Economía y Producción
El anuncio del Gobierno nacional sobre un nuevo paquete de desregulación para el mercado inmobiliario abrió una discusión que también llegó a Salta. Desde el sector local advirtieron que el eje del problema no pasa por los colegios profesionales ni por la intervención de los corredores, sino por el deterioro del acceso a la vivienda.
La referencia salió al cruce de las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien anticipó que en junio enviará al Congreso una propuesta para reducir regulaciones en la actividad inmobiliaria. La iniciativa apunta a bajar costos, facilitar operaciones y ampliar la competencia dentro del sector.
En Salta, la respuesta llegó de la mano de Juan Martín Biella, referente de la Cámara Inmobiliaria y del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios. Su planteo fue que el mercado ya funciona con un alto grado de libertad y que hoy ninguna persona está obligada a contratar a un corredor para concretar una operación.
Desde esa mirada, el debate no debería centrarse solo en la desregulación, sino en las condiciones reales del mercado. El sector sostiene que el problema de fondo es que cada vez cuesta más comprar una vivienda, alquilar o sostener una operación inmobiliaria en un contexto de caída del poder adquisitivo, aumento de costos y escasez de crédito.
Biella también defendió el rol de los colegios profesionales al señalar que cumplen funciones de control, matriculación, asesoramiento y resguardo frente a posibles estafas. La posición del sector es que eliminar o debilitar esas estructuras no resolvería el principal obstáculo que enfrentan hoy las familias.
En esa línea, remarcó que el acceso a la vivienda se volvió mucho más difícil en los últimos años. Según expuso, una vivienda económica requiere hoy muchos más salarios mínimos que tiempo atrás, una señal que muestra cómo se deterioró la relación entre ingresos y posibilidad de compra.
A eso se suman otros factores que, según el sector, explican mejor la crisis habitacional: el costo de la construcción, la presión impositiva, la falta de financiamiento y la ausencia de créditos hipotecarios sostenidos. En ese escenario, la discusión sobre la regulación profesional aparece como una parte menor frente a un problema estructural más amplio.
Para Salta, el debate no es menor. Tanto en la capital como en otras ciudades de la provincia, el acceso a una vivienda formal se volvió una dificultad creciente para sectores medios y trabajadores. Por eso, cualquier cambio en las reglas del mercado puede tener impacto directo no solo en inmobiliarias y corredores, sino también en propietarios, inquilinos y compradores.
La discusión recién empieza y seguramente ganará volumen cuando el proyecto llegue al Congreso. Pero el punto que dejó planteado el sector salteño es claro: más allá de la desregulación, el desafío central sigue siendo cómo volver más accesible la vivienda en un contexto económico que hoy la aleja de una gran parte de la población.
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