Categoría: Economía & Producción

Economía y Producción

Salta será sede desde este jueves 30 de abril de la 44° edición del Concurso Nacional de Caballos Peruanos de Paso, considerado el principal encuentro de esta raza en el país. La actividad se realizará hasta el domingo 3 de mayo en el predio de la Sociedad Rural Salteña, con entrada libre y gratuita.

El evento reunirá a criadores, expositores, jinetes y familias vinculadas a una tradición ecuestre con fuerte presencia en el norte argentino. Además de las competencias por categorías, habrá premios especiales, participación de menores y evaluación de los ejemplares por parte de jurados especializados.

La propuesta también tendrá un costado turístico y económico. Durante las jornadas se ofrecerán espacios de gastronomía regional, artesanías y espectáculos, lo que convierte al concurso en una actividad abierta para el público general y no solo para el sector criador.

La presentación oficial estuvo encabezada por el Ministerio de Producción y Minería junto a la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos de Paso. Desde la organización destacaron que la elección de Salta como sede refuerza el lugar de la provincia dentro del calendario nacional de eventos rurales y tradicionales.

Para Salta capital, la competencia representa una agenda de movimiento durante el fin de semana, con impacto en visitantes, servicios, consumo local y promoción cultural. También permite mostrar una actividad productiva y de crianza que forma parte de la identidad rural de la región.

El concurso se desarrollará en Avenida Gato y Mancha 1460, en el predio de la Sociedad Rural Salteña. La entrada libre permite que vecinos y turistas puedan acercarse a conocer de cerca una de las expresiones ecuestres más reconocidas del país.

Economía y Producción

El endeudamiento de los hogares salteños volvió a quedar bajo la lupa: uno de cada tres salteños arrastra deudas importantes y, en promedio, esas obligaciones pueden representar casi tres sueldos.

El dato expone una señal de presión sobre la economía cotidiana. Para muchas familias, el crédito dejó de ser una herramienta para comprar bienes durables o financiar proyectos y empezó a funcionar como una salida de emergencia para cubrir gastos básicos, pagar servicios, sostener consumos o cancelar deudas anteriores.

El informe fue elaborado por la economista Miryam Giorgetti, asesora del Ministerio de Economía de la Provincia, y advierte que el problema de fondo está en la distancia entre ingresos y costo de vida. Cuando los salarios, las changas o los ingresos informales no alcanzan, el endeudamiento aparece como una forma de llegar a fin de mes.

Uno de los puntos más sensibles es el crecimiento de los créditos no bancarios, billeteras virtuales y plataformas digitales. Son vías de acceso rápido al dinero, pero muchas veces con tasas más altas y condiciones difíciles de sostener para quienes ya tienen ingresos ajustados.

Ese mecanismo puede derivar en una rueda difícil de cortar: tomar un préstamo para pagar otro, usar la tarjeta para cubrir gastos corrientes o refinanciar consumos básicos. En ese escenario, la deuda deja de ser una ayuda puntual y se convierte en parte del presupuesto mensual.

En Salta capital, el impacto se siente en alquileres, servicios, tarjetas y consumo diario. En el interior y el norte provincial, la situación puede agravarse por la informalidad laboral, la caída de changas y la mayor irregularidad de ingresos familiares.

La provincia también aparece entre las más comprometidas del NOA en uso de tarjetas de crédito, un dato que refuerza la presión sobre los hogares. La preocupación no pasa solo por cuánta gente se endeuda, sino por qué tipo de deuda toma y con qué capacidad real de pago.

Aunque existen iniciativas de educación financiera, el problema requiere una mirada más amplia. Sin recuperación sostenida de ingresos, acceso a crédito razonable y herramientas de prevención, muchas familias seguirán usando deuda cara para cubrir necesidades básicas.

Economía y Producción

El anuncio del Gobierno nacional sobre un nuevo paquete de desregulación para el mercado inmobiliario abrió una discusión que también llegó a Salta. Desde el sector local advirtieron que el eje del problema no pasa por los colegios profesionales ni por la intervención de los corredores, sino por el deterioro del acceso a la vivienda.

La referencia salió al cruce de las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien anticipó que en junio enviará al Congreso una propuesta para reducir regulaciones en la actividad inmobiliaria. La iniciativa apunta a bajar costos, facilitar operaciones y ampliar la competencia dentro del sector.

En Salta, la respuesta llegó de la mano de Juan Martín Biella, referente de la Cámara Inmobiliaria y del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios. Su planteo fue que el mercado ya funciona con un alto grado de libertad y que hoy ninguna persona está obligada a contratar a un corredor para concretar una operación.

Desde esa mirada, el debate no debería centrarse solo en la desregulación, sino en las condiciones reales del mercado. El sector sostiene que el problema de fondo es que cada vez cuesta más comprar una vivienda, alquilar o sostener una operación inmobiliaria en un contexto de caída del poder adquisitivo, aumento de costos y escasez de crédito.

Biella también defendió el rol de los colegios profesionales al señalar que cumplen funciones de control, matriculación, asesoramiento y resguardo frente a posibles estafas. La posición del sector es que eliminar o debilitar esas estructuras no resolvería el principal obstáculo que enfrentan hoy las familias.

En esa línea, remarcó que el acceso a la vivienda se volvió mucho más difícil en los últimos años. Según expuso, una vivienda económica requiere hoy muchos más salarios mínimos que tiempo atrás, una señal que muestra cómo se deterioró la relación entre ingresos y posibilidad de compra.

A eso se suman otros factores que, según el sector, explican mejor la crisis habitacional: el costo de la construcción, la presión impositiva, la falta de financiamiento y la ausencia de créditos hipotecarios sostenidos. En ese escenario, la discusión sobre la regulación profesional aparece como una parte menor frente a un problema estructural más amplio.

Para Salta, el debate no es menor. Tanto en la capital como en otras ciudades de la provincia, el acceso a una vivienda formal se volvió una dificultad creciente para sectores medios y trabajadores. Por eso, cualquier cambio en las reglas del mercado puede tener impacto directo no solo en inmobiliarias y corredores, sino también en propietarios, inquilinos y compradores.

La discusión recién empieza y seguramente ganará volumen cuando el proyecto llegue al Congreso. Pero el punto que dejó planteado el sector salteño es claro: más allá de la desregulación, el desafío central sigue siendo cómo volver más accesible la vivienda en un contexto económico que hoy la aleja de una gran parte de la población.

Economía y Producción

El matadero municipal de Tartagal suspendió temporalmente la faena por trabajos de refacción y mantenimiento, con la expectativa de retomar la actividad durante la próxima semana.

La pausa busca avanzar sobre mejoras necesarias en una infraestructura clave para la cadena cárnica local. El servicio tiene impacto directo en productores, carniceros, abastecimiento y costos de traslado dentro del norte salteño.

En una ciudad como Tartagal, contar con faena local permite ordenar parte del circuito de la carne y evitar que los operadores deban depender de traslados más largos hacia otras localidades. Cuando el servicio se interrumpe, la logística se vuelve más compleja y puede afectar la planificación comercial.

Desde el municipio se espera que las tareas permitan recuperar la operatividad del predio en pocos días. El punto central será que la reactivación se cumpla en plazo y que las refacciones mejoren realmente las condiciones de funcionamiento.

El caso vuelve a mostrar la importancia de sostener infraestructura productiva básica en el interior. Para el norte salteño, un matadero operativo no es solo un edificio municipal: es una pieza que influye en abastecimiento, comercio, empleo y economía regional.

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Salta recibirá un anticipo financiero de Nación para atender compromisos de corto plazo, entre ellos el pago de aguinaldos y vencimientos de deuda provincial. La asistencia permitirá aliviar la caja en un momento de alta demanda de recursos, aunque no se trata de fondos extraordinarios sin devolución.

El anticipo funciona como una herramienta de liquidez: la Provincia recibe recursos por adelantado y luego debe reintegrarlos mediante descuentos futuros. Por eso, el beneficio inmediato es ganar margen para cumplir obligaciones sensibles, pero con impacto sobre ingresos que llegarán más adelante.

Uno de los puntos centrales es el pago del aguinaldo, una obligación clave para los trabajadores estatales y también para la economía local. En Salta capital y en el interior, ese ingreso adicional suele mover comercios, servicios, supermercados y consumo familiar.

El otro frente es la deuda provincial. Los vencimientos obligan a ordenar la caja y sostener previsibilidad financiera, especialmente en un contexto donde las provincias vienen reclamando por la caída de recursos nacionales y la reducción de transferencias.

La decisión muestra una tensión concreta de la economía pública: cumplir con compromisos inmediatos sin desordenar el funcionamiento del Estado. Para la Provincia, el anticipo ayuda a atravesar un período exigente, pero también deja planteado el desafío de administrar los próximos meses con menos margen sobre recursos futuros.

En el norte salteño, donde buena parte del consumo depende de salarios públicos, jubilaciones, comercio de cercanía y actividad estatal, el pago de aguinaldos tiene un efecto directo sobre la circulación de dinero. Por eso, más allá de la discusión técnica, la asistencia financiera impacta en la vida económica cotidiana de miles de familias.

Economía y Producción

El presidente Javier Milei negó que el consumo esté atravesando su peor momento y sostuvo que lo que cambió es la forma en que compran los argentinos. La definición busca defender el rumbo económico del Gobierno, pero también abre una discusión clave: qué consumo se está mirando y cuánto de esa mejora llega realmente al bolsillo cotidiano.

El planteo oficial apunta a que una parte de las compras se trasladó hacia plataformas digitales, operaciones online y nuevos hábitos de consumo. En esa lectura, la caída de algunos indicadores tradicionales no reflejaría por completo lo que ocurre en la economía.

Sin embargo, para muchas familias, el consumo sigue midiéndose en variables mucho más concretas: alimentos, transporte, servicios, medicamentos, cuotas y gastos básicos. Que existan cambios en la forma de comprar no implica necesariamente que haya una recuperación pareja del poder adquisitivo.

En Salta, esa diferencia se ve con claridad en supermercados, almacenes, ferias y comercios barriales. Puede haber sectores que muestren movimiento, pero una parte importante de los hogares todavía organiza sus compras en función de precios, promociones y prioridades cada vez más ajustadas.

También los comercios locales siguen dependiendo de un consumo sensible al ingreso disponible. Cuando el salario no alcanza o las tarifas absorben más parte del presupuesto familiar, las ventas se reordenan: se compran menos productos, se cambian marcas o se posterga lo que no es urgente.

La discusión, entonces, no pasa solo por si el consumo cayó o cambió de canal. El punto central es si la economía cotidiana empieza a mostrar alivio real para la mayoría de los hogares. Por ahora, la mejora que defiende el Gobierno convive con una percepción social todavía marcada por la prudencia, el ajuste y la búsqueda permanente de precios.

Economía y Producción

La inflación de abril podría ubicarse por debajo del 3%, según estimaciones privadas que anticipan una desaceleración frente al dato de marzo. El número sería una señal positiva para el Gobierno nacional, aunque todavía no alcanza para cerrar la discusión sobre el impacto real de los precios en los hogares.

La diferencia es importante: que la inflación baje no significa que los precios bajen, sino que aumentan a menor velocidad. Para las familias salteñas, esa distinción se mide todos los días en supermercados, almacenes, carnicerías, verdulerías y servicios básicos.

El rubro alimentos sigue siendo uno de los puntos más sensibles. Aunque algunas mediciones mostraron semanas de mayor calma, otros relevamientos marcaron subas en productos clave como panificados, lácteos y otros consumos habituales. Por eso, el dato final de abril será observado con atención.

En Salta, el impacto se siente especialmente en los sectores de ingresos fijos, jubilados, trabajadores informales y familias que destinan buena parte de sus ingresos a comida, transporte y servicios. Una inflación menor al 3% puede aliviar expectativas, pero no recompone de inmediato el poder de compra perdido.

También los comercios siguen mirando de cerca el comportamiento de los precios. Cuando el consumo está golpeado, cualquier variación en alimentos o productos básicos puede modificar ventas, márgenes y decisiones de reposición.

El dato oficial será publicado por el INDEC y permitirá confirmar si abril marcó una nueva baja en el ritmo de aumentos. Hasta entonces, la lectura debe ser prudente: la desaceleración puede mostrar un cambio de tendencia, pero el alivio real todavía depende de que los ingresos le ganen a los precios.

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Salta aparece entre las provincias golpeadas por la caída de fondos nacionales en el actual ciclo de ajuste fiscal. Un informe de análisis estimó que, entre enero de 2024 y febrero de 2026, la provincia acumuló una pérdida de $646.000 por habitante, en contraste con la Ciudad de Buenos Aires, que cerró el período con saldo positivo.

El dato forma parte de una comparación más amplia sobre cómo evolucionaron las transferencias nacionales hacia las provincias y CABA. En ese período, las 23 provincias registraron una pérdida acumulada de recursos, tanto por la baja en transferencias no automáticas como por la caída de envíos automáticos vinculados a coparticipación y leyes especiales.

En términos agregados, la reducción acumulada para las provincias fue de $36 billones. Más de la mitad de esa caída se explicó por menores transferencias no automáticas, mientras que el resto respondió a la baja de fondos automáticos.

La situación de CABA fue distinta. Aunque también sufrió una merma en transferencias automáticas, terminó con una mejora neta por el efecto de la cautelar de la Corte Suprema que amplió el porcentaje de coparticipación que recibe. Esa diferencia dejó expuesta una brecha fuerte entre la situación de la capital del país y la de las provincias.

Para Salta, el dato no es menor. Una menor llegada de fondos nacionales reduce margen para sostener obra pública, programas, infraestructura y capacidad de respuesta estatal. En provincias con más dependencia de recursos externos y menor espalda fiscal propia, el impacto del ajuste se siente con más fuerza.

La discusión, en el fondo, no es solo contable. También vuelve a poner sobre la mesa una pregunta política e institucional: cómo se distribuye el esfuerzo fiscal en la Argentina y qué lugar ocupan las provincias en ese esquema. En ese reparto, Salta aparece claramente del lado de los distritos que perdieron recursos.

En el norte provincial, donde muchas demandas dependen de inversión sostenida en rutas, servicios, salud, educación e infraestructura, la caída de fondos nacionales no es un dato abstracto. Puede traducirse en menos capacidad de ejecución y en más presión sobre unas finanzas provinciales ya condicionadas.

Economía y Producción

El Gobierno de Salta pagará los haberes de abril de toda la administración pública provincial el próximo 30 de abril, antes del Día del Trabajador.

La medida alcanza a la totalidad de los empleados estatales e incluye a los sectores de salud, seguridad, educación, administración central y organismos descentralizados. De ese modo, el cronograma se concentrará en una sola jornada y quedará acreditado antes del feriado del 1 de mayo.

Se trata de una información de servicio que impacta en miles de trabajadores de toda la provincia, incluidos Salta capital, San Martín y Orán, donde una parte importante del empleo formal depende del sector público provincial.

Además de ordenar el calendario salarial, el pago anticipado también mueve consumo en los días previos al feriado, con efecto sobre comercios y actividad local, especialmente en ciudades donde el ingreso estatal tiene peso en la economía cotidiana.

Más allá del anuncio, el dato central para los trabajadores es concreto: los sueldos de abril estarán disponibles el 30 de abril. En un contexto de ingresos ajustados y fuerte atención sobre las fechas de cobro, el adelantamiento suma previsibilidad para muchas familias salteñas.

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Salta empezó a trabajar con universidades y organismos de formación para adaptar la oferta académica a las nuevas demandas del sector minero, uno de los motores productivos que más expectativa genera en la provincia.

La mesa de trabajo reunió a la Secretaría de Minería, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta y la UPATecO. El objetivo fue analizar qué perfiles laborales necesita la actividad, qué carreras podrían desarrollarse y cómo vincular la formación con las zonas donde avanza la minería.

El punto central no es solo abrir nuevas propuestas educativas, sino ordenar una respuesta de mediano y largo plazo. La minería requiere técnicos, profesionales, operarios especializados y perfiles capaces de insertarse en distintas etapas de los proyectos, desde la exploración hasta la operación y los servicios asociados.

También se discutió la necesidad de fortalecer pasantías, prácticas profesionalizantes e infraestructura educativa. En ese esquema, San Antonio de los Cobres aparece como un punto estratégico por su cercanía con áreas de desarrollo minero y por el rol que puede cumplir una sede universitaria conectada con el territorio.

La discusión tiene una lectura económica concreta: si Salta quiere que el crecimiento minero genere empleo local calificado, la formación debe llegar antes que la demanda. De lo contrario, el riesgo es que la inversión avance, pero que una parte importante de los puestos especializados quede fuera del alcance de trabajadores salteños.

Por eso, el trabajo entre universidades, Provincia y sector productivo apunta a construir una oferta académica más alineada con las necesidades reales de la actividad. El desafío será convertir esa articulación en carreras, trayectos formativos y oportunidades concretas para jóvenes y trabajadores de la provincia.