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  • La industria cayó 3,2% y la construcción 4,4% en agosto

    La industria cayó 3,2% y la construcción 4,4% en agosto

    Los últimos datos del INDEC muestran retrocesos interanuales en dos sectores de la economía argentina. Aunque ambos registraron mejoras frente a julio, sus indicadores de tendencia continuaron en descenso.

    La actividad industrial y la construcción registraron nuevas caídas interanuales durante agosto de 2026, según los últimos informes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

    El índice de producción industrial manufacturero retrocedió 3,2% respecto de agosto de 2025, mientras que el indicador de actividad de la construcción disminuyó 4,4% en la misma comparación.

    Los resultados reflejan dificultades en dos actividades vinculadas con la producción, la inversión y la demanda de bienes y servicios en el país.

    Sin embargo, los informes también muestran un comportamiento diferente cuando se compara agosto con el mes inmediatamente anterior.

    Las mejoras mensuales no compensan las caídas interanuales

    En la industria manufacturera, el índice desestacionalizado registró una mejora del 1,9% respecto de julio. Este indicador permite comparar meses consecutivos eliminando los efectos habituales del calendario y de la estacionalidad.

    Pese a esa recuperación mensual, la producción industrial acumuló una contracción del 2,7% entre enero y agosto de 2026, frente al mismo período del año anterior.

    Además, el indicador de tendencia-ciclo, que permite observar la evolución subyacente de la actividad, presentó una disminución mensual del 0,6%.

    La construcción mostró un comportamiento parecido, aunque con diferencias en su evolución acumulada.

    El sector registró una mejora desestacionalizada del 0,4% frente a julio. Sin embargo, permaneció un 4,4% por debajo del nivel registrado en agosto de 2025.

    A diferencia de la industria, el acumulado de la construcción entre enero y agosto todavía mostró un crecimiento del 0,8% respecto de los primeros ocho meses de 2025.

    Su indicador de tendencia-ciclo disminuyó 1,1% frente a julio.

    Estos resultados no son contradictorios. Una actividad puede mejorar respecto del mes anterior y, al mismo tiempo, continuar por debajo de los niveles alcanzados un año atrás.

    Las variaciones mensuales, interanuales y acumuladas responden a períodos de comparación diferentes y deben interpretarse por separado.

    Los datos corresponden al conjunto nacional y no permiten establecer por sí solos cuál fue el comportamiento específico de la industria o la construcción en Salta.

    La evolución de ambos sectores forma parte del escenario económico que enfrenta el país durante el último trimestre del año.

    El próximo dato previsto en el calendario del INDEC es el índice de precios al consumidor de septiembre, cuya publicación está programada para el martes 13 de octubre. Será una nueva referencia para evaluar la evolución de los precios junto con los indicadores de actividad económica.

  • El oro del Banco Central ganó valor, pero sus coberturas perdieron

    El oro del Banco Central ganó valor, pero sus coberturas perdieron

    La Auditoría General de la Nación registró pérdidas por US$1.023 millones en operaciones financieras realizadas durante 2025. El Banco Central defendió la estrategia y aseguró que su posición total en oro obtuvo una ganancia neta de US$2.505 millones.

    La administración de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió una controversia entre la autoridad monetaria y la Auditoría General de la Nación (AGN). Los dos organismos presentaron cifras diferentes sobre las operaciones realizadas durante 2025, aunque los resultados corresponden a conceptos distintos.

    El jueves 8 de octubre, la AGN informó que las operaciones con derivados financieros vinculados al oro registraron una pérdida equivalente a US$1.023 millones. El Banco Central respondió que, al considerar también la valorización del metal, su posición total obtuvo un resultado neto positivo de US$2.505 millones.

    La diferencia es importante: una cifra describe el resultado negativo de determinados instrumentos financieros, mientras que la otra presenta el rendimiento conjunto informado por la entidad.

    La AGN consideró razonables los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025, pero cuestionó la estrategia utilizada para administrar parte de sus reservas.

    Qué perdió el Banco Central y qué ganó con el oro

    Durante 2025, el precio internacional del oro aumentó y produjo una revalorización de las tenencias del BCRA. Según la AGN, esa variación generó una ganancia patrimonial superior a los 8 billones de pesos.

    Sin embargo, durante el mismo ejercicio, la entidad había contratado derivados financieros liquidables en dólares utilizando parte de sus reservas de oro como activo de respaldo.

    Estas operaciones registraron un resultado negativo de aproximadamente 1,5 billones de pesos, equivalentes a US$1.023 millones, según la información difundida por la Auditoría. El organismo sostuvo que ese resultado fue pagado con divisas y que al cierre de 2025 ya no quedaban posiciones abiertas correspondientes a esas operaciones.

    Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN, cuestionó la decisión financiera. Sostuvo que el Banco Central había apostado a una determinada evolución del precio internacional del metal y que esa previsión resultó equivocada.

    El organismo también advirtió sobre la magnitud de las reservas físicas utilizadas como respaldo de las transacciones.

    La distinción entre ambos resultados es relevante. La valorización del oro representa un aumento del valor patrimonial de las tenencias, mientras que las liquidaciones negativas de derivados pueden implicar pagos efectivos en divisas.

    Por eso, una ganancia en la cotización del activo no elimina automáticamente el costo de las operaciones financieras realizadas para administrarlo.

    La respuesta del Central y la discusión sobre las coberturas

    El Banco Central rechazó la interpretación presentada por la conducción de la AGN y defendió las operaciones como parte de una política de cobertura destinada a proteger sus reservas internacionales.

    La entidad explicó que estos instrumentos funcionan como una protección frente a posibles caídas del precio del oro. Cuando el metal aumenta de valor, como ocurrió durante 2025, la cobertura puede producir un resultado negativo, mientras que el activo protegido registra ganancias.

    Según el comunicado oficial, la estrategia se aplica sobre el 100% de su posición en oro y forma parte de una práctica que la entidad mantiene desde 2007.

    El BCRA afirmó que durante 2025 obtuvo un resultado neto positivo de US$2.505 millones al considerar conjuntamente el desempeño del metal y las coberturas financieras.

    También señaló que entre 2007 y 2011 se realizaron operaciones similares y que, en relación con el valor del oro mantenido en cartera, sus costos fueron proporcionalmente mayores que los registrados en 2025.

    La respuesta incluyó cuestionamientos a la conducción de la Auditoría, a la que acusó de actuar con fines políticos. Esa acusación corresponde a la posición del Banco Central y no modifica los resultados contables informados por ambos organismos.

    La discusión no consiste únicamente en determinar si las reservas aumentaron de valor. También comprende si el costo de las coberturas estuvo justificado por los riesgos que se buscaba reducir.

    Que la posición total haya ganado valor no significa que las operaciones de cobertura no hayan tenido pérdidas. Del mismo modo, una pérdida en los derivados no demuestra por sí sola que la estrategia completa haya resultado negativa.

    Para evaluar su conveniencia financiera se necesitan las condiciones de contratación, los riesgos cubiertos y una comparación entre el costo asumido y la protección obtenida. Las comunicaciones públicas conocidas no permiten resolver por completo esa evaluación.

    El traslado del oro sigue bajo otra auditoría

    La controversia también recuperó las preguntas sobre el traslado de reservas físicas de oro argentino al exterior.

    La AGN mantiene una auditoría específica destinada a revisar las razones de esos movimientos, el destino del metal y los posibles beneficios derivados de las operaciones.

    Según informó Olmos, el informe de esa revisión ya fue remitido al Banco Central para que presente su descargo.

    Se trata de un procedimiento diferente de la auditoría de los estados contables de 2025. Por lo tanto, la aprobación de esos balances no implica que haya concluido el examen sobre el traslado de las reservas.

    Quedan pendientes las conclusiones definitivas de esa auditoría y una evaluación documentada de los costos y beneficios de las coberturas financieras utilizadas durante 2025.

  • Gendarmería destruyó 422 kilos de drogas vinculados a 50 causas judiciales

    Gendarmería destruyó 422 kilos de drogas vinculados a 50 causas judiciales

    El procedimiento se realizó en Tucumán, por disposición del Juzgado Federal N.º 1 de Catamarca. Incluyó cocaína, marihuana, pastillas y semillas de cannabis secuestradas en distintos operativos.

    Gendarmería Nacional destruyó más de 422 kilos de estupefacientes vinculados a 50 causas judiciales en las que intervino la fuerza federal. El procedimiento se realizó el martes 6 de octubre en la provincia de Tucumán, por orden de la Justicia Federal de Catamarca.

    Según la información oficial, los efectivos incineraron 139 kilos y 477 gramos de cocaína y 282 kilos y 683 gramos de marihuana. El total de ambas sustancias alcanzó los 422 kilos y 160 gramos.

    También fueron destruidas 1.047 pastillas y 50 semillas de cannabis sativa.

    La operación estuvo a cargo del Escuadrón 67 «Catamarca», con apoyo de la Unidad de Reconocimiento «Tucumán». Las sustancias fueron trasladadas hasta un horno pirolítico ubicado a la altura del kilómetro 804, en San Miguel de Tucumán.

    La destrucción se efectuó en cumplimiento de una resolución del Juzgado Federal N.º 1 de Catamarca, que autorizó el traslado y la incineración del material secuestrado.

    El procedimiento reunió sustancias provenientes de diferentes actuaciones judiciales. No se trató de un nuevo decomiso, sino de la eliminación de drogas que ya habían sido incautadas en investigaciones anteriores.

    Aunque el comunicado oficial menciona LSD en su título, no precisa en el desarrollo qué sustancia contenían las 1.047 pastillas ni detalla las fechas de los secuestros originales.

  • Los supermercados vendieron 2,7% menos entre enero y julio de 2026

    Los supermercados vendieron 2,7% menos entre enero y julio de 2026

    El INDEC confirmó una nueva caída de las ventas a precios constantes en Argentina. En Salta, la facturación creció en términos nominales durante el primer semestre, pero ese aumento no permite concluir que se haya recuperado el consumo.

    Las ventas en supermercados argentinos acumularon una caída real del 2,7% entre enero y julio de 2026 respecto del mismo período de 2025, según la última Encuesta de Supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), publicada el 23 de septiembre.

    El retroceso también se registró en julio, cuando las ventas a precios constantes disminuyeron un 2,1% frente al mismo mes del año anterior. En la comparación mensual desestacionalizada, la actividad cayó un 0,7% respecto de junio.

    Los resultados muestran que los supermercados comercializaron un menor volumen de bienes, medido a precios constantes, pese a que la facturación en pesos continuó aumentando por efecto de los precios.

    En julio, las ventas nacionales a precios corrientes alcanzaron los 2,59 billones de pesos, con un incremento interanual del 25,8%. Sin embargo, ese crecimiento nominal convivió con una caída de las ventas reales.

    La diferencia es importante: facturar más dinero no significa necesariamente vender una mayor cantidad de productos.

    Qué muestran los datos de Salta

    La Dirección General de Estadísticas y Censo de Salta publicó el 17 de septiembre un informe provincial elaborado a partir de la Encuesta de Supermercados del INDEC, con resultados correspondientes al primer semestre de 2026.

    Según ese relevamiento, las ventas de supermercados salteños acumularon una facturación de 247.743 millones de pesos entre enero y junio, un aumento nominal del 21,4% frente al mismo período de 2025.

    Durante junio, la facturación provincial alcanzó los 44.584 millones de pesos, con una variación interanual positiva del 25,9%.

    Los principales rubros fueron almacén, carnes, artículos de limpieza y perfumería, y bebidas, que concentraron el 76,8% de la facturación del semestre.

    Salta también representó el 29,6% de las ventas nominales de supermercados de todo el Noroeste Argentino durante ese período, convirtiéndose en la provincia con mayor participación regional.

    Sin embargo, estos resultados están expresados a precios corrientes. Por lo tanto, no permiten determinar cuánto aumentaron o disminuyeron las cantidades efectivamente vendidas después de descontar la inflación.

    Esta distinción también impide trasladar automáticamente la caída real nacional del 2,7% a Salta o a los departamentos del norte provincial.

    El informe nacional permite conocer la evolución general de las ventas a precios constantes, mientras que las estadísticas provinciales consultadas muestran principalmente la facturación nominal.

    Para establecer cuánto cayó o creció el consumo real en Salta y comparar su comportamiento con otras provincias del NOA, es necesario contar con un procesamiento regional que permita descontar adecuadamente las variaciones de precios.

    El próximo informe del INDEC permitirá conocer si la caída nacional continuó durante agosto. Para el norte salteño permanece pendiente una medición específica que diferencie la evolución de los precios de las cantidades vendidas.

  • El campo salteño reclama obras obligatorias para recuperar el ramal C15

    El campo salteño reclama obras obligatorias para recuperar el ramal C15

    La Sociedad Rural Salteña pidió revisar los pliegos de la concesión del Belgrano Cargas para incorporar inversiones en los ramales C14 y C15. La entidad anunció gestiones ante autoridades provinciales y legisladores nacionales antes del cierre de la licitación.

    La Sociedad Rural Salteña se sumó al reclamo de las entidades productivas del norte argentino para que el Gobierno nacional incorpore obras obligatorias en los ramales C14 y C15 del ferrocarril Belgrano Cargas, actualmente incluidos en el proceso de concesión de la red ferroviaria.

    El presidente de la entidad, Alfredo Figueroa, cuestionó que ambos corredores hayan quedado fuera de las inversiones obligatorias previstas en los pliegos, pese a su importancia para la producción y el transporte de mercaderías del norte salteño.

    El ramal C15 conecta Perico, en Jujuy, con Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia, y atraviesa zonas productivas de los departamentos Orán y San Martín. Su recuperación permitiría ampliar las alternativas de transporte para las actividades agrícolas, industriales y comerciales de la región.

    El C14, en tanto, constituye una conexión ferroviaria estratégica hacia Chile.

    Según informó El Tribuno, Figueroa anticipó gestiones ante el coordinador de Relaciones Políticas de Salta, Ricardo Villada, y legisladores nacionales para plantear modificaciones a las condiciones de la licitación.

    El reclamo se concentra en una diferencia concreta: mientras determinadas obras ferroviarias deben ejecutarse obligatoriamente, las intervenciones previstas para los corredores del norte tienen carácter optativo. Por lo tanto, su recuperación dependerá de las decisiones de inversión de los futuros concesionarios.

    La licitación nacional contempla concesiones por 50 años y establece el 11 de noviembre de 2026 como fecha límite para presentar ofertas.

    REDmedios.io ya había informado sobre la ausencia de inversiones obligatorias para el C15 y su impacto potencial sobre la conectividad productiva del norte salteño.

    La nueva intervención de la Sociedad Rural busca incorporar ese reclamo a las negociaciones previas a la adjudicación. Hasta el momento no se confirmó ninguna modificación de los pliegos que garantice obras en los ramales C14 y C15.

  • Estados Unidos evalúa inversiones mientras Salta presenta proyectos de infraestructura

    Estados Unidos evalúa inversiones mientras Salta presenta proyectos de infraestructura

    La provincia recibió a una delegación estadounidense en el marco del Corredor Andes-Atlántico y expuso iniciativas vinculadas con minería, conectividad, logística y energía. El acuerdo nacional prevé explorar financiamiento por hasta USD 7.000 millones hasta 2027, aunque todavía no hay fondos asignados para proyectos salteños.

    Salta quedó esta semana dentro de una negociación de escala nacional que busca abrir financiamiento e inversiones para obras estratégicas en el norte argentino. En el marco del Corredor Andes-Atlántico, una delegación de Estados Unidos se reunió con autoridades provinciales y recibió una carpeta de proyectos vinculados con infraestructura, minería, conectividad y logística.

    El dato central para la provincia no es que ya haya inversiones confirmadas, sino que entró en la etapa de presentación y evaluación de iniciativas dentro de un esquema más amplio de cooperación económica entre Argentina y Estados Unidos.

    El Corredor Andes-Atlántico es una agenda de trabajo orientada a fortalecer la infraestructura necesaria para conectar áreas productivas del oeste y del norte del país con puertos, redes energéticas y corredores de exportación. En ese marco se busca facilitar inversiones en obras consideradas estratégicas para la producción, el comercio exterior y la integración territorial.

    Según el esquema presentado a nivel nacional, el acuerdo contempla la posibilidad de explorar financiamiento por hasta USD 7.000 millones hasta 2027. Sin embargo, esa cifra no equivale a dinero ya desembolsado ni a proyectos aprobados de manera automática. Se trata de un marco de referencia para futuras operaciones, sujetas a evaluación técnica, financiera y política.

    Dentro de ese total potencial, una porción importante está asociada al desarrollo de Argentina LNG, mientras que otras líneas podrían orientarse a infraestructura vinculada con energía, transporte, minería y conectividad.

    Qué presentó Salta

    En la reunión mantenida con la delegación estadounidense, el gobierno salteño expuso una serie de proyectos que considera prioritarios para mejorar la competitividad de la provincia y aprovechar su posición geográfica dentro de los circuitos de comercio con Chile y el Pacífico.

    Entre las iniciativas mencionadas aparece una nueva conexión de fibra óptica hacia el Paso de Sico, un punto clave de vinculación con Chile. La obra apunta a reforzar la conectividad digital en una zona de valor logístico y productivo para el movimiento de cargas, la actividad minera y el desarrollo de servicios.

    También se incluyeron proyectos vinculados con infraestructura para la minería y mejoras de conectividad física y operativa en áreas que cumplen un papel importante en la salida de producción y en la integración con corredores internacionales.

    Para Salta, el interés de fondo pasa por lograr que el crecimiento de sectores como la minería del litio, la provisión de energía y los servicios logísticos cuente con obras de soporte. Sin esa base, la expansión productiva encuentra límites en rutas, comunicaciones, abastecimiento y tiempos de traslado.

    La provincia busca posicionarse como un nodo de articulación entre los proyectos productivos del noroeste y las rutas de exportación. Por eso, el ingreso a esta mesa de evaluación no es un dato menor, aun cuando todavía no existan anuncios concretos de adjudicación.

    Qué significa y qué no significa el acuerdo

    La visita de la delegación estadounidense permitió mostrar proyectos y abrir un canal de análisis, pero no implica que Salta ya tenga asegurado financiamiento.

    Ese punto es central porque el número de USD 7.000 millones puede dar una imagen de inmediatez que hoy no existe. El acuerdo funciona como una plataforma para estudiar posibles operaciones, no como una asignación automática de recursos.

    Tampoco conviene confundir este esquema con el Corredor Bioceánico en sentido amplio. Aunque ambos conceptos se relacionan con la salida de producción y la integración regional, el Corredor Andes-Atlántico aparece en este caso como una iniciativa específica de cooperación económica y evaluación de proyectos estratégicos.

    En términos prácticos, lo que está en juego para Salta es la posibilidad de que algunas de sus obras prioritarias entren en un radar de financiamiento internacional. Para eso, cada proyecto deberá superar filtros de factibilidad, impacto, prioridad y estructura de repago o sostenibilidad.

    Ese proceso puede ser largo y no garantiza resultados inmediatos. Pero sí coloca a la provincia en una etapa de visibilidad y negociación que puede ser relevante para su agenda de infraestructura.

    El contexto también importa. Salta viene impulsando inversiones en minería, energía y conectividad, sectores en los que la falta de infraestructura adecuada suele ser uno de los principales cuellos de botella. En ese escenario, cualquier ventana de financiamiento externo adquiere valor estratégico.

    Por ahora, el resultado concreto es que la provincia presentó sus proyectos y quedó dentro de una instancia de evaluación en la que Estados Unidos analiza posibles oportunidades de inversión y financiamiento. Lo que sigue será determinar cuáles de esas iniciativas tienen posibilidades reales de avanzar y bajo qué condiciones.

    La diferencia entre expectativa y ejecución será la clave de la próxima etapa. Hoy Salta logró sentarse en la mesa; todavía falta saber si alguno de sus proyectos pasará de la carpeta a la obra.

  • Policías de Salta participaron de tres capacitaciones en otras provincias

    Policías de Salta participaron de tres capacitaciones en otras provincias

    Efectivos de distintas áreas de la Policía provincial recibieron formación especializada en protección de autoridades, caballería y negociación de crisis. Las actividades se desarrollaron en instituciones policiales de Buenos Aires y Tucumán.

    Personal de la Policía de Salta participó de tres cursos nacionales de formación especializada realizados en Buenos Aires y Tucumán. Las capacitaciones estuvieron orientadas a incorporar conocimientos técnicos para distintas funciones del servicio de seguridad, según informó este jueves 8 de octubre el Ministerio de Seguridad provincial.

    Uno de los efectivos, perteneciente al Departamento Casa de Gobierno, aprobó el Curso Básico de Protección de Dignatarios, organizado por la Policía Federal Argentina en Buenos Aires.

    La formación incluyó técnicas de custodia y protección de autoridades, medicina táctica, rescate en aguas, conducción vehicular, apoyo táctico, supervivencia y procedimientos de evacuación de aeronaves.

    En otra instancia, dos integrantes del Departamento Caballería Capital participaron del Curso de Caballería Policial, dictado por el cuerpo de Policía Montada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Durante esa capacitación recibieron instrucción sobre cuidado y bienestar de los caballos, identificación de enfermedades, señales de alerta y técnicas de manejo de equinos utilizados en tareas policiales.

    La tercera actividad se desarrolló en Tucumán, donde personal de los departamentos de Infantería y Seguridad Urbana participó del III Curso Nacional de Negociador Policial.

    El programa abordó herramientas para intervenir en situaciones de crisis, negociación con personas que mantienen rehenes, comunicación, evaluación de riesgos, indicadores de violencia y aspectos legales de las intervenciones.

    Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que estas actividades forman parte de una política de actualización permanente y especialización del personal policial.

    El comunicado oficial no precisó el costo de las capacitaciones, la cantidad total de efectivos participantes ni si los conocimientos adquiridos serán replicados mediante cursos internos en las distintas dependencias policiales de Salta.

  • La Fiscalía investiga contrataciones municipales por lavado en Aguas Blancas

    La Fiscalía investiga contrataciones municipales por lavado en Aguas Blancas

    La Justicia Federal investiga si la Municipalidad de Aguas Blancas fue utilizada para dar apariencia legal a dinero presuntamente proveniente del narcotráfico y el contrabando. El exintendente Carlos “Conejo” Martínez se entregó el miércoles en Orán. Once personas fueron imputadas y siete quedaron con prisión preventiva.

    La investigación federal sobre una presunta organización dedicada al lavado de activos en el norte salteño incorporó una acusación de alcance institucional: la Fiscalía sostiene que la Municipalidad de Aguas Blancas habría sido utilizada para justificar movimientos de dinero de origen ilícito mediante contrataciones de servicios y operaciones con empresas vinculadas a los investigados.

    La hipótesis fue expuesta durante una audiencia realizada el martes 6 de octubre ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. Los fiscales formalizaron la investigación contra once personas por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo.

    Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas y señalado por los investigadores como presunto responsable de la organización, no participó de esa audiencia. Permanecía prófugo desde los procedimientos realizados el sábado anterior y se presentó voluntariamente el miércoles 7 de octubre en la Comisaría N.º 4 del barrio Aeroparque, en Orán, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal.

    Su situación procesal debía tratarse en una audiencia posterior a la de los otros once investigados. Hasta la mañana de este jueves no se había podido confirmar una nueva resolución judicial sobre su imputación y las medidas de coerción que podrían corresponderle en este expediente.

    Cómo habría funcionado el circuito de lavado

    La acusación fue presentada por los fiscales federales Eduardo Villalba y Diego Velasco, con intervención de equipos especializados de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

    Según la reconstrucción fiscal difundida tras la audiencia, la presunta organización habría recurrido a un conjunto de sociedades y operaciones comerciales para incorporar dinero procedente del narcotráfico y el contrabando al circuito económico formal.

    El auxiliar fiscal Alberto Barbuto explicó que el mecanismo investigado contempla tres etapas. La primera consiste en introducir fondos de origen delictivo en operaciones económicas. La segunda implica distribuirlos mediante cuentas, empresas y contrataciones para dificultar su seguimiento. La tercera busca que esos recursos regresen al patrimonio de sus beneficiarios con una apariencia de legalidad.

    En ese esquema, determinadas contrataciones municipales habrían funcionado como respaldo documental de operaciones utilizadas para justificar ingresos y egresos de dinero.

    La Fiscalía deberá demostrar qué contrataciones estuvieron involucradas, cómo circularon los fondos, quiénes participaron y qué relación existía entre las operaciones y las actividades delictivas investigadas.

    Durante la audiencia, Villalba también sostuvo que Martínez habría destinado dinero en dólares a la compra de votos durante las elecciones municipales de 2023 y que, después de asumir como intendente, habría ampliado la estructura investigada.

    El fiscal mencionó además presuntos mecanismos de protección mediante contactos con integrantes de fuerzas de seguridad y otros actores institucionales. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y todavía deben ser examinadas en el proceso judicial.

    Los investigadores sostienen que algunas de las actividades atribuidas a la organización habrían continuado incluso después de la salida de Martínez de la intendencia, en septiembre de 2024.

    Una investigación que alcanza a la estructura municipal

    La situación institucional de Aguas Blancas ya había motivado una intervención provincial dos años atrás.

    El 26 de septiembre de 2024, la Legislatura de Salta sancionó la Ley 8453, que dispuso la intervención del Departamento Ejecutivo municipal. La norma fue promulgada el 30 de septiembre y estableció el cese del intendente en ejercicio.

    Mediante el Decreto 606, el Gobierno provincial designó a Adrián Zigarán como interventor.

    La medida se produjo en medio de una crisis institucional vinculada con investigaciones judiciales que involucraban a Martínez, aunque ese proceso debe distinguirse de las acusaciones de lavado de activos presentadas ahora ante la Justicia Federal.

    La nueva investigación demandó aproximadamente dos años de trabajo y derivó en 32 allanamientos realizados en Orán, localidades cercanas y la capital salteña.

    Durante los procedimientos se secuestraron 35 teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos y documentación contable. El análisis de esos elementos será parte de las próximas medidas probatorias.

    En la audiencia del martes, el juez Montoya dispuso la prisión preventiva de siete de los once imputados. Los otros cuatro quedaron en libertad bajo restricciones, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de permanecer sometidos al proceso.

    El magistrado también estableció un plazo de seis meses para continuar la investigación y rechazó el pedido fiscal de declarar la causa de trámite complejo.

    La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena. Del mismo modo, la formalización de una investigación permite avanzar con la producción de pruebas, pero no establece por sí misma la responsabilidad penal de los acusados.

    La etapa que comienza será determinante para verificar el presunto circuito financiero, establecer si existieron contrataciones municipales utilizadas para encubrir fondos ilícitos y precisar la participación atribuida a cada investigado.

    También resta conocer la resolución judicial sobre la situación de Martínez tras su entrega. Hasta que esas cuestiones sean resueltas, la utilización del municipio para lavar dinero continúa siendo una hipótesis de la acusación fiscal, no un hecho judicialmente probado.

  • Tartagal busca aliviar al comercio con la eliminación de tres tasas

    Tartagal busca aliviar al comercio con la eliminación de tres tasas

    La Municipalidad, encabezada por Franco Hernández Berni, impulsa una reducción de las cargas tributarias que afectan a comerciantes y emprendedores. La iniciativa apunta a disminuir costos operativos y acompañar la actividad económica local.

    La Municipalidad de Tartagal anunció una medida de alivio fiscal destinada a comerciantes, emprendedores y establecimientos gastronómicos de la ciudad. La gestión del intendente Franco Hernández Berni propone eliminar tres tasas municipales vinculadas con el funcionamiento cotidiano de los negocios, con el objetivo de reducir gastos y facilitar el desarrollo de la actividad comercial.

    La iniciativa fue comunicada a fines de septiembre y ratificada oficialmente el 1 de octubre. Forma parte de una agenda de trabajo que el municipio viene desarrollando con representantes del sector privado para revisar las cargas tributarias locales y generar mejores condiciones para quienes sostienen emprendimientos y comercios.

    La propuesta contempla la eliminación de tres conceptos específicos:

    • Tasa de Publicidad y Propaganda: vinculada con la publicidad comercial alcanzada por la normativa municipal.
    • Sellado Anual del Cuaderno de Inspección Comercial: un cargo administrativo relacionado con la actividad de los establecimientos.
    • Tasa por Colocación de Mesas: aplicada al uso comercial de espacios públicos, especialmente en actividades gastronómicas.

    La supresión de estos conceptos permitiría disminuir determinados costos municipales sin modificar directamente las obligaciones vinculadas con otros servicios o tributos.

    Una iniciativa surgida del diálogo con el comercio

    La reducción de tasas forma parte de los compromisos que el Ejecutivo municipal comenzó a plantear durante abril, luego de encuentros con representantes del Centro Empresario de Tartagal y otras organizaciones vinculadas con la actividad económica.

    En esas conversaciones se abordaron las dificultades que atraviesan los comercios, especialmente por los costos de funcionamiento y la menor actividad de consumo.

    Hernández Berni explicó públicamente que la intención es aliviar las cargas tributarias para que los comerciantes puedan destinar una mayor proporción de sus recursos al funcionamiento de sus negocios, la promoción de productos y las inversiones.

    La medida también contempla a los establecimientos gastronómicos que utilizan mesas en espacios públicos, un sector para el que ese concepto representa un costo adicional de funcionamiento.

    El anuncio municipal se inscribe en una estrategia que busca acompañar al sector privado mediante la revisión de tasas locales, sin depender exclusivamente de programas de asistencia económica.

    En términos prácticos, la propuesta apunta a que pequeños comercios y emprendimientos tengan menos obligaciones tributarias municipales asociadas a sus actividades habituales.

    El proyecto de reducción fue remitido al Concejo Deliberante mediante el expediente 20.012/26. Aunque el municipio comunicó públicamente la eliminación de las tasas, todavía no se pudo corroborar la aprobación definitiva de la norma ni su fecha de aplicación.

    Tampoco se difundió una estimación oficial del ahorro que representaría para cada contribuyente, ya que dependerá de las características y obligaciones de cada establecimiento.

    La próxima instancia será confirmar la implementación normativa de la medida y las condiciones bajo las cuales los comerciantes podrán acceder efectivamente a la reducción anunciada.

  • El test gratuito permite detectar hepatitis C antes de los síntomas

    El test gratuito permite detectar hepatitis C antes de los síntomas

    La infección puede permanecer durante años sin manifestaciones y provocar daños en el hígado. En Argentina se recomienda realizar el análisis al menos una vez desde los 18 años. Existen tratamientos capaces de curar más del 95% de los casos.

    La hepatitis C es una infección viral que afecta al hígado y puede avanzar durante años sin producir síntomas. Esa característica dificulta su detección temprana y permite que algunas personas desarrollen complicaciones antes de conocer su diagnóstico.

    Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando la infección persiste puede provocar cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado. Sin embargo, los tratamientos antivirales actuales permiten eliminar el virus en más del 95% de los casos.

    En Argentina, el Ministerio de Salud recomienda que todas las personas se realicen al menos una vez en la vida el análisis de hepatitis C a partir de los 18 años, incluso cuando no presentan síntomas ni conocen antecedentes de exposición.

    La infección se transmite principalmente por contacto con sangre infectada. Entre las situaciones de riesgo se encuentran compartir agujas o jeringas, utilizar instrumentos sin esterilizar para tatuajes o piercings y haber recibido transfusiones antes de 1992, cuando todavía no se aplicaban los controles actuales.

    La hepatitis C no se transmite por abrazos, compartir alimentos, dar la mano ni mediante el contacto cotidiano.

    Cómo acceder al diagnóstico y al tratamiento

    El diagnóstico comienza con un análisis de sangre que detecta anticuerpos contra el virus. Si el resultado es positivo, se necesita una segunda prueba que identifique el material genético viral para determinar si existe una infección activa.

    La presencia de anticuerpos no significa necesariamente que la persona continúe infectada, ya que algunas personas eliminan el virus espontáneamente.

    La Ley Nacional 27.675 establece que las pruebas diagnósticas de las hepatitis virales deben ser voluntarias, gratuitas, confidenciales y accesibles para todas las personas que las soliciten.

    La normativa también garantiza la atención integral y el acceso gratuito al tratamiento en el sistema público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.

    Los medicamentos utilizados actualmente son antivirales de acción directa. Se administran por vía oral y, en muchos casos, permiten completar el tratamiento en ocho o doce semanas. La duración y el esquema dependen de la evaluación médica y del estado del hígado.

    La curación elimina la infección, pero no genera inmunidad. Una persona que recibió tratamiento exitoso puede volver a contraer hepatitis C si se expone nuevamente al virus.

    Actualmente no existe una vacuna contra esta infección, por lo que la prevención depende de evitar el contacto con sangre potencialmente contaminada y utilizar materiales seguros en procedimientos médicos, estéticos y personales.

    Quienes nunca se realizaron el análisis pueden consultar en un centro de salud u hospital para solicitarlo. Ante un resultado positivo, corresponde completar los estudios confirmatorios y recibir evaluación profesional para definir el tratamiento adecuado.

    Para obtener orientación, el Ministerio de Salud de la Nación dispone de la línea gratuita 0800-333-3444.