Social / Contexto local
El titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, aclaró que las audiencias previstas para junio no serán una instancia para definir “un tarifazo”, sino para analizar alternativas frente a un escenario de mayor presión sobre las boletas y la capacidad de pago de los usuarios.
La discusión llega en medio de la reducción progresiva de subsidios nacionales y de un aumento en los casos de morosidad, pedidos de asistencia y planes de pago. Según Saravia, el problema central es que “el bolsillo no está alcanzando” para muchas familias.
El Ente buscará revisar si la normativa vigente permite sostener tarifas que puedan ser pagadas por los usuarios, especialmente en un contexto donde todavía falta conocer la reglamentación definitiva de algunas medidas nacionales vinculadas a subsidios.
Uno de los puntos que el organismo pone en valor es la continuidad de la tarifa por zona cálida, que alcanza a más de 106 mil familias salteñas. También se mencionan unas 22 mil familias incluidas en esquemas de asistencia social.
Para Salta capital y el interior, el debate tarifario impacta directamente en la economía cotidiana. Luz, agua y otros servicios básicos ya ocupan una parte importante del ingreso familiar, especialmente en hogares con empleo informal, changas o ingresos ajustados.
En el norte provincial, donde las altas temperaturas elevan el consumo eléctrico y muchas familias tienen menor margen de pago, cualquier aumento sin mecanismos de contención puede transformarse en deuda, planes de financiación o riesgo de corte.
Las audiencias de junio abrirán una discusión clave: cómo equilibrar costos del sistema, reducción de subsidios y capacidad real de pago. El desafío será evitar que las tarifas se vuelvan impagables sin desfinanciar la prestación de servicios esenciales.
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