Autor: adminred

Política institucional

El Instituto Provincial de Salud (IPS) volvió a poner el foco sobre una de las principales quejas de sus afiliados: el cobro de plus por parte de algunos médicos. El presidente del organismo, Martín Baccaro, aclaró que ese adicional solo puede aplicarse en los casos previstos por convenio y advirtió que cualquier cobro por fuera de ese esquema es ilegal.

Según explicó, el sistema vigente con el Círculo Médico contempla dos categorías de profesionales, identificadas como padrón A y padrón B. En este último caso, los médicos pueden cobrar un arancel diferenciado, pero ese monto debe acordarse con el afiliado y quedar formalmente registrado mediante un recibo.

Baccaro remarcó que fuera de ese mecanismo el cobro de plus no está permitido y constituye una irregularidad. En ese sentido, sostuvo que se trata de una práctica que debe ser combatida porque implica un abuso sobre la necesidad del paciente al momento de acceder a una consulta o prestación médica.

El titular del IPS señaló además que el sistema establece con claridad qué profesionales están habilitados para aplicar ese adicional y planteó que esa información debe estar disponible para los afiliados, de manera que puedan saber en qué casos corresponde un cobro extra y en cuáles no.

La advertencia se da en medio de reclamos reiterados por parte de usuarios de la obra social provincial, que desde hace tiempo denuncian cobros indebidos al momento de atenderse con determinados especialistas o prestadores.

En este contexto, el organismo anticipó que revisará también sus mecanismos internos de control para detectar irregularidades tanto en la facturación como en las prestaciones médicas. El objetivo, según lo expresado por Baccaro, es reforzar la supervisión del sistema y limitar prácticas que perjudiquen a los afiliados.

La discusión sobre el plus médico aparece así como uno de los temas sensibles dentro del funcionamiento del IPS, en un escenario donde el acceso efectivo a la atención y la transparencia en los cobros forman parte de las principales demandas de los usuarios.

Política institucional

La fuerte caída de la coparticipación y el aumento sostenido de los costos operativos profundizan la presión sobre las finanzas de los municipios, en un contexto de menor actividad económica, baja en la recaudación y mayores dificultades para sostener servicios, salarios y obras.

En ese escenario, el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, advirtió que durante el último año la caída de los recursos fue significativa y señaló que, en la comparación interanual, la baja de la coparticipación superó el 40% en algunos períodos.

Según planteó, la situación no se explica solo por la reducción de fondos que reciben provincias y municipios, sino también por una suba constante de gastos clave para el funcionamiento diario de las comunas. Entre ellos mencionó el combustible, la energía y otros costos que impactan de manera directa sobre la prestación de servicios y la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.

Hernández Berni sostuvo además que el contexto económico general también afecta a la actividad comercial y productiva, con señales de retracción en distintas ciudades. En ese marco, advirtió sobre cierres de comercios y empresas, un proceso que también termina repercutiendo en la recaudación genuina de los municipios.

El planteo suma otro frente de preocupación para Tartagal y otras localidades del norte salteño: la paralización de obras públicas nacionales. Entre los proyectos frenados, el jefe comunal mencionó el dique El Limón, pozos de agua y obras educativas que tenían impacto directo en la infraestructura local.

De acuerdo con lo expresado por el intendente, desde el municipio y junto al Gobierno provincial se intentó retomar algunas de esas iniciativas, aunque la falta de financiamiento nacional sigue condicionando la ejecución de obras consideradas importantes para la ciudad.

El cuadro se completa con una mayor presión sobre las administraciones municipales por el reclamo salarial en medio de una inflación persistente. Con menos recursos, más costos y menor movimiento económico, los municipios quedan en una situación más ajustada para sostener gestión y dar respuesta a demandas básicas de la comunidad.

La discusión sobre la coparticipación vuelve así a instalarse como un tema central para los gobiernos locales, especialmente en ciudades como Tartagal, donde la caída de recursos nacionales y provinciales se combina con necesidades estructurales en servicios, infraestructura y desarrollo urbano.

Política institucional

El Gobierno de Salta avanzó con una nueva etapa en la implementación de la Educación Financiera en el nivel secundario, a partir de convenios firmados con la Universidad Nacional de Salta para capacitar a los docentes que estarán a cargo de estos contenidos en las escuelas.

La medida se enmarca en la aplicación de la Ley provincial 8378 y apunta a consolidar la Educación Financiera Temprana entre estudiantes del secundario. La propuesta busca que los jóvenes incorporen herramientas para tomar mejores decisiones sobre el uso del dinero, organizar sus recursos y desarrollar criterios básicos de administración financiera.

A partir de estos acuerdos, se dictarán cursos gratuitos destinados a docentes de Capital y del interior de la provincia. La capacitación incluirá contenidos específicos de educación financiera y también estrategias pedagógicas pensadas para trabajar situaciones concretas de la vida cotidiana, análisis de casos y herramientas vinculadas al entorno digital.

La formación estará a cargo de la Coordinación Estratégica de Planeamiento Educativo y se presenta como una ampliación del trabajo que la Provincia ya venía desarrollando junto a distintas entidades bancarias, entre ellas el Banco Central de la República Argentina y el Banco Macro.

Desde el área educativa provincial señalaron que el objetivo es brindar a los docentes herramientas para que luego puedan trasladar estos conocimientos al aula y fortalecer en los estudiantes habilidades vinculadas con el manejo responsable de sus finanzas personales.

Otro de los puntos relevantes de la propuesta es que los cursos contarán con los avales correspondientes para otorgar puntaje docente ante la Junta Calificadora, lo que amplía su alcance dentro de la carrera profesional y puede incentivar la participación de educadores de distintos puntos de la provincia.

La firma de los convenios reunió a autoridades del Gobierno provincial, del área educativa y de la Universidad Nacional de Salta, en una articulación que busca fortalecer la incorporación de contenidos financieros dentro del sistema educativo salteño.

Política institucional

El Instituto Provincial de Salud (IPS) analiza reactivar o fortalecer su unidad interna de detección y prevención del fraude, con el objetivo de investigar irregularidades y corregir fallas del sistema que permitan este tipo de maniobras dentro de la obra social provincial.

El presidente del organismo, Martín Baccaro, explicó que en el pasado ya funcionó una estructura destinada a ese control interno y consideró importante revisar su situación actual para definir si debe volver a ponerse en funcionamiento o si necesita ser reforzada.

Según indicó, el problema no pasa solamente por detectar irregularidades y aplicar sanciones, sino también por revisar los mecanismos administrativos y de control que hacen posible que esos hechos ocurran. En ese sentido, sostuvo que cuando aparecen maniobras indebidas suele haber debilidades en el propio sistema que facilitan esas situaciones.

Baccaro remarcó que investigar, probar y sancionar los fraudes es una parte del proceso, pero advirtió que también es necesario corregir los circuitos internos que presentan fallas para evitar que los mismos problemas se repitan en el futuro.

El titular del IPS comparó este tipo de controles con los mecanismos que se utilizan en el sector de seguros, donde además de investigar posibles fraudes se ajustan de manera permanente los procedimientos para prevenir nuevas irregularidades.

En esta nueva etapa al frente del organismo, señaló que uno de los primeros pasos será revisar cómo se encuentra esa unidad dentro del instituto. Explicó que ya comenzó una ronda de reuniones internas y recorridas por distintas áreas para evaluar el funcionamiento general del IPS.

En ese marco, anticipó que analizará si la resolución que creó esa estructura sigue vigente, si el área continúa operativa y qué tareas concretas se están realizando actualmente en materia de control interno.

La revisión forma parte del proceso de reorganización que busca encarar el organismo, con foco en mejorar los controles administrativos, cerrar los “huecos” del sistema y fortalecer los mecanismos de prevención ante posibles irregularidades.

Política Institucional

El Instituto Provincial de Salud (IPS) dejará atrás la etapa de intervención con la reasunción del doctor Martín Baccaro al frente del organismo, en una nueva fase que buscará normalizar el funcionamiento de la obra social tras el proceso de auditoría y reordenamiento administrativo.

El ministro de Salud, Federico Mangione, confirmó que la nueva conducción trabajará bajo un esquema de gestión articulada con el Ministerio y sostuvo que el objetivo ahora es avanzar sobre las irregularidades detectadas durante la intervención.

Según explicó, la auditoría permitió identificar problemas financieros y administrativos de gravedad, entre ellos casos de sobrefacturación por parte de prestadores y fuertes desajustes en el sistema de aportes de algunos afiliados.

Mangione sostuvo que la etapa de intervención cumplió la función de diagnosticar el estado real del organismo y remarcó que ahora comienza una instancia enfocada en aplicar medidas correctivas. En ese marco, anticipó que la nueva gestión deberá avanzar en la judicialización de las inconsistencias detectadas y dar mayor transparencia a los informes finales.

El cambio de etapa en el IPS se produce en un contexto delicado para la obra social provincial, atravesada por reclamos, cuestionamientos sobre su funcionamiento y discusiones por el financiamiento del sistema.

Con la salida de la intervención, el desafío para la nueva conducción será ordenar el organismo, recuperar previsibilidad en la prestación de servicios y responder a los problemas detectados durante la auditoría.

Política Institucional

La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de ley que endurece las sanciones para quienes organicen fiestas, bailes o eventos públicos en lugares no habilitados o que incumplan la normativa vigente.

La iniciativa modifica el artículo 124 de la Ley 7135 del Código Contravencional de la Provincia y establece que los responsables podrán ser sancionados con arresto o con multas de entre 30 y 80 días.

El texto también incorpora la responsabilidad solidaria entre el organizador del evento y el propietario o poseedor del inmueble donde se realice la actividad en infracción, ampliando así el alcance de las penalidades.

El proyecto unifica propuestas impulsadas por los diputados Guillermo Kripper y Socorro Villamayor, y ahora deberá ser tratado por el Senado provincial para completar el trámite legislativo.

Con esta media sanción, la Cámara baja avanzó en una reforma orientada a reforzar el control sobre eventos no autorizados, un tema que suele generar controversia por sus efectos sobre la seguridad, la convivencia urbana y el cumplimiento de normas básicas de habilitación.