Política institucional
El Partido Justicialista de Salta sumó un nuevo frente judicial y económico en medio de una crisis institucional que ya venía marcada por intervenciones internas y disputas de conducción. ARCA inició una ejecución fiscal contra el partido por una deuda previsional superior a los 6 millones de pesos.
El reclamo corresponde a aportes y contribuciones de la seguridad social de enero de 2026. Según la presentación judicial, la deuda reclamada asciende a $6.184.033,99 de capital, a lo que se agregan intereses y costas por $927.605,10.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Salta. En ese marco, el organismo pidió medidas sobre fondos y bienes partidarios, entre ellas embargo preventivo e inhibición general de bienes, como parte del proceso de cobro.
El partido cuenta con un plazo de cinco días hábiles para pagar la deuda reclamada o presentar excepciones. Si no lo hace, el proceso puede avanzar con medidas de ejecución sobre los bienes alcanzados.
El caso profundiza el cuadro de fragilidad del PJ salteño. A las discusiones políticas y a las intervenciones que afectaron su funcionamiento orgánico, ahora se suma un conflicto fiscal vinculado a obligaciones previsionales impagas.
Para Salta, el tema tiene peso institucional porque involucra a uno de los partidos históricos de la provincia, con representación territorial, legislativa y electoral. No se trata solo de una interna partidaria: también expone problemas de administración y cumplimiento dentro de una estructura política central en la vida pública local.
La situación abre una pregunta más amplia sobre el estado real del justicialismo salteño. Mientras intenta ordenar su conducción y su vida interna, el partido deberá responder también por una deuda que ya llegó a la Justicia Federal.
El reclamo de ARCA no define por sí solo el futuro político del PJ, pero sí agrega presión sobre una organización que atraviesa uno de sus momentos más complejos en la provincia.
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