Política institucional
La reforma electoral aprobada en Salta sumó un nuevo capítulo institucional. La Libertad Avanza presentó ante la Corte de Justicia provincial una acción popular de inconstitucionalidad para pedir que se declare inválida la nueva norma, al considerar que vulnera principios constitucionales y puede alterar la voluntad de los votantes.
El planteo apunta contra el esquema aprobado por la Legislatura provincial, que desde el espacio libertario es cuestionado como una posible “ley de lemas encubierta”. Según esa postura, el sistema permitiría acumular votos entre distintos sublemas y favorecer a un frente político aun cuando un candidato individual no haya sido el más elegido.
La acción popular de inconstitucionalidad es una herramienta prevista en el ordenamiento salteño que permite solicitar a la Corte la revisión de una norma cuando se considera que contradice la Constitución provincial. No exige demostrar un perjuicio personal directo, por lo que puede ser impulsada por ciudadanos o sectores políticos que cuestionen la validez de una ley.
Con esta presentación, el debate dejó de estar concentrado únicamente en la Legislatura y pasó al plano judicial. Ahora será el máximo tribunal provincial el que deberá analizar si la reforma electoral respeta los límites constitucionales y si puede aplicarse en futuros procesos electorales.
Desde el oficialismo provincial defienden la modificación como una actualización del régimen electoral, con el argumento de ampliar la participación política y adecuar las reglas a la realidad partidaria actual. En la oposición, en cambio, sostienen que el nuevo esquema puede distorsionar la representación y beneficiar a las estructuras con mayor capacidad territorial.
La discusión tiene impacto directo en toda la provincia, especialmente en los municipios del interior. En departamentos como San Martín y Orán, las reglas electorales definen no solo cómo se eligen autoridades, sino también cómo se ordenan las alianzas locales, los frentes municipales y la competencia entre espacios con distinto nivel de organización.
El punto central no es solo la disputa entre oficialismo y oposición, sino quién define las reglas del voto y bajo qué controles constitucionales. La resolución de la Corte será clave para saber si la reforma queda firme, si debe ser revisada o si algún aspecto del nuevo sistema queda frenado antes del próximo calendario electoral.
