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Economía y Producción

La caída de los fondos automáticos que envía la Nación volvió a encender una señal de alerta para Salta. En abril, las transferencias a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires retrocedieron por cuarto mes consecutivo en términos reales, y Salta quedó entre las jurisdicciones más afectadas por la baja.

Según los datos difundidos sobre la evolución de la coparticipación y otras transferencias automáticas, el total distribuido en abril fue de 5,58 billones de pesos. En términos reales, la caída interanual fue del 3,3%. Dentro de ese monto, la coparticipación federal explicó la mayor parte de los recursos y también mostró una baja, en un contexto marcado por menor recaudación de tributos clave como IVA, Ganancias e impuestos internos.

En el caso salteño, el retroceso fue más fuerte. La provincia registró una caída real del 11,1%, una de las más pronunciadas del país. Parte de esa diferencia se explica por el fin de un esquema de compensación que había amortiguado el impacto en meses anteriores y que dejó de operar con la misma intensidad desde abril.

El dato no es menor porque la coparticipación es una fuente central de financiamiento para las provincias. Cuando esos recursos caen, la presión no se siente solo en la administración provincial: también alcanza a los municipios, que dependen en gran medida de las transferencias para sostener servicios, salarios, mantenimiento urbano, asistencia social y obras menores.

En Salta, el problema se vuelve más sensible por el contexto general. La provincia ya viene enfrentando tensiones fiscales, necesidades de financiamiento y mayores demandas de asistencia en un escenario económico más ajustado. A eso se suma el impacto que la baja de recursos puede tener sobre la obra pública, la ejecución de programas y la capacidad de respuesta del Estado.

El deterioro de la caja pública también repercute en el interior. En muchos municipios salteños, especialmente los de menor escala, la dependencia de fondos nacionales y provinciales es alta. Por eso, cada caída en la recaudación o en las transferencias automáticas termina condicionando la gestión diaria y el margen de maniobra para sostener servicios básicos.

En paralelo, la Nación dispuso asistencia financiera a provincias para aliviar tensiones de corto plazo. En ese marco, Salta también había gestionado apoyo para reforzar su situación fiscal. Sin embargo, ese tipo de ayuda no modifica el problema de fondo: si la coparticipación sigue cayendo, la presión sobre las cuentas públicas seguirá creciendo.

La señal que deja abril es clara. La baja de recursos automáticos ya no aparece como un episodio aislado, sino como una tendencia que obliga a seguir de cerca el vínculo entre recaudación, gasto público y capacidad de financiamiento. Para Salta, eso significa administrar con menos margen en un año en el que la tensión fiscal puede sentirse tanto en la Provincia como en los municipios.

Economía y Producción

Las pequeñas y medianas empresas volvieron a encender una señal de alerta sobre el empleo. Una encuesta del IAE Business School mostró que casi la mitad de las pymes argentinas evalúa reducir personal en los próximos meses, en un contexto de menor previsibilidad, presión impositiva y expectativas económicas más débiles.

Según el relevamiento, el 31,1% de las empresas considera probable una reducción de su plantel, mientras que el 18,5% ya lo tiene decidido. Sumadas, ambas respuestas muestran un nivel de cautela empresaria que marca uno de los peores registros recientes en materia de expectativas laborales.

El dato no implica que los despidos ya estén definidos en todos los casos, pero sí refleja un clima de fuerte preocupación en un sector clave para el empleo privado. La encuesta también indicó que el 41,9% de las pymes redujo personal en los últimos seis meses, lo que refuerza la señal de enfriamiento.

Entre las principales preocupaciones aparece la presión impositiva, mencionada como el mayor obstáculo para sostener actividad y planificar. A eso se suman costos operativos altos, menor dinamismo económico y una caída del optimismo empresario respecto del rumbo general del país.

Otro dato que surge del informe es que más del 70% de las empresas asegura tener dificultades para encontrar talento calificado. Es decir, conviven dos tensiones al mismo tiempo: compañías que evalúan ajustar planteles y, al mismo tiempo, problemas para cubrir puestos específicos cuando se necesita personal con formación o experiencia.

En Salta, esta señal también merece atención. Las pymes comerciales, de servicios y producción ya vienen operando con consumo débil, costos en alza y un mercado presionado por la informalidad. En ese contexto, cualquier ajuste en el empleo privado impacta rápido en los ingresos de los hogares y en la actividad local.

En el norte provincial, donde el empleo formal suele ser más escaso y muchas economías dependen de pequeñas unidades productivas, comercios y servicios, un freno en la contratación o una reducción de personal puede sentirse todavía más fuerte.

El dato deja una advertencia clara: las pymes siguen siendo uno de los termómetros más sensibles de la economía. Cuando empiezan a mirar con más temor sus costos y su plantilla laboral, lo que aparece no es solo una señal empresarial, sino también una alerta para el empleo y el consumo.

Economía y Producción

La Municipalidad de Salta lanzó “Laburá Ya”, una herramienta por WhatsApp que busca conectar a trabajadores de oficios con vecinos que necesitan contratar servicios en la ciudad.

El sistema fue presentado en el marco del Día del Trabajador y apunta a crear una base validada de prestadores independientes. En esta primera etapa, la plataforma estará disponible para trabajadores de Salta capital, aunque la experiencia puede convertirse en una referencia importante para otros municipios de la provincia.

La inscripción se realiza a través del número 3875455682. Allí, los trabajadores pueden iniciar el registro y cargar información sobre el oficio o servicio que ofrecen. La propuesta incluye rubros como electricidad, carpintería, jardinería, paseos de mascotas, mantenimiento y otros trabajos independientes.

Después de la etapa de inscripción, el municipio avanzará con la verificación de documentación y antecedentes. Entre los requisitos se solicitarán DNI, antecedentes penales, foto, currículum, certificados y matrícula cuando el oficio lo requiera.

El objetivo es que, una vez validada la información, los vecinos puedan acceder a una base confiable para encontrar personas que presten servicios en distintos rubros. La herramienta no interviene en los acuerdos comerciales ni fija precios: funciona como puente entre quienes ofrecen trabajo y quienes necesitan contratar.

En una ciudad donde muchas personas viven de oficios, changas o trabajos independientes, la visibilidad puede ser clave. Para quienes no tienen local, publicidad o redes fuertes, una base municipal puede ayudar a conseguir más clientes y ordenar la oferta.

El valor también puede proyectarse al resto de la provincia. En municipios del interior, donde el empleo formal es más limitado y muchas familias dependen de trabajos por cuenta propia, herramientas similares podrían servir para conectar demanda local con mano de obra disponible.

La iniciativa no resuelve por sí sola los problemas de empleo, pero puede ser una herramienta útil si logra sostener controles, actualización de datos y uso real por parte de vecinos y trabajadores. El desafío será que no quede solo como registro, sino que efectivamente genere oportunidades concretas.