Política Institucional
El sistema de transporte en Tartagal volvió a quedar en el centro del conflicto. Mientras el municipio intenta reordenar el servicio urbano, una empresa interurbana acumula una deuda que ronda los $50 millones y cuestiona las medidas adoptadas.
El problema se agravó luego de que la comuna implementara recorridos provisorios para cubrir el servicio urbano, tras la suspensión de una prestataria que dejó de operar por falta de rentabilidad. El esquema busca sostener el traslado interno hasta que se avance en una nueva licitación.
En ese contexto, la empresa Urkupiña, que cubre el tramo entre Tartagal y General Mosconi, expresó su malestar por las restricciones en el recorrido dentro de la ciudad, especialmente por no poder circular por una de las avenidas principales.
El conflicto escaló cuando desde Mosconi respaldaron el reclamo de la empresa, argumentando que los cambios perjudican a los usuarios que deben trasladarse desde la terminal hacia otros puntos de Tartagal.
Sin embargo, desde el municipio local pusieron el foco en otro dato: la empresa mantiene deudas por distintos conceptos, entre ellos el uso de la terminal, tasas municipales y habilitaciones vencidas.
Según precisaron desde el área de Rentas, la deuda incluye montos por actividades económicas impagas desde 2020, obligaciones sin cumplir desde hace años y cargos acumulados por el uso de infraestructura pública.
El planteo oficial es que el ordenamiento del sistema no solo busca mejorar el servicio, sino también exigir condiciones iguales para todos los prestadores.
El caso expone un problema más amplio: la dificultad para sostener un sistema de transporte ordenado en un contexto de crisis, donde conviven empresas con distintos niveles de cumplimiento y municipios con intereses cruzados.
Más allá del conflicto puntual, la discusión de fondo es cómo garantizar un servicio regular sin desatender las reglas básicas de funcionamiento.
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