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  • Dos homicidios en menos de una semana sacuden la cárcel de Orán

    Dos homicidios en menos de una semana sacuden la cárcel de Orán

    Frontera / Seguridad

    La Unidad Carcelaria 3 de Orán quedó bajo fuerte preocupación tras registrarse dos homicidios en menos de una semana dentro del penal. La reiteración de muertes violentas en un espacio bajo custodia estatal encendió una alarma sobre la seguridad interna, los controles y las condiciones de convivencia entre internos.

    Uno de los hechos ocurrió en el pabellón “A”, planta alta, donde un interno de 28 años fue atacado con un elemento punzocortante. La víctima fue trasladada al hospital local, pero murió como consecuencia de las heridas sufridas.

    Por ese caso, la investigación quedó a cargo de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán. Dos internos fueron imputados de manera provisional: uno como autor del delito de homicidio simple y otro como partícipe necesario.

    El nuevo crimen ocurrido dentro del mismo establecimiento volvió a poner el foco en la situación de la cárcel oranense. Dos homicidios en pocos días ya no pueden leerse como episodios aislados: exponen una crisis de control intramuros que requiere respuestas claras del sistema penitenciario y del área de seguridad provincial.

    El punto crítico es cómo se producen ataques de esta gravedad dentro de una unidad cerrada, donde deberían existir controles sobre elementos cortantes, movimientos internos y conflictos entre pabellones. También queda planteada la necesidad de saber si hubo requisas, traslados, cambios de régimen o medidas preventivas después del primer homicidio.

    Para Orán, el tema tiene impacto directo. La cárcel forma parte de una estructura sensible del norte provincial y su funcionamiento no afecta solo a los internos, sino también al personal penitenciario, a las familias y a la confianza pública en la capacidad del Estado para controlar espacios bajo su responsabilidad.

    La Justicia deberá avanzar sobre las responsabilidades penales de cada hecho. Pero la discusión institucional es más amplia: dos muertes violentas en menos de una semana dentro del mismo penal obligan a revisar qué está pasando en la Unidad Carcelaria 3 y qué medidas se tomarán para evitar nuevos hechos de violencia.

  • La UNSa reclamó a Nación que cumpla la ley de financiamiento universitario.

    La UNSa reclamó a Nación que cumpla la ley de financiamiento universitario.

    Política institucional

    El rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, reclamó al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que las universidades necesitan previsibilidad para sostener su funcionamiento.

    El planteo se da en medio de una tensión abierta entre Nación y el sistema universitario público. Mientras el Gobierno nacional sostiene su política de equilibrio fiscal, las universidades reclaman la aplicación de una norma aprobada por el Congreso para recomponer fondos destinados a funcionamiento, salarios y programas estudiantiles.

    En el caso de la UNSa, el reclamo tiene impacto directo en Salta capital y también en el interior provincial. La universidad sostiene sedes, carreras, becas, comedor, investigación y servicios que alcanzan a miles de estudiantes, incluidos jóvenes de Orán, Tartagal y otras localidades del norte.

    La discusión presupuestaria no es solo administrativa. Sin fondos suficientes, las universidades advierten dificultades para planificar el año académico, mantener edificios, sostener servicios básicos y garantizar políticas de acompañamiento para estudiantes que dependen de becas o asistencia para continuar sus estudios.

    Nina remarcó que el cumplimiento de la ley es clave para dar previsibilidad al sistema universitario. El reclamo también apunta a que el financiamiento no quede atado a decisiones parciales o negociaciones aisladas, sino a una política sostenida para el funcionamiento de las casas de estudio.

    Para Salta, el conflicto tiene una lectura territorial clara. La UNSa cumple un rol central en la formación profesional y en el acceso a la educación superior, especialmente para familias que no podrían afrontar una alternativa privada o trasladarse fuera de la provincia.

    El punto de fondo es institucional: una ley aprobada, universidades que reclaman su aplicación y un Gobierno nacional que mantiene frenada su implementación. En ese escenario, la discusión por el presupuesto universitario vuelve a quedar en el centro de la agenda pública.

  • Villarruel volvió a cuestionar a Milei y profundizó la interna del Gobierno.

    Villarruel volvió a cuestionar a Milei y profundizó la interna del Gobierno.

    Política institucional

    Victoria Villarruel volvió a cuestionar públicamente al gobierno de Javier Milei y sumó un nuevo capítulo a la interna que atraviesa al oficialismo nacional. Esta vez, la vicepresidenta apuntó contra decisiones vinculadas al área de Defensa y dejó una frase fuerte: “Por mucho menos renunciaban todos”.

    El cruce surgió a partir de sus críticas por la compra de un avión para la Fuerza Aérea Argentina. Villarruel cuestionó el estado de la aeronave y puso el foco en la responsabilidad política de quienes intervinieron en la operación.

    La vicepresidenta también volvió a marcar diferencias por la situación salarial de los militares y por los problemas que afectan a la obra social de las Fuerzas Armadas. Sus declaraciones profundizan una distancia que ya no aparece solo como una diferencia interna, sino como una ruptura política dentro del Gobierno.

    Desde la Casa Rosada vienen señalando a Villarruel por una supuesta estrategia propia por fuera del esquema presidencial. La vicepresidenta, en cambio, sostiene que existen presiones internas y cuestionamientos hacia su rol institucional.

    El conflicto también tuvo derivaciones judiciales y políticas con el ministro de Defensa, Luis Petri, en medio de acusaciones cruzadas que elevaron el tono de la disputa dentro del oficialismo.

    Aunque el tema no tiene un impacto territorial directo en Salta, sí forma parte de una tensión institucional relevante a nivel nacional. La relación entre el Presidente y la Vicepresidenta influye sobre la gobernabilidad, la agenda legislativa y el funcionamiento político del oficialismo.

    La nueva crítica de Villarruel confirma que la interna libertaria sigue abierta y que las diferencias ya no se procesan puertas adentro. Cada cruce público vuelve a mostrar un Gobierno con tensiones visibles entre sus principales figuras institucionales.

  • Trata en la frontera: investigan una red tras el rescate de una adolescente salteña en Bolivia

    Trata en la frontera: investigan una red tras el rescate de una adolescente salteña en Bolivia

    Frontera / Seguridad

    El rescate de una adolescente salteña en Yacuiba, Bolivia, abrió una investigación por trata de personas que ahora busca determinar cómo operaba la presunta red, quiénes participaron en la captación y si existen más víctimas vinculadas al mismo circuito.

    La joven, de 16 años, había sido buscada a partir de la denuncia realizada por su madre en Salta. A partir de esa presentación se activaron las tareas de investigación que permitieron ubicarla en territorio boliviano, en una zona de fuerte circulación fronteriza con el norte salteño.

    Durante el procedimiento también fueron rescatadas otras dos mujeres y fue detenido un ciudadano argentino, señalado en la causa como sospechoso de captar mujeres con fines de explotación sexual. La investigación continúa abierta y se espera que avance sobre posibles vínculos, traslados y responsabilidades dentro de la organización.

    El caso golpea de lleno en una de las problemáticas más sensibles de la frontera norte. Yacuiba, Salvador Mazza, Tartagal y Aguaray forman parte de un corredor donde el movimiento permanente de personas, comercio y transporte puede ser aprovechado por redes criminales para ocultar traslados o captar víctimas.

    La prioridad ahora está puesta en la protección de las víctimas y en el avance judicial. En este tipo de hechos, la preservación de la identidad de las personas rescatadas es clave para evitar una nueva exposición y garantizar asistencia.

    Para Salta, la causa deja una señal de alerta. La trata de personas no es un delito aislado ni lejano: puede operar sobre adolescentes y mujeres en contextos de vulnerabilidad, mediante engaños, promesas laborales o vínculos de confianza.

    El rescate en Bolivia vuelve a mostrar la importancia de denunciar rápido, activar protocolos de búsqueda y sostener la cooperación entre autoridades salteñas y bolivianas. En la frontera, cada hora puede ser decisiva para encontrar a una víctima y cortar el avance de una red.

  • Día de la Escarapela: por qué se celebra cada 18 de mayo

    Día de la Escarapela: por qué se celebra cada 18 de mayo

    Social / Contexto local

    Cada 18 de mayo se celebra en Argentina el Día de la Escarapela, una fecha que recuerda a uno de los símbolos patrios más usados en escuelas, actos oficiales y celebraciones nacionales.

    La escarapela fue impulsada por Manuel Belgrano en 1812, cuando pidió al Primer Triunvirato la creación de un distintivo común para identificar a las tropas patriotas. Hasta ese momento, los cuerpos militares utilizaban insignias diferentes, lo que generaba confusión en medio del proceso revolucionario.

    El pedido fue aceptado y la escarapela celeste y blanca comenzó a consolidarse como símbolo de identidad nacional. Con el tiempo, esos colores también quedarían asociados a la bandera argentina, creada por el propio Belgrano ese mismo año.

    La fecha del 18 de mayo fue instituida oficialmente en 1935 por el Consejo Nacional de Educación, con el objetivo de promover su uso y fortalecer el valor histórico del símbolo en las escuelas del país.

    En Salta y en todo el norte argentino, la escarapela suele aparecer con fuerza en las aulas durante la Semana de Mayo, en actos escolares y en actividades comunitarias vinculadas a la historia nacional.

    Aunque es una insignia sencilla, su valor está en lo que representa: pertenencia, memoria e identidad. Por eso, cada año vuelve a ocupar un lugar especial en el calendario escolar y en las celebraciones patrias argentinas.

  • “Gente que antes ayudaba hoy viene a pedir”: la advertencia social de la Iglesia

    “Gente que antes ayudaba hoy viene a pedir”: la advertencia social de la Iglesia

    Social / Contexto local

    La Iglesia advirtió sobre un cambio cada vez más visible en la asistencia social: personas y familias que antes colaboraban con Cáritas hoy se acercan a pedir ayuda. La señal apunta al deterioro de los ingresos y al avance de las dificultades económicas sobre sectores de clase media baja que hasta hace poco podían sostener sus gastos básicos.

    El planteo fue realizado por Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien alertó sobre el aumento de la demanda en espacios de asistencia. Según describió, ya no se trata solo de los sectores históricamente más vulnerables, sino también de personas que trabajaban, ayudaban o participaban como colaboradoras y ahora necesitan alimentos, medicamentos o acompañamiento.

    El dato refleja una situación que se siente en la vida cotidiana: salarios que pierden poder de compra, changas inestables, alquileres más difíciles de pagar, servicios más caros y familias que deben ajustar consumos básicos. En ese escenario, las redes comunitarias vuelven a ocupar un lugar clave para contener lo que muchas veces no aparece de inmediato en las estadísticas.

    En Salta y el norte provincial, esta advertencia tiene una lectura directa. Cáritas, parroquias, comedores, merenderos y organizaciones barriales suelen ser el primer lugar al que llegan las familias cuando el ingreso ya no alcanza. Allí se ve antes que en otros espacios el cambio en el perfil de quienes piden ayuda.

    La preocupación no pasa solamente por el aumento de la pobreza, sino por la caída de hogares que estaban apenas por encima de la línea de necesidad y que ahora empiezan a depender de asistencia para completar alimentos, medicamentos o gastos esenciales.

    El fenómeno también muestra una presión creciente sobre las redes solidarias. Si quienes antes ayudaban hoy necesitan pedir, la capacidad de respuesta comunitaria se vuelve más frágil y la demanda social se amplía.

    La advertencia de la Iglesia deja una señal clara: el deterioro de ingresos ya no golpea únicamente a los sectores más excluidos. También alcanza a familias trabajadoras que, hasta hace poco, podían colaborar con otros y hoy deben buscar ayuda para sostener su propio hogar.

  • Tartagal: un delivery fue atacado con un machete en barrio Lugones

    Tartagal: un delivery fue atacado con un machete en barrio Lugones

    Frontera / Seguridad

    Un repartidor fue atacado este domingo por la tarde por un hombre armado con un machete mientras realizaba una entrega en barrio Lugones, en Tartagal. El hecho generó preocupación entre trabajadores de reparto y vecinos de la zona.

    Según relató la familia de la víctima, el agresor intentó herirlo en varias oportunidades. El delivery logró defenderse y pidió ayuda a los gritos, lo que permitió que vecinos intervinieran rápidamente y redujeran al atacante.

    El trabajador no habría sufrido heridas de gravedad. De acuerdo con el testimonio familiar, el camperón que llevaba puesto ayudó a amortiguar los golpes durante el ataque.

    Vecinos retuvieron al agresor hasta la llegada de asistencia. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál es su situación judicial ni si quedó detenido o demorado por el hecho.

    El caso encendió nuevamente el reclamo por mayor seguridad en distintos barrios de Tartagal. Para los repartidores, la preocupación es concreta: trabajan circulando por la ciudad, muchas veces en horarios de baja circulación, y quedan expuestos a situaciones de violencia en la vía pública.

    La intervención vecinal evitó que el ataque pasara a mayores, pero también dejó en evidencia una tensión creciente en la seguridad urbana. El punto central ahora será conocer qué medidas adoptará la Justicia y si habrá una respuesta preventiva para quienes trabajan haciendo entregas en la ciudad.

  • Un exjefe de Inteligencia de Gendarmería fue condenado por una carga de 161 kilos de cocaína

    Un exjefe de Inteligencia de Gendarmería fue condenado por una carga de 161 kilos de cocaína

    Frontera / Seguridad

    El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 9 años de prisión efectiva al exsargento Carlos Alberto Sorani, exjefe del área de Inteligencia del Escuadrón 52 “Tartagal” de Gendarmería Nacional, por su participación en una maniobra de transporte de 161 kilos de cocaína detectada en Aguaray.

    La Justicia lo consideró coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de varias personas y por su condición de funcionario público. La droga había sido descubierta en mayo de 2025 dentro de una camioneta Ford Ranger acondicionada con dobles fondos para ocultar el cargamento.

    El caso tiene un peso institucional fuerte para la frontera norte. Sorani no era un integrante cualquiera de la fuerza: cumplía funciones vinculadas a inteligencia en una zona sensible para el control del narcotráfico. Para el tribunal, su rol fue clave en la organización logística de la maniobra.

    En la causa ya fueron condenadas otras personas vinculadas al traslado de la cocaína, entre ellas otro gendarme y los transportistas del cargamento. Además, continúa prófugo Gustavo Ariel Barrios, señalado como proveedor de la droga.

    La investigación estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal y contó con la intervención de áreas especializadas en narcocriminalidad. El expediente permitió reconstruir cómo se habría organizado el traslado, el uso del vehículo acondicionado y la participación de los distintos involucrados.

    Para San Martín, el caso golpea en un punto sensible: la frontera necesita controles firmes, pero también instituciones confiables. La condena muestra que las redes narco no dependen solo del paso físico de la droga, sino también de logística, información, vehículos preparados y posibles apoyos internos.

    La gravedad del fallo no debe confundirse con una generalización sobre toda la fuerza. Gendarmería cumple un rol central en el control de rutas y pasos fronterizos del norte argentino. Pero justamente por eso, cuando un funcionario con experiencia en inteligencia termina condenado por narcotráfico, el impacto institucional es mayor.

    El caso de Aguaray vuelve a dejar una señal clara: la lucha contra el narcotráfico en la frontera no solo exige operativos y decomisos. También requiere depuración interna, controles sostenidos y una Justicia capaz de avanzar sobre las estructuras que facilitan el negocio desde adentro.

  • Bolivia en crisis: bloqueos, operativo humanitario y asistencia argentina

    Bolivia en crisis: bloqueos, operativo humanitario y asistencia argentina

    Política institucional

    Bolivia atraviesa una escalada de tensión política y social tras más de diez días de bloqueos de rutas, protestas y problemas de abastecimiento en zonas clave del país. El conflicto enfrenta al gobierno de Rodrigo Paz Pereira con sectores sindicales, campesinos e indígenas que reclaman en las calles y exigen respuestas frente a la crisis económica y política.

    La situación se agravó por los cortes en carreteras, que comenzaron a impactar en el ingreso de alimentos, medicamentos, ambulancias y oxígeno medicinal hacia La Paz y El Alto. Ante ese escenario, el Gobierno boliviano lanzó el operativo “Corredor humanitario”, con un despliegue de alrededor de 2.500 policías y 1.000 militares para despejar rutas y garantizar el paso de suministros básicos.

    El conflicto también tiene un fuerte componente político por la situación judicial de Evo Morales. La Justicia boliviana ordenó su captura después de que el expresidente no se presentara a una audiencia en una causa por presunta trata agravada de personas. Morales rechaza las acusaciones y denuncia persecución política, mientras sus seguidores mantienen movilizaciones y presión sobre el gobierno nacional.

    En paralelo, Argentina confirmó el envío de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea para colaborar con el traslado de alimentos y suministros hacia Bolivia. La asistencia fue presentada como apoyo humanitario ante el desabastecimiento generado por los bloqueos y se suma a un escenario regional que empieza a ser seguido con atención desde los países vecinos.

    Para el norte argentino, la crisis boliviana no es un tema lejano. Salta y Jujuy comparten una relación fronteriza, comercial y social permanente con Bolivia, por lo que cualquier alteración sostenida en rutas, abastecimiento o estabilidad institucional puede tener impacto indirecto en pasos internacionales, transporte, comercio regional y controles fronterizos.

    El punto central para seguir de cerca es si el operativo logra abrir corredores sin profundizar la confrontación. Bolivia llega a esta etapa con una combinación delicada: protestas sociales, disputa política, tensión judicial alrededor de Morales, acusaciones de desestabilización y asistencia externa para sostener el ingreso de bienes esenciales.

    La crisis deja una señal clara para la región: cuando un conflicto interno bloquea rutas estratégicas y afecta alimentos, medicamentos y combustible, el problema deja de ser solo político. También se convierte en una alerta humanitaria, económica y fronteriza para todo el norte sudamericano.

  • Otro derrame expone el riesgo de los pozos petroleros abandonados en el norte de Salta

    Otro derrame expone el riesgo de los pozos petroleros abandonados en el norte de Salta

    Especial / Profundo

    Un nuevo derrame en un yacimiento inactivo del área Aguaragüe volvió a encender la alarma sobre los pozos petroleros que permanecen sin abandono definitivo en el norte de Salta. El caso se registró en una zona de yungas de Campamento Vespucio, en General Mosconi, y reabrió una discusión que combina ambiente, control estatal, responsabilidad empresaria y trabajo local.

    En el lugar se tomaron muestras de suelo que serán analizadas por un laboratorio especializado de Tartagal, con el objetivo de determinar la composición de las surgencias y su posible impacto ambiental. El episodio se suma a otros antecedentes que ya habían puesto en evidencia los riesgos de los pasivos petroleros en la región.

    El problema de fondo no es solo el derrame puntual, sino la existencia de pozos inactivos que no fueron cerrados de manera definitiva. En Salta hay cerca de 1.400 pozos petroleros, pero apenas unos 50 mantienen algún nivel de producción. El resto forma parte de una estructura heredada de décadas de actividad hidrocarburífera que todavía necesita relevamiento, control técnico y remediación.

    El norte provincial ya conoce los costos de esa falta de cierre adecuado. En Lomas de Olmedo, el pozo LO-X10 permanece con fugas desde 2023 y generó acciones por daños sobre suelos, acuíferos, flora, fauna silvestre y animales de cría en zonas cercanas a La Estrella, en Pichanal. Otro antecedente grave fue el pozo MDT-14, en Puesto Guardián, que tuvo erupciones de hidrocarburos mezclados con agua en 2006 y recién pudo ser sellado años después.

    La Provincia informó que inició un relevamiento de los pozos que siguen sin los sellados exigidos para su abandono definitivo. Ese paso aparece como clave para dimensionar el riesgo real y definir responsabilidades, porque los pasivos ambientales no desaparecen solos: requieren monitoreo, intervención técnica y controles sostenidos.

    El diputado por San Martín, Nicolás Arce, planteó que el problema también puede abrir una oportunidad de trabajo genuino en la zona. Las tareas de saneamiento, medición, apertura de caminos, instalación de obradores, toma de muestras y cierre técnico podrían involucrar a empresas y trabajadores del departamento, donde existe experiencia vinculada a la actividad petrolera.

    Para San Martín y Orán, el tema tiene una lectura directa: el norte no solo fue territorio de extracción, también convive con las consecuencias ambientales cuando los proyectos quedan sin control suficiente. La discusión de fondo es si la provincia puede transformar un pasivo heredado en una política seria de remediación, prevención y empleo local.

    El nuevo derrame en Aguaragüe vuelve a mostrar que los pozos abandonados no son un problema del pasado. Son una deuda ambiental activa, ubicada en territorios donde viven comunidades, trabajan productores y todavía existen capacidades técnicas que podrían ser parte de la solución.