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Economía y Producción

Más de 60 familias de San José de Metán, Río Piedras y Lumbreras quedaron en el centro de un reclamo contra Transportadora de Gas del Norte por la contratación de personal que, según denuncian, no respeta las ordenanzas municipales que priorizan la mano de obra local.

La protesta fue impulsada por trabajadores vinculados a la construcción y por referentes sindicales que cuestionan que la empresa tome personal de otras provincias y de Salta capital mientras vecinos de la zona siguen sin acceso a esos puestos.

El planteo fue expresado por Federico López, referente de SITRAIC, quien sostuvo que el conflicto no es solo laboral, sino también social, porque detrás del reclamo hay decenas de familias que esperan una oportunidad de empleo en un contexto económico ajustado.

El eje de la discusión pasa por el cumplimiento de normas municipales que, según los manifestantes, establecen prioridad para trabajadores de cada localidad cuando hay obras o actividad empresarial en la zona. Desde esa mirada, el problema no es solamente quién consigue el puesto, sino qué lugar ocupan las comunidades locales frente a empresas que operan en su territorio.

La manifestación se realizó frente a la empresa y forma parte de una disputa que también busca abrir una instancia de diálogo. Según se informó, los trabajadores fueron convocados a una reunión para este jueves, donde se espera que puedan plantear formalmente el reclamo.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una tensión habitual en distintas localidades del interior salteño: cuando llegan obras o empresas, una de las principales demandas de los vecinos es que esa actividad genere trabajo real para la zona y no quede concentrada en personal traído desde afuera.

Aunque el conflicto se desarrolla en el sur provincial, el planteo toca un problema más amplio en Salta: la necesidad de que la actividad económica y la inversión tengan impacto concreto en el empleo local. En pueblos y ciudades del interior, esa discusión suele ser especialmente sensible por la escasez de oportunidades laborales.

Ahora, el foco estará puesto en la reunión convocada para destrabar la situación. Allí podría definirse si hay una salida negociada o si el reclamo escala con nuevas medidas de protesta.

Economía y Producción

Correo Argentino volvió a quedar en el centro de un conflicto laboral tras el envío de 400 telegramas de despido a trabajadores de distintas provincias. Desde el gremio advierten que la cifra podría escalar hasta 900 cesantías y anunciaron un paro nacional de 48 horas para el 4 y 5 de mayo.

La medida se da en medio del reclamo por la reapertura de paritarias y una recomposición salarial. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones declaró el estado de alerta y asamblea, y anticipó una paralización total de actividades, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

El conflicto no se reduce únicamente a una discusión salarial. También expone el proceso de reducción de personal dentro de una empresa estatal que presta servicios postales, logísticos y administrativos en todo el país.

Desde el sector sindical sostienen que durante 2025 ya hubo una fuerte caída en la planta de trabajadores y que los nuevos despidos profundizan el deterioro laboral. Además, realizaron presentaciones ante el Ministerio de Trabajo y analizan avanzar con una acción judicial para frenar las cesantías.

Para las provincias, el impacto puede sentirse en la atención al público y en la continuidad de servicios. En Salta capital y en localidades del interior, el Correo sigue siendo una herramienta importante para trámites, encomiendas, documentación, notificaciones y envíos donde muchas veces no hay tantas alternativas privadas.

En el norte provincial, esa función puede ser todavía más sensible por las distancias y la menor disponibilidad de servicios logísticos. Un recorte de personal o una paralización prolongada puede afectar tanto a usuarios particulares como a comercios, instituciones y trabajadores que dependen de la red postal.

El paro anunciado para el 4 y 5 de mayo será una primera señal del alcance del conflicto. Mientras tanto, la discusión de fondo seguirá abierta: cómo se reorganiza Correo Argentino, qué pasa con sus trabajadores y qué nivel de servicio quedará disponible en el interior del país.

Economía y Producción

Salta será sede desde este jueves 30 de abril de la 44° edición del Concurso Nacional de Caballos Peruanos de Paso, considerado el principal encuentro de esta raza en el país. La actividad se realizará hasta el domingo 3 de mayo en el predio de la Sociedad Rural Salteña, con entrada libre y gratuita.

El evento reunirá a criadores, expositores, jinetes y familias vinculadas a una tradición ecuestre con fuerte presencia en el norte argentino. Además de las competencias por categorías, habrá premios especiales, participación de menores y evaluación de los ejemplares por parte de jurados especializados.

La propuesta también tendrá un costado turístico y económico. Durante las jornadas se ofrecerán espacios de gastronomía regional, artesanías y espectáculos, lo que convierte al concurso en una actividad abierta para el público general y no solo para el sector criador.

La presentación oficial estuvo encabezada por el Ministerio de Producción y Minería junto a la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos de Paso. Desde la organización destacaron que la elección de Salta como sede refuerza el lugar de la provincia dentro del calendario nacional de eventos rurales y tradicionales.

Para Salta capital, la competencia representa una agenda de movimiento durante el fin de semana, con impacto en visitantes, servicios, consumo local y promoción cultural. También permite mostrar una actividad productiva y de crianza que forma parte de la identidad rural de la región.

El concurso se desarrollará en Avenida Gato y Mancha 1460, en el predio de la Sociedad Rural Salteña. La entrada libre permite que vecinos y turistas puedan acercarse a conocer de cerca una de las expresiones ecuestres más reconocidas del país.

Economía y Producción

El endeudamiento de los hogares salteños volvió a quedar bajo la lupa: uno de cada tres salteños arrastra deudas importantes y, en promedio, esas obligaciones pueden representar casi tres sueldos.

El dato expone una señal de presión sobre la economía cotidiana. Para muchas familias, el crédito dejó de ser una herramienta para comprar bienes durables o financiar proyectos y empezó a funcionar como una salida de emergencia para cubrir gastos básicos, pagar servicios, sostener consumos o cancelar deudas anteriores.

El informe fue elaborado por la economista Miryam Giorgetti, asesora del Ministerio de Economía de la Provincia, y advierte que el problema de fondo está en la distancia entre ingresos y costo de vida. Cuando los salarios, las changas o los ingresos informales no alcanzan, el endeudamiento aparece como una forma de llegar a fin de mes.

Uno de los puntos más sensibles es el crecimiento de los créditos no bancarios, billeteras virtuales y plataformas digitales. Son vías de acceso rápido al dinero, pero muchas veces con tasas más altas y condiciones difíciles de sostener para quienes ya tienen ingresos ajustados.

Ese mecanismo puede derivar en una rueda difícil de cortar: tomar un préstamo para pagar otro, usar la tarjeta para cubrir gastos corrientes o refinanciar consumos básicos. En ese escenario, la deuda deja de ser una ayuda puntual y se convierte en parte del presupuesto mensual.

En Salta capital, el impacto se siente en alquileres, servicios, tarjetas y consumo diario. En el interior y el norte provincial, la situación puede agravarse por la informalidad laboral, la caída de changas y la mayor irregularidad de ingresos familiares.

La provincia también aparece entre las más comprometidas del NOA en uso de tarjetas de crédito, un dato que refuerza la presión sobre los hogares. La preocupación no pasa solo por cuánta gente se endeuda, sino por qué tipo de deuda toma y con qué capacidad real de pago.

Aunque existen iniciativas de educación financiera, el problema requiere una mirada más amplia. Sin recuperación sostenida de ingresos, acceso a crédito razonable y herramientas de prevención, muchas familias seguirán usando deuda cara para cubrir necesidades básicas.

Economía y Producción

El anuncio del Gobierno nacional sobre un nuevo paquete de desregulación para el mercado inmobiliario abrió una discusión que también llegó a Salta. Desde el sector local advirtieron que el eje del problema no pasa por los colegios profesionales ni por la intervención de los corredores, sino por el deterioro del acceso a la vivienda.

La referencia salió al cruce de las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien anticipó que en junio enviará al Congreso una propuesta para reducir regulaciones en la actividad inmobiliaria. La iniciativa apunta a bajar costos, facilitar operaciones y ampliar la competencia dentro del sector.

En Salta, la respuesta llegó de la mano de Juan Martín Biella, referente de la Cámara Inmobiliaria y del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios. Su planteo fue que el mercado ya funciona con un alto grado de libertad y que hoy ninguna persona está obligada a contratar a un corredor para concretar una operación.

Desde esa mirada, el debate no debería centrarse solo en la desregulación, sino en las condiciones reales del mercado. El sector sostiene que el problema de fondo es que cada vez cuesta más comprar una vivienda, alquilar o sostener una operación inmobiliaria en un contexto de caída del poder adquisitivo, aumento de costos y escasez de crédito.

Biella también defendió el rol de los colegios profesionales al señalar que cumplen funciones de control, matriculación, asesoramiento y resguardo frente a posibles estafas. La posición del sector es que eliminar o debilitar esas estructuras no resolvería el principal obstáculo que enfrentan hoy las familias.

En esa línea, remarcó que el acceso a la vivienda se volvió mucho más difícil en los últimos años. Según expuso, una vivienda económica requiere hoy muchos más salarios mínimos que tiempo atrás, una señal que muestra cómo se deterioró la relación entre ingresos y posibilidad de compra.

A eso se suman otros factores que, según el sector, explican mejor la crisis habitacional: el costo de la construcción, la presión impositiva, la falta de financiamiento y la ausencia de créditos hipotecarios sostenidos. En ese escenario, la discusión sobre la regulación profesional aparece como una parte menor frente a un problema estructural más amplio.

Para Salta, el debate no es menor. Tanto en la capital como en otras ciudades de la provincia, el acceso a una vivienda formal se volvió una dificultad creciente para sectores medios y trabajadores. Por eso, cualquier cambio en las reglas del mercado puede tener impacto directo no solo en inmobiliarias y corredores, sino también en propietarios, inquilinos y compradores.

La discusión recién empieza y seguramente ganará volumen cuando el proyecto llegue al Congreso. Pero el punto que dejó planteado el sector salteño es claro: más allá de la desregulación, el desafío central sigue siendo cómo volver más accesible la vivienda en un contexto económico que hoy la aleja de una gran parte de la población.