Social / contexto local
La falta de pagos al sistema de transporte para personas con discapacidad volvió crítica la situación en Salta, donde casi 300 niños quedaron sin traslados y más de 100 puestos de trabajo aparecen en riesgo por una deuda que arrastra ya seis meses.
Según denunció el sector, el último pago recibido fue en octubre de 2025 y desde entonces la prestación se volvió cada vez más difícil de sostener. Los transportistas aseguran que ya no pueden cubrir los costos básicos para mantener los vehículos en funcionamiento, en un contexto de fuerte suba de combustibles, mantenimiento y gastos operativos.
El problema impacta de lleno sobre familias que dependen de este servicio para que niños y adolescentes puedan asistir a instituciones, tratamientos y espacios de atención. En algunos casos, las entidades apenas logran cubrir una parte mínima de los traslados, mientras crece la preocupación por la interrupción total del servicio.
Desde el sector advierten además que la crisis no solo afecta a los usuarios, sino también a los trabajadores. En Salta capital y Orán, transportistas y choferes sostienen que hay más de 100 empleos comprometidos si no se normalizan los pagos en el corto plazo.
Los prestadores señalan que la deuda está vinculada al atraso en los pagos que dependen del sistema nacional y remarcan que ya realizaron reclamos sin obtener respuestas concretas. Mientras tanto, muchos continúan trabajando con recursos propios, aunque aseguran que esa posibilidad ya llegó al límite.
La situación expone un problema sensible: cuando se corta el transporte, no solo se afecta una prestación, sino también el acceso a derechos básicos de niños y personas con discapacidad en toda la provincia.
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