Frontera / Seguridad
El contrabando en Aguas Blancas volvió a quedar en el centro de la agenda fronteriza. El interventor de la localidad, Adrián Zigarán, advirtió que el ingreso ilegal de mercadería desde Bolivia continúa a gran escala y reclamó una mayor intervención del Gobierno nacional para reforzar los controles en uno de los pasos más sensibles del norte argentino.
La frontera con Bermejo es, desde hace años, una zona de fuerte circulación comercial, legal e informal. Pero el volumen que describió Zigarán marca una preocupación mayor: según estimó, por Aguas Blancas podrían ingresar mercaderías de contrabando por unos $3.000 millones diarios.
El dato surge a partir de un procedimiento reciente en Santa Fe, donde fue interceptado un camión con acoplado proveniente de Aguas Blancas que trasladaba mercadería valuada en alrededor de $1.500 millones, principalmente prendas de vestir de temporada invernal. Para el interventor, vehículos de ese tipo salen desde la frontera salteña más de una vez por día.
La advertencia no apunta solo al impacto económico. Zigarán planteó que el contrabando afecta a la industria y al comercio formal, pero también abre una preocupación más profunda por el posible ingreso de sustancias prohibidas y el avance de redes ilegales en la zona de frontera.
La mercadería que cruza desde Bermejo no queda únicamente en Salta. Según el planteo del funcionario, abastece ferias y circuitos informales en distintas provincias, con presencia en mercados de gran escala como La Salada y otros puntos de venta del país. Esa dinámica muestra que Aguas Blancas no funciona como un problema aislado, sino como una puerta de ingreso dentro de una cadena mucho más amplia.
El cuadro es complejo porque una parte de la economía local también depende del traslado informal de mercadería. En esa zona, muchas familias viven de mover bultos, cargar vehículos o participar de actividades vinculadas al comercio fronterizo. Por eso, el desafío no se reduce a cerrar el paso o aumentar controles: también exige ordenar una economía que creció durante años entre la necesidad, la informalidad y la falta de alternativas.
Zigarán también cuestionó el destino de parte de la mercadería decomisada por fuerzas federales. Señaló especialmente el caso de neumáticos, ropa y calzado, y pidió que se evalúen mecanismos para reutilizar esos elementos en organismos públicos o distribuirlos en comunidades vulnerables, en lugar de destruirlos de manera automática.
La situación vuelve a poner sobre la mesa una discusión clave para el norte salteño: cómo controlar una frontera activa sin desconocer la realidad social de los pueblos que viven de ese movimiento. Aguas Blancas aparece otra vez como el punto donde se cruzan economía informal, seguridad, comercio ilegal y ausencia de una política fronteriza sostenida.
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