Política institucional
Salta y Nación firmaron tres convenios destinados a fortalecer el sistema de Justicia provincial, con foco en mediación comunitaria, régimen penal juvenil y combate al microtráfico. Los acuerdos fueron encabezados por el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.
El primer convenio apunta a impulsar herramientas de mediación comunitaria, un mecanismo que busca resolver conflictos cotidianos antes de que escalen o lleguen a instancias judiciales más complejas. Este tipo de intervención puede ser clave en barrios, municipios y comunidades donde muchas tensiones sociales requieren respuestas rápidas y cercanas.
El segundo acuerdo está vinculado a la implementación del Régimen Penal Juvenil. El objetivo es avanzar en criterios de abordaje para adolescentes en conflicto con la ley penal, combinando responsabilidad, acompañamiento institucional y garantías legales.
El tercer convenio incorpora a Salta al Programa Nacional de Desfederalización del Microtráfico, conocido como PRONADEM. Esta línea busca mejorar la coordinación entre Nación y Provincia frente al narcomenudeo, un problema que afecta de manera directa a barrios, familias y comunidades del interior.
El punto más sensible para Salta está en el combate al microtráfico. En zonas como San Martín, Orán y otros departamentos del norte, el narcomenudeo no puede abordarse solo como una cuestión policial. También requiere fiscales, jueces, datos, investigación, coordinación territorial y respuestas judiciales más ágiles.
Durante el acto también participaron representantes del Ministerio Público, la Universidad Católica de Salta y funcionarios provinciales. Desde Nación destacaron la experiencia salteña en el sistema acusatorio y en la desfederalización de causas vinculadas al microtráfico.
Más allá de la firma institucional, el desafío será que estos convenios se traduzcan en resultados concretos. La clave estará en mejorar el acceso a la Justicia, fortalecer la prevención de conflictos y aumentar la capacidad de respuesta frente a delitos que impactan en la vida cotidiana.
Para el norte salteño, donde conviven problemáticas sociales, frontera, circulación y barrios atravesados por economías ilegales, la coordinación judicial y estatal es una pieza central. Los acuerdos marcan un paso institucional, pero su valor real dependerá de la implementación en el territorio.
Deja una respuesta