Social / Contexto Local
Los juzgados civiles de la provincia registran un marcado incremento en demandas por mora en el pago de alquileres y vencimiento de contratos. La informalidad contractual, el peso del canon locativo sobre los ingresos familiares y la falta de instancias de mediación en los departamentos San Martín y Orán.
El fuero civil de la provincia de Salta acumula cerca de 200 causas de desalojo ingresadas en lo que va del año, marcando una tendencia que refleja las crecientes dificultades de las familias para sostener el pago regular de los alquileres. El incremento en los expedientes responde principalmente a dos causales: la morosidad acumulada por el desfasaje entre los ingresos y los reajustes locativos, y el vencimiento de los plazos contractuales sin acuerdo de renovación.
El fenómeno expone la tensión entre propietarios que buscan preservar la rentabilidad frente a la inflación y familias inquilinas cuyo poder adquisitivo resulta insuficiente para afrontar los nuevos valores fijados por el mercado inmobiliario.
- Cifras judiciales: Acumulación cercana a los 200 expedientes tramitados en los juzgados de primera instancia en lo Civil y Comercial de la provincia.
- Causales recurrentes: Incumplimiento en el pago del canon mensual, vencimiento de plazo y falta de acuerdo para la prórroga contractual.
- Presión presupuestaria: En la mayoría de los casos analizados, el costo del alquiler absorbe más del 50% de los ingresos totales del grupo familiar.
Lectura territorial en San Martín y Orán
En las principales ciudades del norte salteño —como Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Embarcación y General Mosconi—, la problemática de los desalojos presenta características particulares vinculadas a la alta informalidad del mercado locativo local.
Una porción sustancial de los alquileres residenciales y comerciales en los departamentos San Martín y Orán se formaliza mediante acuerdos verbales o instrumentos privados sin certificación. Ante situaciones de pérdida de empleo o caída en las ventas comerciales, la falta de cláusulas claras y la ausencia de centros públicos de mediación comunitaria aceleran la escalada del conflicto, pasando de la mora puntual a la demanda judicial o la exigencia de restitución inmediata del inmueble.
Esta fragilidad contractual empuja a familias vulnerables hacia sectores de mayor precariedad o asentamientos informales, mientras que en el ámbito comercial provoca el cierre definitivo de pymes locales que no pueden asimilar las exigencias de renovación.
Contexto y marco judicial
El volumen de causas ingresadas en el fuero civil reaviva la discusión sobre la necesidad de implementar mecanismos de resolución alternativa de conflictos locativos antes de llegar a la vía judicial.
Para las comunidades del interior provincial, avanzar hacia esquemas de mediación previa e incentivar programas de loteos sociales con servicios básicos resultan medidas indispensables para contener la vulnerabilidad de los inquilinos y otorgar previsibilidad y seguridad jurídica a las relaciones locativas.
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