la policía y fortalecer el sistema de seguridad pública en la provincia.

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El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) enfrenta un déficit mensual cercano a los $8.000 millones, según confirmó el ministro de Salud Pública, Federico Mangione. El organismo recauda aproximadamente $18.000 millones por mes, pero sus gastos alcanzan los $26.000 millones, lo que obliga a revisar el funcionamiento del sistema.

“El IPS tiene un ingreso de alrededor de 18.000 millones y estamos gastando casi 26.000 millones”, explicó Mangione en declaraciones a Radio Salta. En ese contexto, señaló que la obra social provincial deberá realizar ajustes para intentar equilibrar sus cuentas.

La situación económica fue abordada durante una mesa de diálogo que el ministro encabezó con representantes de odontólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos y nutricionistas. El encuentro se realizó en medio del conflicto por la actualización de aranceles y convenios con los prestadores de salud.

Pedidos de aumento y recaudación estancada

Mangione sostuvo que algunos sectores plantearon aumentos de hasta el 30% en los aranceles, una cifra que calificó como imposible de afrontar en el actual escenario financiero.

“Si me venían con un pedido de un porcentaje tan elevado, tenía que decirles que no, que era imposible”, señaló. También remarcó que la recaudación del sistema no registró aumentos significativos en los últimos meses, lo que limita la posibilidad de absorber mayores costos.

En ese marco, el Gobierno provincial analiza revisar el esquema de aportes de algunos afiliados. Según el ministro, se detectaron casos de grupos familiares que pagan cuotas cercanas a $35.000 mensuales, valores que consideró muy bajos en relación con los costos actuales del sistema de salud.

Convenios con más de 25 años

Otro de los puntos planteados durante las reuniones fue la necesidad de actualizar los convenios con los prestadores, algunos de los cuales tienen más de dos décadas de vigencia.

“Todos los convenios son obsoletos, tienen más de 25 años. Cambiaron las prácticas y cambió la forma de trabajo”, afirmó el ministro.

Tras el encuentro, las partes acordaron avanzar en la elaboración de nuevos convenios prestacionales adaptados a la realidad económica actual. Equipos técnicos continuarán las negociaciones durante los próximos días para definir los detalles.

Posible fin de la intervención

Mangione también anticipó que la intervención del IPS podría terminar en las próximas semanas, lo que permitiría avanzar en la conformación del directorio del organismo.

“Creo que la intervención en cualquier momento se termina y se comienza a armar el directorio como corresponde”, señaló, aunque aclaró que la decisión final depende del gobernador.

La eventual normalización institucional del IPS se produce mientras continúan los debates sobre el financiamiento y el funcionamiento de la obra social provincial.

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La Provincia y la Universidad Nacional de Salta avanzan en la implementación de educación financiera temprana en escuelas secundarias, con el objetivo de que los estudiantes incorporen herramientas básicas para comprender y administrar sus recursos económicos.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley Provincial N.º 8378, que establece que todos los alumnos del nivel secundario, tanto de instituciones públicas como privadas, deben acceder a contenidos vinculados a finanzas personales como parte de su formación educativa.

Según informó el Ministerio de Educación, los contenidos comenzaron a implementarse de manera transversal en distintas materias. Entre ellas se incluyen Matemática, Estadística, Economía, Historia y Ética y Ciudadanía, lo que permite integrar conceptos financieros a situaciones cotidianas y a diferentes campos del conocimiento.

La propuesta no se limita a enseñar nociones técnicas sobre dinero. También busca promover el pensamiento crítico, la planificación responsable y la comprensión del impacto que tienen las decisiones económicas en la vida personal y social.

Trabajo conjunto con la UNSa

En este contexto, la ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, junto al secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, mantuvieron una reunión de trabajo con el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina.

El encuentro tuvo como objetivo consolidar acciones conjuntas para garantizar la aplicación efectiva de la normativa y fortalecer el vínculo entre el sistema educativo provincial y la universidad.

Capacitación para docentes

Uno de los ejes centrales del trabajo conjunto será la capacitación docente. Autoridades provinciales y universitarias coincidieron en la necesidad de ampliar los espacios de formación para que los profesores puedan abordar estos contenidos en el aula.

La propuesta tomará como referencia experiencias desarrolladas por la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSa, que ya trabaja en iniciativas articuladas con áreas de Educación y Economía de la Provincia.

Como parte de este proceso, se proyecta una capacitación ampliada destinada a docentes del nivel medio, tanto de Capital como del interior provincial. El objetivo es integrar conocimientos teóricos y prácticos sobre ahorro, consumo responsable, planificación económica y uso de nuevas tecnologías vinculadas a las finanzas.

La iniciativa busca preparar a los jóvenes para comprender mejor los desafíos económicos actuales y desarrollar herramientas que les permitan tomar decisiones informadas en su vida adulta.