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Economía & Producción

El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, señaló que la actividad privada atraviesa una etapa de “estrangulamiento” y planteó la necesidad de debatir el ritmo del proceso desinflacionario. Si bien reconoció los resultados fiscales y monetarios del Gobierno en la baja de la inflación, sostuvo que el impacto sobre la economía real obliga a revisar la velocidad del ajuste.

Brito afirmó que comparte la política fiscal y monetaria orientada a consolidar el superávit y reducir la inflación, pero advirtió que el actual escenario genera tensiones en el sector productivo. En ese marco, consideró que podría evaluarse una mayor prudencia en materia monetaria para evitar mayores efectos contractivos sobre la actividad privada.

También se refirió a la situación del crédito, en particular a las restricciones históricas para prestar dólares en el sistema financiero argentino. Señaló que, con mecanismos prudentes y escalonados, ampliar el acceso al financiamiento en moneda extranjera podría canalizar parte de los dólares que hoy están fuera del sistema y dinamizar sectores con capacidad de generar divisas.

El titular de la entidad aclaró que no se trata de una apertura total e inmediata del crédito en dólares, sino de analizar alternativas que permitan impulsar la inversión sin comprometer la estabilidad financiera.

Para economías regionales como las del norte argentino, donde el acceso al financiamiento productivo es limitado y las tasas en pesos resultan elevadas, el debate sobre crédito y política monetaria tiene impacto directo. Sectores como agroindustria, minería y pymes comerciales dependen en gran medida de la disponibilidad de capital de trabajo y líneas de inversión.

En paralelo, Brito inauguró en Mendoza el Parque Solar Anchoris, desarrollado por Genneia, empresa de energías renovables que también preside. El proyecto demandó una inversión de 160 millones de dólares y forma parte de un plan que prevé ampliar la capacidad instalada en energía solar en la región de Cuyo hacia 2026.

El planteo del banquero se inscribe en un debate más amplio sobre cómo compatibilizar el objetivo de estabilidad macroeconómica con la necesidad de sostener la actividad y el empleo en un contexto de reconfiguración productiva.

Economía & Producción

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, señala que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se redujo tanto la cantidad de empleadores como el empleo registrado en la provincia de Salta.

En ese período, los empleadores con trabajadores registrados pasaron de 9.041 a 8.727, lo que implica 314 empresas menos, una caída del 3,5%. La serie mensual muestra oscilaciones, pero sin recuperar los niveles iniciales.

El comercio fue el sector más afectado en términos absolutos, con 203 empleadores menos. También retrocedieron servicios de alojamiento y comidas, con 62 menos, y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una baja de 44. En contraste, actividades administrativas y servicios de apoyo sumaron 45 empleadores, la construcción incorporó 23 y la explotación de minas y canteras agregó 15.

En términos relativos, la mayor caída se registró en servicios artísticos, culturales y deportivos, con una contracción del 23,8%, seguida por intermediación financiera (-11,8%) y alojamiento y comidas (-10,7%).

La reducción del entramado empresarial se reflejó en el empleo formal. En dos años se perdieron 7.167 puestos registrados, lo que representa una baja del 2,8%, al pasar de 255.905 a 248.738 trabajadores.

La construcción encabezó la pérdida de empleo con 4.151 puestos menos. Le siguieron agricultura, ganadería y pesca (-1.395), actividades administrativas y de apoyo (-989), comercio (-770) y alojamiento y comidas (-706). Por el contrario, información y comunicaciones generó 561 nuevos empleos, la industria manufacturera sumó 429, la enseñanza incorporó 391 y la minería añadió 234 puestos.

Si se observa la variación porcentual, el mayor deterioro volvió a darse en servicios artísticos, culturales y deportivos (-27,6%), junto con organizaciones extraterritoriales (-27%) y construcción (-24,4%). Del lado opuesto, crecieron información y comunicaciones (+31,3%), servicios inmobiliarios (+17,9%) y agua y saneamiento (+9,7%).

El informe también destaca que la contracción se concentró principalmente en pymes. Las firmas de hasta 500 trabajadores explican el 99,7% de la caída en la cantidad de empleadores y el 76,4% de la pérdida de puestos de trabajo. En términos porcentuales, las empresas pequeñas redujeron su dotación un 4,5%, frente a una baja del 1,3% en las grandes compañías.

En el norte provincial, donde el tejido productivo depende en gran medida de pequeñas y medianas empresas vinculadas al comercio, la construcción y las economías regionales, esta dinámica impacta de forma directa en el empleo y el movimiento económico local. Al mismo tiempo, el crecimiento en sectores como minería, industria e información y comunicaciones sugiere cambios en el perfil productivo que podrían profundizarse en los próximos años.

Economía & Producción

Las uniones industriales de diez provincias del NOA y NEA advirtieron sobre el deterioro de la actividad manufacturera en la región y reclamaron la declaración de la emergencia industrial. El planteo fue realizado en San Miguel de Tucumán por las entidades que integran UNINOR, que agrupa a Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

En un documento conjunto, las cámaras expresaron preocupación por el escenario económico que atraviesan las empresas del Norte Grande y señalaron que la producción y el empleo enfrentan un contexto de creciente incertidumbre. Sostienen que la región no puede ser considerada una variable de ajuste, ya que representa inversión, trabajo y desarrollo territorial.

Entre los factores que afectan la competitividad mencionaron la caída del consumo interno, la presión tributaria en distintos niveles del Estado, la falta de financiamiento productivo y las altas tasas de interés. También alertaron por el impacto de importaciones que, según indicaron, compiten en condiciones desiguales, ya sea por distorsiones internas o por subsidios en los países de origen.

Las entidades advirtieron que el cierre de industrias en el Norte tiene consecuencias económicas y sociales directas, ya que implica pérdida de empleo, menor actividad para proveedores locales y debilitamiento del arraigo territorial. Además, vincularon la baja densidad industrial con los indicadores sociales más críticos de la región.

Entre las propuestas, UNINOR planteó conformar una mesa de trabajo con los gobiernos provinciales y la Unión Industrial Argentina para abordar la situación y avanzar en medidas concretas. El eje central del reclamo es la declaración de la emergencia industrial, junto con alivios impositivos coordinados, mejoras en el acceso al crédito productivo, ordenamiento de importaciones y un plan de infraestructura que mejore la competitividad regional.

En Salta y particularmente en el norte provincial, donde la estructura productiva depende en gran medida de economías regionales, pymes industriales y cadenas vinculadas a la agroindustria, cualquier retracción impacta de manera directa en el empleo y en la actividad comercial. La evolución de este planteo será clave para evaluar si se abren instancias de negociación con Nación y qué medidas concretas podrían implementarse.

Las cámaras industriales señalaron que el momento exige decisiones y coordinación institucional para sostener la producción y evitar una mayor pérdida de puestos de trabajo en el Norte Grande.

Economía & Producción

Las primeras mediciones privadas de febrero muestran una nueva aceleración en alimentos, que ya rondan el 3,4% mensual en las últimas cuatro semanas. La suba de la carne explica casi la mitad del aumento y vuelve a poner en duda la posibilidad de perforar el 2% de inflación en el corto plazo.

Aunque enero cerró con un 2,9% según el dato oficial, los relevamientos de consultoras indican que febrero arrancó con mayor presión en góndolas. El índice de alimentos se incrementó cerca de un punto porcentual respecto del período previo y acumula varios meses sin mostrar una desaceleración firme.

La carne volvió a concentrar el mayor impacto. En la tercera semana de febrero registró un alza del 1,9% y acumula una suba del 5,3% en las últimas cuatro semanas. Ese comportamiento explica aproximadamente el 50% de la inflación promedio del rubro alimenticio.

En paralelo, el precio de la hacienda en el Mercado de Cañuelas subió alrededor de $400 en la última semana, movimiento que aún no se trasladó por completo al consumidor y que podría generar nuevos ajustes en los próximos días.

Otros segmentos mostraron bajas parciales. Frutas, bebidas para consumo en el hogar y lácteos registraron retrocesos cercanos al 0,9% en la última medición, y la mayoría de los productos relevados no presentó cambios. Sin embargo, el núcleo de alimentos básicos mantiene una dinámica superior al promedio general.

En el departamento San Martín, donde la carne tiene un peso central en el consumo cotidiano y en el comercio minorista, cualquier ajuste impacta de manera directa en el gasto familiar y en el volumen de ventas de carnicerías y negocios barriales. La evolución de este rubro es clave para medir el poder adquisitivo local.

Con este escenario, el objetivo oficial de consolidar una inflación por debajo del 2% mensual enfrenta un desafío concreto. Las próximas semanas serán determinantes para confirmar si se trata de un repunte transitorio o de un nuevo piso en los precios de los alimentos.