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Economía y Producción

El consumo privado volvió a mostrar señales de recuperación y alcanzó niveles altos en los indicadores generales, pero los datos también muestran una mejora desigual. El repunte no llega del mismo modo a todos los hogares, rubros ni regiones del país.

La foto general puede marcar un crecimiento, pero detrás de ese número conviven realidades distintas. Algunos sectores vinculados a bienes durables, servicios, crédito o compras puntuales muestran mayor movimiento, mientras que el consumo cotidiano sigue más condicionado por salarios, empleo, precios y endeudamiento familiar.

Para muchas familias, la recuperación no se mide en grandes operaciones, sino en decisiones de todos los días: cuánto se compra en el supermercado, si se puede pagar una cuota, renovar ropa, cargar combustible, afrontar servicios o llegar con margen a fin de mes.

Esa diferencia también se siente en los comercios. Mientras algunos rubros pueden recuperar ventas, otros siguen dependiendo de promociones, financiación o compras más chicas. En barrios y ciudades del interior, el pulso del consumo suele verse antes en almacenes, farmacias, ferreterías, carnicerías y pymes locales que en los grandes indicadores nacionales.

En provincias como Salta, el dato obliga a mirar más allá del promedio. El norte argentino arrastra brechas de ingresos, informalidad laboral y costos logísticos que hacen que una mejora nacional no siempre se traduzca de manera rápida en mayor poder de compra.

La recuperación del consumo, entonces, existe en algunos sectores, pero todavía no aparece como una mejora pareja. El desafío será ver si ese repunte se sostiene, si alcanza al consumo masivo y si logra impactar en comercios, trabajadores y familias que siguen ajustando sus gastos.

El dato central no es solo que el consumo haya subido, sino cómo se reparte esa recuperación. Ahí estará la clave para entender si se trata de una mejora amplia o de un rebote concentrado en determinados sectores.

Economía y Producción

El proyecto conocido como Súper RIGI obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado, donde se definirá si el régimen para grandes inversiones se convierte en ley. La iniciativa fue aprobada con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones.

El régimen apunta a atraer proyectos de gran escala, con inversiones superiores a los US$ 1.000 millones, mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. El Gobierno lo presenta como una herramienta para impulsar nuevos sectores productivos y ampliar la llegada de capitales al país.

Para provincias como Salta, la discusión tiene una lectura directa. Minería, energía, infraestructura, servicios y proveedores regionales aparecen como áreas que podrían verse alcanzadas si el régimen logra atraer proyectos de gran volumen.

Uno de los puntos incorporados durante el debate fue una cláusula de “Compre Nacional” del 20%, pensada para que parte de las contrataciones queden en empresas locales. Ese aspecto será clave para medir si las inversiones generan movimiento real en pymes, comercios, transporte, logística y empleo.

El desafío no será solamente que lleguen inversiones, sino cuánto impacto dejan en el territorio. En el norte argentino, donde muchos proyectos requieren rutas, energía, conectividad y mano de obra calificada, la discusión también pasa por infraestructura y formación laboral.

La iniciativa, sin embargo, también recibió críticas. Legisladores opositores cuestionaron el costo fiscal, la amplitud de los beneficios y la posibilidad de que se generen economías de enclave: grandes proyectos que exportan valor, pero dejan poco desarrollo local.

Ahora el Senado tendrá la última palabra. Para Salta y otras provincias productivas, el debate central será si el Súper RIGI puede convertirse en una herramienta de inversión con proveedores, empleo y obras concretas, o si quedará como un esquema de beneficios sin suficiente anclaje territorial.

Economía y Producción

El sindicato de trabajadores del gas y petróleo privados de Salta y Jujuy decidió desafiliarse de la federación nacional que nuclea a los gremios de base del sector.

La decisión fue tomada el 12 de junio durante una asamblea general extraordinaria realizada en Tartagal, donde una amplia mayoría votó a favor de la desvinculación.

Según explicó Sebastián Barrios, secretario general del sindicato del norte, la medida busca recuperar autonomía en las negociaciones con las empresas, en las decisiones gremiales y en la administración de los recursos.

Uno de los puntos centrales del conflicto es económico. Barrios señaló que hasta ahora el 40% de los aportes quedaba para la federación nacional y denunció una retención indebida de recursos durante los últimos seis meses, situación que fue planteada ante la Justicia.

El dirigente también vinculó la ruptura con los incidentes ocurridos semanas atrás en General Güemes, donde se generó una fuerte tensión entre sectores sindicales. Desde el gremio norteño sostienen que ningún trabajador de Salta y Jujuy fue detenido ni estuvo involucrado en hechos de violencia.

La salida de la federación nacional no es un caso aislado. Según Barrios, otros sindicatos del sector, como Cuyo, Cuenca Austral, Entre Ríos y Tierra del Fuego, ya habían tomado decisiones similares.

Además de la cuestión sindical, Barrios cuestionó los discursos políticos que plantean retomar pozos someros abandonados o avanzar sobre la cuenca hidrocarburífera Los Monos como salida laboral inmediata para la región.

El dirigente advirtió que esos planteos generan expectativas sin sustento técnico ni económico si no existe una inversión concreta y de gran escala. Según remarcó, intervenir pozos de muy baja producción requiere costos elevados y no resulta atractivo para el sector privado sin condiciones claras de rentabilidad.

También sostuvo que un desarrollo real de Los Monos demandaría una inversión multimillonaria y una decisión estratégica similar a la que en su momento permitió impulsar Vaca Muerta, con participación fuerte del Estado nacional y de YPF como actor inicial.

Para el norte salteño, el debate no es menor: petróleo y gas siguen ligados a empleo, historia productiva y expectativas de desarrollo. Pero el planteo del sindicato apunta a marcar una diferencia entre proyectos técnicamente viables y promesas políticas que pueden alimentar falsas ilusiones en una región que necesita trabajo genuino.