Frontera / Seguridad
Un hombre fue detenido en Salta acusado de crear y difundir imágenes íntimas falsas de mujeres mediante inteligencia artificial, en una causa que expone una forma cada vez más grave de violencia digital.
La investigación se inició a partir de denuncias realizadas por once mujeres y por autoridades de la Facultad de Humanidades de la UNSa. Según la causa, las imágenes habrían sido generadas a partir de fotos personales tomadas de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
La Fiscalía Penal a cargo de Verónica Simesen de Bielke investiga al acusado por al menos once hechos de lesiones graves agravadas por violencia de género, en modalidad reiterada. Las publicaciones habrían sido difundidas en un sitio web de contenido sexual sin consentimiento de las víctimas.
De acuerdo con la investigación, el acusado habría utilizado imágenes obtenidas de Instagram, Facebook y WhatsApp para manipularlas digitalmente y crear contenido íntimo falso. Las víctimas detectaron la situación entre el 26 de marzo y el 2 de abril.
Durante el allanamiento, realizado por personal de Ciberseguridad de la Policía de Salta, se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. Luego se realizó la audiencia de imputación y formalización de la investigación penal preparatoria.
El caso golpea especialmente a la comunidad universitaria y abre una alerta más amplia sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial para dañar, hostigar o exponer a mujeres. No se trata de una “broma digital” ni de un simple uso indebido de tecnología: la Justicia lo investiga como violencia de género mediada por medios digitales.
La causa también muestra un riesgo concreto para cualquier persona que tiene fotos públicas o compartidas en redes. Con herramientas cada vez más accesibles, la manipulación de imágenes puede convertirse en una forma de agresión, extorsión o exposición no consentida.
El desafío ahora será avanzar en la investigación sin revictimizar a las denunciantes y, al mismo tiempo, reforzar la prevención. En Salta, el caso deja una señal clara: la violencia digital ya forma parte de los delitos que requieren respuesta judicial, educación tecnológica y cuidado institucional.
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