Frontera / Seguridad
El Senado provincial dio media sanción a un proyecto que busca prohibir el uso de celulares y otros dispositivos de comunicación a personas privadas de libertad en cárceles y comisarías de Salta.
La iniciativa apunta a cerrar una vía de comunicación ilegal que puede ser utilizada para extorsiones, estafas, amenazas o coordinación de delitos desde lugares de detención. El proyecto ahora deberá ser revisado por la Cámara de Diputados.
La propuesta alcanza a internos alojados en unidades penitenciarias y también a personas detenidas en dependencias policiales. Además de teléfonos móviles, incluye otros sistemas tecnológicos que permitan comunicación no autorizada.
El proyecto prevé reforzar los controles de ingreso y avanzar con la instalación de bloqueadores o inhibidores de señal en espacios de detención. La medida busca reducir el margen para que dispositivos ingresados de manera irregular sean usados para cometer delitos desde adentro.
Uno de los puntos centrales es que la prohibición no elimina el derecho al contacto familiar. La comunicación deberá realizarse mediante sistemas institucionales, controlados y habilitados por la autoridad correspondiente.
En Salta, el tema tiene peso especial por el crecimiento de modalidades delictivas que se apoyan en teléfonos, redes y mensajería. En zonas de frontera y rutas del norte provincial, donde conviven narcotráfico, contrabando, estafas y otras economías ilegales, el control de comunicaciones dentro de lugares de detención aparece como una herramienta relevante.
Sin embargo, la medida no resolverá el problema por sí sola. Para que funcione, necesitará inversión tecnológica, controles permanentes, supervisión interna y reglas claras para evitar abusos o fallas en la aplicación.
El debate que sigue en Diputados deberá definir cómo se implementa la prohibición, qué recursos se asignan y cómo se garantiza el equilibrio entre seguridad, control institucional y derechos básicos de las personas detenidas.
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