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Los procedimientos incluyeron la Ruta Nacional 50, en Orán y Pichanal, además de otros corredores provinciales. Seguridad informó infracciones a la Ley de Estupefacientes, pero no precisó cuántas se detectaron.

La Policía de Salta realizó controles preventivos de vehículos e identificación de personas en rutas nacionales y accesos a distintas localidades de la provincia. El operativo fue informado el viernes 9 de octubre por el Ministerio de Seguridad y abarcó corredores del norte, centro y sur del territorio salteño.

En el norte provincial, los efectivos trabajaron sobre la Ruta Nacional 50, en Orán y Pichanal. También se desplegaron controles en las rutas nacionales 9, 34 y 40, con intervenciones en el ingreso a Joaquín V. González, el expeaje Aunor, el sector de Río de las Pavas y las localidades de Cafayate y Cachi.

Las tareas estuvieron a cargo de los departamentos de Operaciones de las zonas Sur, Centro y Norte de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Según informó el Ministerio, el despliegue formó parte de un dispositivo de seguridad interprovincial del NOA, orientado a prevenir delitos y detectar posibles infracciones vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

Como resultado de las intervenciones, la fuerza provincial comunicó que se detectaron infracciones a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes en dos puntos: Orán y el expeaje Aunor, ubicado en el acceso a la capital salteña.

El comunicado oficial no precisó la cantidad de vehículos inspeccionados, las personas identificadas ni el número de infracciones registradas. Tampoco detalló las sustancias involucradas o si hubo detenciones y secuestros de mercadería.

Con la información disponible, no es posible establecer la magnitud de los resultados obtenidos durante estos controles.

La resolución de ARCA establece un límite diario de US$150 por persona y prohíbe trasladar combustibles, determinados granos y mercaderías en envases de 10 kilos o más bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo. La medida genera cuestionamientos en Aguas Blancas y Salvador Mazza.

Desde este sábado 10 de octubre rigen nuevas restricciones para el traslado de mercaderías desde Argentina hacia Bolivia bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo. La decisión afecta directamente la actividad de las localidades salteñas de Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde el intercambio de productos forma parte de la dinámica económica cotidiana.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció las modificaciones mediante la Resolución General 5910/2026, publicada el viernes 9 de octubre en el Boletín Oficial de la Nación.

La norma fija un valor máximo de US$150 diarios por poblador para las mercaderías que salen del territorio argentino mediante este régimen, independientemente de la cantidad, calidad o variedad de los productos.

El límite corresponde específicamente al tráfico vecinal fronterizo, un mecanismo destinado a residentes de zonas limítrofes para atender necesidades personales, familiares o del hogar. No constituye una prohibición general de las exportaciones comerciales realizadas mediante los procedimientos aduaneros correspondientes.

Qué productos quedan restringidos

Además del límite económico, ARCA incorporó prohibiciones específicas para el egreso de determinadas mercaderías bajo este régimen.

Entre ellas se encuentran los combustibles transportados en bidones, tanques suplementarios de vehículos o cualquier otro recipiente adicional.

También queda prohibido trasladar trigo, soja y maíz en cualquiera de sus formas, así como mercaderías acondicionadas en envases iguales o superiores a 10 kilogramos, o su equivalente en volumen.

Esta última disposición alcanza a productos de consumo habitual cuando se presentan en esos formatos. La restricción no depende únicamente del contenido, sino también del tamaño del envase utilizado.

La resolución mantiene, además, las prohibiciones aplicables a armas, explosivos, determinadas sustancias controladas y mercaderías cuya exportación esté impedida por otras normas.

ARCA fundamentó los cambios en la necesidad de evitar el fraccionamiento de operaciones, los cruces reiterados con fines comerciales y el desvío de productos hacia circuitos que no corresponden al tráfico vecinal.

Cuestionamientos en la frontera salteña

La entrada en vigencia de las restricciones generó objeciones entre representantes comerciales de Salvador Mazza y autoridades de Aguas Blancas.

Uno de los principales cuestionamientos es que los nuevos límites podrían afectar operaciones habituales de compradores bolivianos que adquieren productos en localidades argentinas.

También surgieron dudas sobre la aplicación de las restricciones a mercaderías compradas previamente y sobre los criterios para controlar determinados productos líquidos o presentaciones comerciales.

La Cámara de Comercio de Salvador Mazza solicitó una flexibilización transitoria de 30 días y planteó la necesidad de obtener precisiones sobre la implementación.

El impacto económico efectivo todavía no está cuantificado. Tampoco se informó oficialmente cuántas operaciones comerciales habituales podrían quedar fuera del régimen con las nuevas condiciones.

La disposición ya se encuentra vigente y corresponde ahora a los controles aduaneros aplicarla en los pasos fronterizos. Mientras tanto, los sectores comerciales esperan respuestas a sus pedidos de revisión y aclaración.

El exintendente de Aguas Blancas recibió dos meses de prisión preventiva en una investigación federal por presunto lavado de activos. La Fiscalía sostiene que encabezaba una organización vinculada con fondos provenientes del narcotráfico y el contrabando.

Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas, fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos de origen delictivo. El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso dos meses de prisión preventiva y estableció un plazo de seis meses para continuar la investigación.

La decisión se conoció después de que Martínez se presentara voluntariamente el miércoles 7 de octubre en una dependencia policial de Orán. Era buscado desde los allanamientos realizados el sábado anterior, cuando Gendarmería Nacional ejecutó 32 procedimientos en distintos puntos de Salta.

La nueva audiencia permitió formalizar la acusación contra el exfuncionario, cuya situación procesal había quedado pendiente después de la imputación de otras once personas vinculadas con la misma investigación.

En representación del Ministerio Público Fiscal participaron Mariana Gamba Cremaschi y Ezequiel Coscia, de la Procuraduría de Narcocriminalidad del Noroeste Argentino (PROCUNAR NOA), junto con Alberto Barbuto, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

La acusación y los fundamentos de la prisión preventiva

Según la hipótesis fiscal, Martínez habría encabezado una organización dedicada a incorporar al circuito económico formal dinero procedente del narcotráfico, el contrabando y otros delitos.

La investigación también busca determinar si determinadas contrataciones de la Municipalidad de Aguas Blancas fueron utilizadas para justificar movimientos de fondos presuntamente ilícitos.

Esta línea de investigación ya había sido expuesta durante la audiencia del martes 6 de octubre, cuando once personas quedaron formalmente imputadas. Siete recibieron prisión preventiva y otras cuatro continuaron el proceso bajo medidas restrictivas.

En la audiencia posterior, los fiscales solicitaron la prisión preventiva de Martínez al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Entre los argumentos presentados mencionaron su conducta después de los allanamientos, su capacidad económica y sus vínculos en una localidad fronteriza con Bolivia.

La defensa cuestionó la medida y presentó argumentos relacionados con su estado de salud. Sin embargo, la documentación aportada no resultó suficiente para modificar la decisión judicial.

El magistrado ordenó su traslado al penal de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta.

La situación de Martínez representa un nuevo avance procesal en una causa que también investiga el posible uso de estructuras municipales para operaciones de lavado de dinero.

La imputación y la prisión preventiva no constituyen una condena. La Fiscalía deberá demostrar la existencia de la organización investigada, el origen ilícito de los fondos y la responsabilidad atribuida al exintendente y a los demás acusados.

El plazo de seis meses permitirá continuar con las medidas probatorias y avanzar en el análisis de la documentación y los dispositivos secuestrados durante los allanamientos.