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  • CGT Salta endureció su discurso contra Nación en el Día del Trabajador

    CGT Salta endureció su discurso contra Nación en el Día del Trabajador

    Política institucional

    La CGT Salta endureció su discurso contra el Gobierno nacional durante el acto por el Día del Trabajador, en un contexto marcado por pérdida salarial, despidos, caída del consumo y mayor tensión en el mundo laboral.

    El mensaje sindical apuntó contra las políticas de ajuste y reclamó la defensa de los derechos laborales y sociales. La central obrera planteó que la situación económica golpea de lleno a trabajadores activos, jubilados y sectores vulnerables.

    La postura de la CGT no aparece aislada. En Salta, el malestar laboral se cruza con distintos problemas que vienen acumulándose: comercios con ventas en baja, hogares endeudados, municipios con recursos ajustados y sectores afectados por recortes o despidos.

    El acto por el 1° de Mayo funcionó así como una señal política y sindical. La central elevó el tono frente a Nación y buscó instalar que el ajuste tiene consecuencias concretas sobre el empleo, los ingresos y la vida cotidiana de los trabajadores.

    En la provincia, el deterioro salarial también impacta sobre el consumo. Cuando los ingresos pierden capacidad de compra, se resienten los comercios, los servicios y buena parte de la economía urbana. Ese efecto se siente tanto en Salta capital como en localidades del interior.

    En el norte provincial, donde pesa más la informalidad laboral y muchas familias dependen de changas, empleo público o actividades de baja estabilidad, el escenario puede ser todavía más frágil. Por eso, el reclamo sindical también expresa una preocupación territorial más amplia.

    La discusión de fondo no se limita al discurso de una central gremial. El punto central es cómo se sostiene el empleo y el poder adquisitivo en una etapa en la que trabajadores formales e informales enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes.

    El mensaje de la CGT Salta dejó en claro que el clima laboral seguirá tensionado si no aparecen señales de recomposición salarial, protección del empleo y respuestas frente al impacto social del ajuste.

  • Contrabando, ferias y baja del consumo: la crisis que golpea al comercio salteño

    Contrabando, ferias y baja del consumo: la crisis que golpea al comercio salteño

    Economía y Producción

    El comercio formal en Salta atraviesa un momento crítico, atravesado por una combinación que se volvió cada vez más difícil de sostener: caída del consumo, aumento de costos y competencia creciente de la informalidad.

    Desde la Cámara de Comercio e Industria de Salta advirtieron que el sector viene de un 2025 muy flojo y que el arranque de 2026 tampoco logró mostrar la recuperación que muchos esperaban. El problema, según el diagnóstico empresario, no pasa por un solo factor, sino por una presión acumulada que deja a muchos locales con ventas insuficientes para cubrir sus gastos mensuales.

    El presidente de la entidad, Gustavo Herrera, planteó que una de las principales causas es la pérdida del poder adquisitivo. Con ingresos más ajustados, los consumidores compran menos, postergan gastos o directamente buscan precios en circuitos informales, ferias y venta ilegal.

    En Salta, además, el cuadro tiene un componente particular: la competencia del contrabando y de la mercadería que circula por fuera del sistema formal. En una provincia con dinámica fronteriza, ese fenómeno impacta de manera directa sobre los comercios registrados, que deben afrontar alquileres, impuestos, servicios, salarios y costos operativos que otros circuitos no pagan.

    Según el planteo del sector, entre el 40% y el 50% del precio de venta de un producto formal puede estar explicado por la carga impositiva. A eso se suman aumentos en luz, gas, transporte, combustible y alquileres, que terminan achicando todavía más el margen de rentabilidad.

    La consecuencia es doble. Por un lado, hay comercios que venden menos y se les hace cada vez más difícil sostener la estructura. Por otro, la informalidad gana terreno porque ofrece precios con los que el mercado formal no puede competir en igualdad de condiciones.

    El problema no afecta solo a los comerciantes. También impacta en el empleo, en la recaudación y en la vida económica de las ciudades. Cuando cierran o se debilitan locales formales, se resiente una parte del entramado productivo urbano que genera trabajo, movimiento comercial y actividad en barrios y centros urbanos.

    En Salta capital, la presión se siente con fuerza en locales que deben sostener costos altos con ventas planchadas. En el norte provincial, además, se suma la competencia de mercadería informal y de frontera, que en muchos rubros altera el mercado y achica todavía más el espacio para el comercio legal.

    Desde la Cámara reclamaron una reforma tributaria, reducción de impuestos y planes de pago más accesibles para aliviar la situación. Pero el trasfondo del problema es más amplio: mientras los ingresos de las familias sigan golpeados y la informalidad siga creciendo, el comercio formal va a seguir corriendo desde atrás.

    La crisis comercial en Salta ya no se explica solo por la baja del consumo. Hoy también muestra una disputa desigual entre quienes pagan todos los costos de operar y quienes venden por fuera de las reglas. Ahí está uno de los nudos más delicados de la economía local.

  • Salta: interceptaron 1.582 kilos de hojas de coca que iban hacia Buenos Aires

    Salta: interceptaron 1.582 kilos de hojas de coca que iban hacia Buenos Aires

    Frontera / Seguridad

    Gendarmería Nacional interceptó en Salta un camión de cargas generales que trasladaba 1.582 kilos de hojas de coca en estado natural hacia la provincia de Buenos Aires, sin aval legal para su transporte.

    El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey”, dependiente del Escuadrón 45 Salta, en el kilómetro 1.545, sobre la zona de cruce de las rutas nacionales 9 y 34.

    Durante el control, los gendarmes inspeccionaron un camión Iveco con semirremolque que circulaba desde Salta con destino final en Buenos Aires. En el interior detectaron 72 bultos que contenían hojas de coca, con un peso total superior a una tonelada y media.

    Según la información oficial, la carga no contaba con la documentación necesaria para justificar su traslado. Por ese motivo, intervino la Fiscalía Federal de Salta, que ordenó el secuestro de la mercadería y del vehículo utilizado para el transporte.

    El avalúo informado de la carga fue de $113.113.000. El conductor quedó supeditado a la causa, mientras continúa la investigación por infracción al Código Aduanero.

    El operativo vuelve a mostrar el rol estratégico de las rutas salteñas en los controles de mercadería que sale de la provincia hacia otros puntos del país. Aunque el procedimiento no ocurrió en la frontera directa, sí se realizó en un corredor clave para el movimiento logístico entre el norte argentino y el centro del país.

    En este tipo de casos, la precisión es importante: el decomiso de hojas de coca no debe confundirse automáticamente con narcotráfico. El eje de la causa está en el traslado irregular, la falta de aval legal y la posible infracción aduanera.

    Para Salta, estos controles forman parte de una dimensión central de la seguridad fronteriza ampliada: no solo se trata de pasos internacionales, sino también de rutas internas por donde circulan cargas, encomiendas y mercadería con destino a otras provincias.

  • Selección de jueces en Salta: cuestionan que el sistema favorezca a perfiles internos

    Selección de jueces en Salta: cuestionan que el sistema favorezca a perfiles internos

    Política institucional

    El sistema de selección de jueces en Salta volvió a quedar bajo debate a partir de un cuestionamiento que apunta al funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Según el planteo legislativo, cerca del 90% de los postulantes a cargos judiciales proviene del propio Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal, un dato que reabrió la discusión sobre cuán abierto es realmente el acceso a esos concursos.

    La crítica apunta a que el sistema tiende a concentrar aspirantes que ya forman parte de la estructura judicial, mientras los abogados que ejercen de manera independiente llegan en menor proporción y con menos posibilidades de competir en igualdad de condiciones.

    Desde esa mirada, el problema no pasa solo por quién se presenta, sino por cómo están diseñadas las reglas del proceso. Uno de los cuestionamientos es que quienes ya trabajan dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público cuentan con más antecedentes formales, mayor cercanía con la dinámica del sistema y más herramientas para prepararse para los concursos.

    El debate se instaló con fuerza en torno a un proyecto que busca modificar el mecanismo de selección. La propuesta plantea revisar el peso que hoy tienen los antecedentes y abrir más espacio para valorar otros aspectos, como la entrevista personal, el perfil del candidato y su capacidad para ejercer el cargo con una mirada más amplia.

    La discusión también incluye la idea de incorporar referencias de otros modelos, como el de Córdoba, con la intención de ampliar la participación y evitar que el sistema termine funcionando como un circuito demasiado cerrado para quienes vienen del ejercicio profesional por fuera de la estructura judicial.

    Aunque pueda parecer un tema técnico, el impacto es más amplio. La forma en que se eligen jueces influye en la calidad institucional, en la diversidad de perfiles que llegan a los cargos y en el tipo de respuestas que luego da la Justicia en distintos puntos de la provincia.

    En el interior salteño, donde el acceso a la Justicia muchas veces depende de estructuras más reducidas y de menor cercanía institucional, la discusión también tiene peso. No se trata solo de un debate corporativo, sino de cómo se construye un Poder Judicial con mayor apertura, legitimidad y capacidad de representación.

    El punto de fondo es si el sistema actual favorece una carrera interna casi cerrada o si puede abrirse a una competencia más equilibrada. Esa es la tensión que quedó planteada y que podría ganar volumen si avanza la discusión sobre una reforma del Consejo de la Magistratura.

  • Crisis municipal en Salta: menos fondos, más costos y servicios bajo presión

    Crisis municipal en Salta: menos fondos, más costos y servicios bajo presión

    Política institucional

    La situación financiera de los municipios salteños volvió a encender una señal de alerta. Desde el Gobierno provincial advirtieron que muchas comunas están al límite por la caída de recursos, el aumento de costos y la presión creciente para sostener servicios básicos.

    El planteo fue realizado por Ignacio Jarsún, quien alertó que los municipios están “al borde del colapso”. La frase refleja un problema que atraviesa a intendencias de distintos puntos de la provincia: menos margen económico para pagar salarios, mantener servicios, asistir a vecinos y ejecutar obras menores.

    El impacto puede sentirse con más fuerza en el interior, donde muchos municipios dependen de transferencias provinciales y nacionales para sostener su funcionamiento cotidiano. Cuando esos recursos se achican o llegan con demora, las consecuencias aparecen rápido en alumbrado, limpieza, mantenimiento urbano, asistencia social y pequeñas obras de infraestructura.

    La crisis también está marcada por el aumento de costos. Combustible, insumos, repuestos, servicios y gastos operativos encarecen la gestión local, mientras la recaudación propia de muchas comunas no alcanza para cubrir todas las demandas.

    En el norte provincial, esta situación puede volverse especialmente sensible por la dependencia del empleo municipal, la informalidad laboral y la mayor necesidad de asistencia en contextos de crisis económica. Para muchas localidades, el municipio no solo presta servicios: también es un actor central para contener demandas sociales.

    El debate de fondo es cómo se financian los gobiernos locales y qué responsabilidades pueden sostener con recursos cada vez más ajustados. Si la situación no mejora, el riesgo no es solo contable: puede traducirse en menos servicios, más deuda, demoras en pagos y paralización de trabajos básicos.

    La advertencia de Jarsún abre una discusión que excede a una declaración política. La salud financiera de los municipios define buena parte de la vida cotidiana de los vecinos, especialmente en las localidades donde el Estado local es la primera puerta de respuesta ante cualquier problema.

  • Orán: clausuraron seis locales de encomiendas tras detectar irregularidades

    Orán: clausuraron seis locales de encomiendas tras detectar irregularidades

    Frontera / Seguridad

    Seis establecimientos dedicados al servicio de encomiendas fueron clausurados en Orán luego de una serie de controles en los que se detectaron irregularidades en su funcionamiento.

    La medida vuelve a poner el foco sobre una actividad cotidiana para vecinos y comercios, pero especialmente sensible en una ciudad como Orán, donde la circulación de paquetes y mercadería forma parte del movimiento comercial diario y también exige controles más estrictos.

    Según se informó, las clausuras se resolvieron tras inspecciones que detectaron fallas e incumplimientos en distintos locales del rubro. El operativo apuntó a ordenar el funcionamiento de estos espacios y a verificar que trabajen con la documentación y las condiciones exigidas.

    El dato no es menor en una zona con fuerte dinámica fronteriza. En ciudades como Orán, los servicios de encomiendas cumplen un rol importante para familias, pequeños comercios y transportistas, pero también requieren seguimiento porque pueden convertirse en puntos vulnerables si operan sin habilitación o sin controles suficientes.

    Por eso, la decisión no solo impacta sobre los locales clausurados, sino que también funciona como señal para el resto del sector. El objetivo de fondo es que una actividad necesaria y extendida en la ciudad se mantenga dentro de reglas claras y bajo supervisión.

    La situación también expone una tensión conocida en el norte salteño: la necesidad de sostener controles sin criminalizar una actividad que forma parte de la economía cotidiana. El problema no es el servicio de encomiendas en sí, sino su funcionamiento por fuera de las exigencias mínimas que piden los organismos de control.

    En Orán, donde comercio, transporte y frontera se cruzan de manera constante, este tipo de operativos tiene una relevancia mayor. No solo por la legalidad de los locales, sino por la necesidad de reducir riesgos en una actividad que mueve mercadería, documentación y paquetes de manera permanente.

    El desafío ahora será ver si las clausuras derivan en regularización o en nuevas inspecciones sobre el sector. En una ciudad clave del norte provincial, controlar mejor las encomiendas también forma parte de ordenar una parte sensible del circuito comercial.

  • Salta: se frena otra vez una obra clave de saneamiento en zona sur

    Salta: se frena otra vez una obra clave de saneamiento en zona sur

    Social / Contexto local

    La obra de la planta depuradora de la zona sur de Salta volvió a quedar paralizada y el motivo señalado es, otra vez, la falta de fondos nacionales para sostener su ejecución.

    Se trata de una infraestructura clave para el sistema de saneamiento de la ciudad, porque está pensada para ampliar la capacidad de tratamiento de líquidos cloacales en un sector que creció de manera sostenida en los últimos años. Por eso, la interrupción no es solo un problema administrativo: también afecta la planificación urbana, el ambiente y la prestación de servicios básicos.

    Desde la Provincia apuntaron a la falta de envío de recursos por parte de Nación como la razón central del nuevo freno. La situación reabre un problema que ya se repite en distintas obras públicas: proyectos considerados estratégicos quedan detenidos por el corte o la demora del financiamiento.

    En este caso, el impacto es especialmente sensible porque la planta depuradora forma parte de una obra sanitaria de fondo. Su función es acompañar la expansión urbana de la zona sur y evitar que el sistema quede por detrás de la demanda. Cuando una infraestructura de este tipo se paraliza, lo que se demora no es solo una construcción, sino una mejora concreta en saneamiento y capacidad de tratamiento.

    Para Salta capital, la discusión toca un punto sensible. La zona sur concentra una parte importante del crecimiento de la ciudad y necesita obras estructurales para sostener ese avance con servicios adecuados. Sin ese tipo de inversión, la presión sobre el sistema existente se mantiene y el margen de respuesta futura se achica.

    El conflicto también vuelve a mostrar la tensión entre Nación y Provincia por el financiamiento de obras públicas. Más allá del cruce político, el punto de fondo es que cuando se frenan proyectos sanitarios, el costo no queda solo en los papeles: termina impactando en los vecinos, en el ambiente y en la capacidad de desarrollo urbano de la ciudad.

    Ahora, la incógnita pasa por saber si aparecerá una vía de financiamiento que permita reactivar la planta o si la obra seguirá sumándose a la lista de proyectos paralizados. En una ciudad que sigue creciendo, el saneamiento dejó de ser una obra complementaria para convertirse en una necesidad básica.

  • Litio: gobernadores del Norte Grande acuerdan una estrategia para potenciar la minería

    Litio: gobernadores del Norte Grande acuerdan una estrategia para potenciar la minería

    Economía y Producción

    Los gobernadores del Norte Grande avanzaron en un acuerdo para fortalecer el desarrollo de la minería del litio, una actividad que se consolidó como uno de los ejes productivos más importantes del noroeste argentino y que tiene a Salta entre sus provincias clave.

    El entendimiento apunta a coordinar una agenda común entre las jurisdicciones para mejorar condiciones de inversión, infraestructura, logística y competitividad, en un contexto en el que el litio se volvió un recurso estratégico para la transición energética y la industria global de baterías.

    Más allá del anuncio político, el punto de fondo es otro: cómo hacer para que el crecimiento minero no quede limitado a la extracción y se traduzca en empleo, proveedores locales, servicios, obras y mayor valor agregado dentro de las provincias.

    Para Salta, el tema tiene peso propio. La provincia viene ganando protagonismo dentro del mapa minero nacional, con proyectos en distintas etapas y con una expectativa creciente sobre el impacto que puede tener la actividad en la economía regional. Pero ese potencial también abre desafíos concretos en rutas, energía, conectividad, formación de mano de obra y capacidad de respuesta de las empresas locales.

    El acuerdo entre gobernadores busca justamente mostrar una estrategia más coordinada para un recurso que comparten varias provincias del norte. La idea es evitar que cada distrito avance de manera aislada y, en cambio, construir una posición regional con más previsibilidad para inversiones y mejores condiciones para el desarrollo de la cadena de valor.

    La discusión también atraviesa una tensión conocida en las economías extractivas: el riesgo de que el movimiento económico quede concentrado en pocos sectores, sin derrame suficiente hacia el territorio. Por eso, una de las claves será cuánto de este impulso termina llegando a proveedores, pymes, empleo local e infraestructura útil para las comunidades.

    En Salta y en el norte argentino, el litio aparece como una oportunidad fuerte para los próximos años, pero no alcanza con firmar acuerdos. La verdadera medida del impacto estará en cuánto logra transformar la actividad minera en desarrollo productivo concreto, con más integración regional y beneficios visibles para las provincias.

  • PJ Salta intervenido: crece la tensión por internas y control partidario

    PJ Salta intervenido: crece la tensión por internas y control partidario

    Política institucional

    La situación del PJ Salta volvió a quedar bajo expectativa nacional. El Consejo Nacional del Partido Justicialista se reúne en Buenos Aires con una agenda que incluye organización partidaria, política nacional e intervenciones, mientras sectores del peronismo salteño reclaman normalizar el partido y convocar a elecciones internas.

    El encuentro se realiza en la sede partidaria de Matheu y tiene a Salta como uno de los distritos observados. La intervención del PJ provincial abrió una discusión que no se limita al control formal del sello: también involucra representación territorial, armado electoral y participación interna.

    Uno de los sectores que cuestionó la situación fue el encabezado por Raúl Romeo Medina, quien advirtió que la conducción nacional puede quedarse con la estructura legal del partido, pero no necesariamente con el acompañamiento de la militancia y los dirigentes locales. “Se pueden quedar con el sello, pero no con la gente”, planteó.

    La frase expone el punto más sensible del conflicto. Para los sectores críticos, la intervención puede ordenar administrativamente el partido, pero si no convoca a internas ni abre una instancia de participación, corre el riesgo de transformar al PJ salteño en un espacio controlado desde afuera y sin vínculo real con su base territorial.

    Medina también cuestionó la posibilidad de que las candidaturas se definan “a dedo” y reclamó un cronograma electoral claro. El planteo apunta a que el partido recupere funcionamiento interno, reglas de competencia y participación de afiliados antes del próximo calendario electoral.

    La discusión tiene impacto directo en Salta capital y en el interior. En muchos municipios, el PJ sigue siendo una estructura clave para ordenar candidaturas, alianzas, concejos deliberantes y representaciones legislativas. Por eso, la continuidad de la intervención no es solo una decisión partidaria: puede influir en el armado político provincial.

    El trasfondo es la disputa por quién conduce el peronismo salteño y con qué legitimidad. De un lado, la conducción nacional busca mantener control sobre distritos intervenidos; del otro, sectores locales reclaman que la normalización llegue mediante elecciones internas y no por definiciones cerradas desde Buenos Aires.

    La reunión nacional podría dejar señales sobre el futuro inmediato del PJ Salta. Mientras tanto, la tensión seguirá abierta entre quienes piden recuperar el funcionamiento orgánico del partido y quienes sostienen la intervención como herramienta para ordenar el distrito.

  • Discapacidad: comenzaron a pagarse fondos nacionales a instituciones de Salta

    Discapacidad: comenzaron a pagarse fondos nacionales a instituciones de Salta

    Social / Contexto local

    Comenzaron a acreditarse fondos nacionales adeudados a instituciones de discapacidad de Salta, luego de semanas de demora que habían generado preocupación por la continuidad de tratamientos, servicios y prestaciones esenciales.

    La regularización alcanza a 43 establecimientos de la provincia y beneficia a 1.251 personas que dependen de estos espacios para rehabilitación, educación, acompañamiento terapéutico y atención diaria.

    Desde el Gobierno provincial informaron que el pago se concretó tras gestiones realizadas ante Nación por el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Salud, Federico Mangione. Durante la demora, la Provincia sostuvo la cobertura de tratamientos e insumos para pacientes internados, con el objetivo de evitar interrupciones en la atención.

    Instituciones como HIRPACE y Divino Niño confirmaron que los fondos comenzaron a ingresar en sus cuentas. Para estos centros, los pagos son clave para afrontar salarios, servicios, insumos, funcionamiento cotidiano y continuidad de prestaciones.

    El caso expuso la fragilidad financiera de muchas instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Cuando los pagos se atrasan, no solo se afecta la administración interna, sino también la vida diaria de familias que dependen de esos servicios para sostener tratamientos y rutinas de cuidado.

    En Salta capital y en el interior, estas instituciones cumplen un rol central porque concentran terapias, acompañamiento profesional y espacios educativos que no siempre tienen reemplazo inmediato. Por eso, la llegada de los fondos representa un alivio operativo, aunque también deja planteada la necesidad de evitar nuevas demoras.

    La discusión de fondo sigue siendo la previsibilidad del financiamiento. Para las personas con discapacidad y sus familias, cada atraso puede traducirse en incertidumbre sobre prestaciones que no son accesorias, sino parte esencial de su calidad de vida.