Categoría: Política Institucional

Política institucional

El hospital Juan Domingo Perón de Tartagal puso en funcionamiento una nueva Unidad de Terapia Intermedia, una incorporación clave para reforzar la atención crítica en el norte salteño y ampliar la capacidad de respuesta frente a la creciente demanda sanitaria en la región.

El nuevo servicio suma seis camas de alta complejidad y fue pensado para atender a pacientes que ya no necesitan una terapia intensiva, pero que todavía requieren seguimiento estrecho, monitoreo constante y asistencia especializada. Esa función permite descomprimir la unidad de terapia intensiva y reservar sus camas para los cuadros más graves.

La nueva terapia intermedia funciona en el espacio que anteriormente ocupaba la terapia intensiva, que fue reacondicionado y equipado para esta nueva etapa. Según se informó, cada box cuenta con asistencia respiratoria mecánica, provisión de oxígeno y monitoreo permanente de signos vitales.

Uno de los puntos más relevantes es que una de las camas fue destinada específicamente a la atención de pacientes con accidentes cerebrovasculares, en articulación con la Red de Tele-ACV. Ese dato no es menor para Tartagal y para toda la banda norte de Rivadavia, donde la posibilidad de actuar rápido en los primeros momentos de un ACV puede hacer una diferencia decisiva.

La habilitación de esta unidad llega en un contexto de fuerte presión sobre el sistema sanitario del norte provincial, atravesado por brotes como chikungunya y hantavirus y por una demanda creciente en el hospital público. En esa zona, Tartagal funciona como centro de referencia para una población amplia, por lo que cualquier refuerzo en infraestructura crítica tiene impacto regional inmediato.

Otro aspecto importante es que la obra de remodelación y el equipamiento fueron financiados con fondos propios del hospital, a través de arancelamientos. En un escenario de recursos ajustados, esa decisión muestra también cómo el principal hospital del norte busca sostener y ampliar servicios estratégicos con herramientas propias.

Política institucional

El pedido para que docentes de la sede Tartagal de la UNSa se sometan a un narcotest abrió una nueva polémica en el norte salteño y sumó un fuerte rechazo de ADIUNSa, que cuestionó tanto el planteo como el enfoque elegido para instalar el tema.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Nicolás Arce, de La Libertad Avanza, a partir de supuestas denuncias de estudiantes sobre el estado en que algunos profesores darían clases. Según se difundió, esas observaciones incluían referencias a movimientos espasmódicos y cambios en el ánimo de docentes de la universidad.

La respuesta del gremio fue inmediata. Diego Maita, de ADIUNSa, rechazó el planteo y advirtió que poner el foco sobre los docentes de Tartagal no solo carece de sustento, sino que además puede expresar una mirada cargada de prejuicios sobre una zona fronteriza de la provincia.

El cruce no quedó solo en el pedido del narcotest. Desde el gremio también interpretaron que la propuesta busca correr la discusión de fondo sobre la situación que atraviesa hoy la universidad pública, en medio de un escenario de ajuste, conflicto presupuestario y reclamos por el financiamiento del sistema.

Maita sostuvo además que los controles de salud exigibles a los docentes ya están previstos al momento de asumir funciones y remarcó que, por la autonomía universitaria, un requerimiento externo de este tipo no tendría sustento ni viabilidad dentro de la estructura institucional de la UNSa.

La controversia suma ruido en Tartagal porque toca dos temas sensibles al mismo tiempo: la situación de la universidad pública en el interior y la facilidad con la que se instalan sospechas sobre instituciones y trabajadores del norte salteño. Más allá del recorrido que tenga el planteo, el episodio ya abrió una discusión política que excede el caso puntual y vuelve a poner en debate cómo se habla de Tartagal desde ciertos sectores.

Política institucional

El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta se sumó a una demanda colectiva presentada ante la Justicia Federal para intentar frenar dos artículos de la nueva ley laboral, en una movida que reúne a casi 30 entidades de abogados de distintos puntos del país.

La presentación fue realizada en el fuero Contencioso Administrativo Federal y busca que se dicte una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos cuestionados hasta que se resuelva el planteo de fondo sobre su posible inconstitucionalidad. El eje del reclamo pasa por cambios que, según los colegios profesionales, afectan el ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa en juicio.

Uno de los puntos centrales de la demanda apunta al régimen de honorarios profesionales en los juicios laborales. Según sostienen los demandantes, las modificaciones introducidas podrían habilitar pagos en cuotas y generar una reducción del cobro efectivo, afectando ingresos que consideran de naturaleza alimentaria.

También cuestionan aspectos vinculados a la regulación de costas y sanciones procesales, al entender que la nueva norma invade facultades que corresponden a las provincias y puede generar un efecto disuasivo sobre el trabajo de los abogados en litigios laborales. Para quienes impulsan la presentación, eso no solo impacta sobre la profesión, sino también sobre la posibilidad de una defensa adecuada para los trabajadores.

La adhesión del colegio salteño coloca a la provincia dentro de una reacción institucional más amplia frente a una de las reformas más sensibles impulsadas por el gobierno nacional. Aunque la discusión se da en tribunales federales, el tema también tiene bajada concreta en Salta, donde cualquier modificación en el esquema laboral y judicial repercute sobre abogados, trabajadores, empleadores y sobre el propio funcionamiento de la justicia.

Ahora la atención quedará puesta en cómo responde la Justicia a este nuevo planteo. Lo que está en juego no es solo la validez de dos artículos, sino también hasta dónde puede avanzar una reforma laboral nacional sobre áreas que distintos sectores consideran protegidas por garantías constitucionales y competencias provinciales.

Política institucional

General Ballivián inauguró un nuevo edificio para el Centro de Primera Infancia “El rincón de un niño feliz”, una obra que permitirá ampliar la cobertura de 15 a 40 niños y reforzar la atención a la primera infancia en una localidad clave del norte salteño.

El espacio está destinado a chicos de entre seis meses y cuatro años, que desde ahora contarán con estimulación temprana, asistencia alimentaria, recreación y apoyo pedagógico en mejores condiciones. La ampliación también busca dar contención a las familias que necesitan un lugar seguro para dejar a sus hijos mientras trabajan o realizan tareas diarias.

Durante el acto, el gobernador Gustavo Sáenz sostuvo que este tipo de centros cumplen una función social central, especialmente en un contexto económico complejo, donde muchas familias necesitan apoyo para garantizar alimentación, cuidado y acompañamiento en los primeros años de vida.

La apertura del nuevo edificio en Ballivián se suma a la red de Centros de Primera Infancia que funciona en la provincia. Según se informó, Salta ya cuenta con 92 dispositivos de este tipo, distribuidos en distintos puntos del territorio, como parte de una política orientada a ampliar la cobertura social y educativa desde edades tempranas.

En el norte provincial, donde las distancias, la desigualdad y las dificultades de acceso a servicios suelen pesar más, este tipo de obras tiene un impacto directo sobre la vida cotidiana de muchas familias. No solo por el acompañamiento a los niños, sino también porque genera una herramienta concreta para aliviar la carga de cuidado en hogares que muchas veces sostienen el día a día con recursos limitados.

La inauguración en Ballivián también vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: en tiempos de ajuste y recorte, la inversión en niñez sigue siendo uno de los indicadores más sensibles para medir hacia dónde se dirige la política pública en los territorios más vulnerables.

Política institucional

La relación entre Argentina e Irán sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que desde Teherán cuestionaran con dureza al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones y advirtieran sobre una posible respuesta frente a lo que consideran una postura abiertamente hostil del Gobierno argentino.

La reacción llegó después de que Milei volviera a ubicar a Irán como enemigo de la Argentina al recordar los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, en línea con su alineamiento cada vez más explícito con Estados Unidos e Israel. Esa definición, pronunciada en medio de un escenario internacional ya cargado de tensión, generó repercusión inmediata en medios vinculados al poder iraní.

El cruce no es menor. Más allá del tono discursivo, vuelve a colocar a la Argentina dentro de una disputa geopolítica sensible, con un Presidente que decidió abandonar cualquier ambigüedad y fijar posición en uno de los conflictos más delicados del escenario global.

Desde el lado iraní, las críticas apuntaron a que Milei habría pasado un límite con sus declaraciones y respondido más a una lógica de alineamiento internacional que a una política exterior enfocada en los intereses nacionales. El mensaje, además de político, funcionó como advertencia en un contexto donde cada gesto diplomático se vuelve más pesado.

Para la Argentina, el episodio reabre una discusión de fondo sobre hasta dónde puede escalar el costo político y diplomático de este posicionamiento. Y para el interior del país, incluso para provincias como Salta donde la agenda diaria pasa por seguridad, frontera, producción y crisis social, también sirve para mostrar cómo los movimientos de la Casa Rosada en política exterior pueden tener impacto sobre el clima político general.

El trasfondo de este nuevo cruce remite además a una herida histórica todavía abierta en el país: los atentados terroristas de los años noventa, que siguen marcando la relación con Irán y forman parte del argumento central que Milei volvió a poner sobre la mesa. La diferencia es que ahora ese discurso se inserta en un tablero internacional mucho más caliente.

Por ahora, el episodio se mueve en el terreno de la confrontación política y diplomática. Pero el endurecimiento del lenguaje muestra que la tensión no bajó y que la política exterior del Gobierno nacional sigue empujando a la Argentina hacia un lugar de alineamiento mucho más expuesto que en otros momentos.

Política institucional

Salta participó del primer encuentro de 2026 del Consejo Federal de Drogas, un espacio que reúne a las 24 jurisdicciones del país para coordinar políticas públicas vinculadas a la prevención, la atención y el acompañamiento de consumos problemáticos.

La representación provincial estuvo a cargo del secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, quien intervino en las mesas de trabajo orientadas a revisar barreras de acceso a la salud y a mejorar la cobertura de la red federal de asistencia articulada con SEDRONAR.

Durante la reunión, la Provincia presentó su experiencia en Telesalud Mental como una herramienta para ampliar el acceso a la atención en zonas alejadas. El planteo oficial apuntó a mostrar cómo ese sistema busca cubrir áreas operativas que durante años tuvieron dificultades para sostener profesionales y servicios especializados.

El tema tiene especial importancia para Salta por su extensión territorial y por las dificultades de acceso que persisten en distintos puntos del interior. En departamentos del norte provincial, donde muchas veces la distancia con los centros urbanos complica la atención presencial, la posibilidad de reforzar la asistencia con herramientas remotas aparece como una alternativa clave para no dejar a pacientes fuera del sistema.

Además de la participación en la asamblea, hubo una reunión entre autoridades salteñas y el titular de SEDRONAR para coordinar una agenda de trabajo común para este año. El objetivo, según se informó, es mejorar la llegada de recursos y programas nacionales a los municipios.

La participación de Salta en este consejo se enmarca en una discusión cada vez más sensible para las provincias: cómo ampliar la prevención y la atención en consumos problemáticos con recursos limitados, desigualdad territorial y una demanda creciente en salud mental.

Política institucional

El pastor y conferencista Dante Gebel quedará este miércoles en el centro de un acto político en Lanús donde distintos sectores buscarán instalar su figura como posible candidato a presidente para las elecciones de 2027, en un armado que intenta mostrarse por fuera de las estructuras tradicionales.

Aunque Gebel no estará presente en persona y enviará un mensaje grabado, los organizadores prevén reunir a unas tres mil personas en el microestadio y presentar formalmente el esquema territorial de “Consolidación Argentina”, el espacio que impulsa su proyección nacional. La movida reúne a sectores del peronismo, ex dirigentes libertarios y referentes sindicales y civiles que buscan construir una alternativa distinta a La Libertad Avanza, al PRO y también al peronismo tradicional.

Entre los nombres vinculados al lanzamiento aparecen el ex secretario de Trabajo Lucas Aparicio, el legislador porteño Eugenio Casielles y el dirigente aeronáutico Juan Pablo Brey. También se anticipó un mensaje grabado del exfutbolista Walter Erviti. La apuesta, según plantean desde el espacio, es construir una estructura “de abajo hacia arriba”, aunque por ahora sin una plataforma de gobierno ni un programa económico definido.

Uno de los datos políticos que más atención genera es la posible presencia de Mariano Almada, funcionario del gobierno de Córdoba, en lo que podría interpretarse como un gesto de cercanía del cordobesismo hacia este nuevo armado. Ese dato alimenta la lectura de que la movida alrededor de Gebel no es solo testimonial, sino que empieza a ser observada por sectores que buscan reordenarse de cara al próximo turno presidencial.

El espacio ya resolvió dividir su construcción en siete grandes regiones, entre ellas Norte Grande, donde buscará desplegar mesas provinciales y referentes territoriales. Ese punto no es menor para el norte argentino: si el armado avanza, habrá que ver qué dirigentes busca sumar en provincias como Salta y qué capacidad real tiene para meterse en distritos donde pesan más las redes políticas locales, los liderazgos territoriales y las urgencias económicas concretas que las figuras mediáticas.

Por ahora, la eventual candidatura de Gebel aparece en una etapa inicial y de baja intensidad. Pero el solo hecho de que distintos sectores ya trabajen en su instalación muestra que la carrera hacia 2027 empezó mucho antes de lo formal y que el tablero político sigue abierto a nuevas expresiones, incluso desde espacios ajenos a la política partidaria clásica.

Política institucional

El presidente Javier Milei participará este martes del acto por un nuevo aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en una señal de continuidad de su alineamiento con Israel y de su postura dura frente a Irán.

La actividad se realizará en el lugar donde estaba la sede diplomática atacada y contará con la presencia del mandatario, integrantes del Gabinete, autoridades de la comunidad judía y representantes diplomáticos. El homenaje volverá a poner en primer plano uno de los hechos más graves de la historia reciente argentina y el reclamo de justicia por las víctimas.

La participación de Milei se da además en un contexto internacional marcado por una fuerte tensión en Medio Oriente, con Estados Unidos involucrado en gestiones y movimientos que buscan reordenar el conflicto en la región. En ese marco, el Presidente volvió a ratificar su alineamiento geopolítico con Israel y Estados Unidos.

En sus últimas intervenciones públicas, Milei insistió en que Irán representa un enemigo para la Argentina al recordar los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Esa definición refuerza una línea política que ya había dejado clara desde el inicio de su gestión y que también se expresó en sus viajes y gestos diplomáticos hacia el gobierno israelí.

El acto también tendrá una fuerte carga institucional y simbólica, al recordar el atentado que dejó 29 muertos, más de 200 heridos y una herida que sigue abierta en la memoria pública argentina. A más de tres décadas del ataque, el reclamo por justicia y responsabilidad internacional sigue vigente.

Aunque se trata de un hecho con epicentro en Buenos Aires, el posicionamiento del Gobierno nacional también impacta sobre el debate político en el interior del país. En provincias como Salta, donde suelen pesar más las urgencias de frontera, seguridad y economía, la política exterior de la Casa Rosada vuelve a mostrar cómo los temas globales también bajan al terreno de la discusión local.

Política institucional

El Gobierno de Salta abrió los sobres de una licitación internacional para incorporar equipamiento biomédico al nuevo bloque de esterilización del Hospital San Bernardo, una obra clave dentro del proyecto de ampliación y refuncionalización del principal hospital público de la provincia.

En esta etapa se presentaron tres oferentes, cuyas propuestas ahora serán analizadas en los aspectos técnicos y financieros por la unidad ejecutora a cargo del proceso. La licitación apunta a dotar de tecnología y equipamiento al área que concentrará el tratamiento y procesamiento del material estéril utilizado en los distintos servicios del establecimiento.

El nuevo bloque de esterilización tendrá una superficie de 517 metros cuadrados y fue proyectado como una pieza central para el funcionamiento hospitalario, ya que allí se realizará la recepción, limpieza, procesamiento, almacenamiento y distribución del material esterilizado. La intención oficial es reforzar la bioseguridad y mejorar la capacidad operativa del hospital.

Según lo informado, el proceso fue dividido en cinco lotes. El componente principal corresponde al área de esterilización, con un presupuesto oficial superior a los 2,3 millones de dólares. También se incluyeron partidas para mobiliario clínico y general, además de equipamiento tecnológico y elementos de soporte necesarios para el funcionamiento integral del sector.

La obra y el equipamiento forman parte de un esquema financiado por Fonplata, en el marco del proyecto de ampliación del hospital. Con la apertura de sobres, la Provincia entra ahora en la fase de evaluación para definir la adjudicación y avanzar con la puesta en marcha de una infraestructura sanitaria estratégica para Salta.

La incorporación de este bloque no solo apunta a modernizar un área sensible del Hospital San Bernardo, sino también a fortalecer la calidad de atención y la seguridad de los procedimientos en uno de los centros de referencia más importantes del sistema público de salud provincial.

Política institucional

La Cámara de Diputados de Salta tratará el próximo martes un proyecto que propone ampliar el universo de aportantes al Instituto Provincial de Salud y sumar a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público al sistema de la obra social provincial.

La iniciativa fue presentada por el bloque Todos por Salta y aparece en un contexto de fuerte presión sobre el IPS, que arrastra dificultades financieras y mantiene deudas con distintos sectores vinculados a las prestaciones de salud.

Actualmente, los empleados públicos provinciales son afiliados forzosos a la obra social, pero la propuesta busca extender ese esquema a otros funcionarios del Estado que hoy no están alcanzados del mismo modo. El argumento central del proyecto es que, bajo los principios de la seguridad social y de solidaridad, el aporte mensual también debe incluir a magistrados cuyo empleador es el Estado provincial.

En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que el sistema debe adecuarse a los mandatos constitucionales vinculados a la seguridad social y a una lógica de contribución más amplia dentro del propio sector público. En ese marco, se plantea que todos los poderes del Estado deben ajustarse al principio de solidaridad que sostiene el funcionamiento de este tipo de cobertura.

El debate se dará en medio de la crisis que atraviesa el IPS, en una etapa en la que distintos sectores políticos y del sistema de salud vienen planteando cambios para mejorar su financiamiento y garantizar mayor sustentabilidad.

Si el proyecto avanza, la discusión no solo pondrá el foco en la necesidad de reforzar los ingresos de la obra social provincial, sino también en cómo distribuir con mayor amplitud las obligaciones de aporte dentro de la estructura estatal.