Frontera / Seguridad
Gendarmería Nacional realizó nueve allanamientos en el departamento Anta en el marco de una causa federal por presunto fraude con pensiones por invalidez. Los procedimientos se concretaron en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal.
La investigación apunta a una posible red integrada por profesionales de la salud, intermediarios y funcionarios, que habría utilizado documentación médica falsa para tramitar beneficios de manera irregular. Entre los elementos bajo análisis aparecen certificados, estudios apócrifos y radiografías que habrían sido repetidas en distintos expedientes.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en noviembre de 2024 y ya había tenido una primera etapa de allanamientos en septiembre de 2025. En esta nueva instancia, la Justicia busca avanzar sobre posibles responsabilidades y nuevas imputaciones.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Garantías N° 2, con intervención de la Unidad Fiscal Federal de Salta. Según la investigación, parte de las maniobras estaría vinculada a certificados por enfermedades como Chagas y problemas de columna.
El caso tiene una dimensión sensible porque involucra beneficios sociales destinados a personas con discapacidad o invalidez. Por eso, el foco no está puesto en criminalizar a beneficiarios, sino en determinar si existió una estructura que aprovechó el sistema para gestionar pensiones con documentación irregular.
Para el departamento Anta, la causa abre una discusión institucional de fondo: cómo controlar mejor los circuitos de acceso a prestaciones sociales sin perjudicar a quienes realmente necesitan asistencia. Si se confirma el fraude, el daño no sería solo económico, sino también sobre la confianza pública en un sistema destinado a proteger situaciones de vulnerabilidad.
