Categoría: Economía & Producción

Economía y Producción

La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma del régimen de Zona Fría, una medida que puede modificar el mapa de subsidios al gas y afectar a varias localidades salteñas si el Senado también aprueba el proyecto.

La iniciativa fue aprobada con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Ahora deberá ser tratada por la Cámara alta antes de convertirse en ley.

El cambio busca reducir el alcance del beneficio y volver a un esquema más acotado, similar al que existía antes de la ampliación aprobada en 2021. Para el Gobierno nacional, la modificación permitiría un ahorro fiscal estimado en más de $272.000 millones.

En Salta, el impacto sería desigual. Mantendrían el beneficio departamentos de alta montaña y zonas con condiciones climáticas más extremas, como Los Andes, La Poma, Santa Victoria e Iruya.

En cambio, quedarían fuera del régimen localidades y departamentos que hoy están alcanzados por la ampliación, entre ellos Salta Capital, Cafayate, San Carlos, Cachi, Chicoana, La Caldera, La Viña y Rosario de Lerma.

Si la reforma avanza, los usuarios que pierdan el beneficio podrían enfrentar facturas de gas más altas, especialmente durante los meses de mayor consumo. El impacto exacto dependerá de la categoría de cada hogar, el nivel de ingresos y el esquema de subsidios energéticos focalizados.

La discusión también contempla excepciones para sectores específicos, como personas con Certificado Único de Discapacidad, veteranos de Malvinas y familias registradas en barrios populares.

Para Salta, el debate no es solo técnico. El gas forma parte del costo de vida de los hogares y también de la estructura de gastos de comercios, instituciones y pequeñas actividades productivas. Por eso, cualquier cambio en subsidios energéticos puede sentirse rápido en la economía cotidiana.

La media sanción en Diputados abrió una etapa clave. Hasta que el Senado no defina, el cambio no está cerrado, pero el proyecto ya marca una señal clara: Nación busca revisar el alcance de los beneficios tarifarios y reducir el peso fiscal de los subsidios.

Economía y Producción

El embajador de Suecia en Argentina, Torsten Ericsson, destacó el potencial minero de Salta y el crecimiento que observa la provincia desde el exterior, en el marco de una visita junto a una delegación de empresas suecas interesadas en tecnología, servicios e inversión para el sector.

La agenda incluyó reuniones con autoridades provinciales y representantes del sector privado, con la participación de firmas vinculadas a energía, transporte, maquinaria, comunicación, agua, seguridad industrial y soluciones tecnológicas aplicadas a la minería.

Ericsson remarcó que Salta aparece hoy como un territorio atractivo por el avance de sus proyectos mineros y por la posibilidad de articular con empresas internacionales que ya trabajan en estándares de eficiencia, innovación y sustentabilidad.

Pero el embajador también dejó una advertencia clave: el desarrollo minero debe hacerse bien desde el inicio. Señaló que una mina genera impactos importantes y que por eso es necesario trabajar con planificación, reglas claras, diálogo con las comunidades y prevención ambiental.

La mirada sueca no se limita a vender equipamiento. El interés pasa por aportar tecnología, seguridad, eficiencia energética, transporte, gestión del agua y experiencia en procesos productivos con menor impacto ambiental.

Para Salta, la visita confirma que la minería provincial ya está en el radar internacional. El desafío será que ese interés se traduzca en empleo local, proveedores regionales, infraestructura y controles serios, especialmente en una actividad que exige equilibrio entre inversión, ambiente y licencia social.

En el norte argentino, el crecimiento minero puede abrir nuevas oportunidades productivas, pero también obliga a discutir cómo se distribuyen sus beneficios y qué garantías existen para las comunidades y los territorios involucrados.

La presencia de Torsten Ericsson en Salta marca una señal política y económica: Suecia ve potencial, pero también plantea una condición de fondo. La minería que viene no solo deberá crecer; deberá demostrar que puede hacerlo con tecnología, transparencia y responsabilidad.

Economía y Producción

Construir una vivienda en Salta se volvió cada vez más difícil. El costo del metro cuadrado para una vivienda estándar ya ronda entre $1,4 y $1,5 millones, un valor cercano a los mil dólares y que pone presión sobre familias, profesionales y empresas del sector.

Según estimaciones del sector, una vivienda social tipo IPV de 50 metros cuadrados puede llegar a costar alrededor de $75 millones. El dato muestra hasta qué punto el acceso a la casa propia se aleja para muchas familias, especialmente en un contexto de salarios atrasados, crédito limitado y costos que siguen altos.

Los informes técnicos del COPAIPA también muestran aumentos durante el primer trimestre. El valor de una vivienda tipo FONAVI pasó de $1.192.246 por metro cuadrado en enero a $1.226.860 en marzo. En el caso de una vivienda social de 44 metros cuadrados, el costo subió de $52,4 millones a casi $54 millones.

A esos valores hay que sumar otro punto clave: muchas veces no incluyen infraestructura urbana completa, como redes de agua, cloacas, gas, alumbrado, calles o cordón cuneta. Es decir, el costo final de habitar una vivienda puede ser todavía mayor.

La falta de crédito accesible también frena nuevos proyectos. Sin financiamiento, muchas familias postergan obras, reducen metros o avanzan por etapas. Para el sector, esto impacta en corralones, transporte, mano de obra, profesionales y pequeños contratistas.

En Salta capital y en ciudades del norte como Orán, Tartagal o Embarcación, construir de a poco sigue siendo una estrategia frecuente. Pero con estos valores, cada ampliación, techo o habitación nueva exige más ahorro y más tiempo.

El mercado inmobiliario también siente el efecto. En muchos casos, las propiedades usadas se venden por debajo de lo que costaría construir una vivienda nueva, lo que desalienta obras desde cero y empuja a los compradores a mirar opciones ya terminadas.

El costo de construir no es solo un dato técnico. Marca qué tan cerca o lejos queda la vivienda propia para miles de familias salteñas y anticipa el nivel de actividad de uno de los rubros que más empleo mueve en la economía local.

Economía y Producción

La crisis económica cambió también la forma de vestirse en Salta. Cada vez más familias dejan de lado las compras en locales tradicionales y buscan alternativas más accesibles en ferias, ropa de segunda mano, intercambios y prendas recicladas.

La tendencia refleja un cambio claro en el consumo cotidiano. Frente a la pérdida de poder adquisitivo y al aumento sostenido de precios en la indumentaria, la compra de ropa dejó de ser un gasto habitual para convertirse en una decisión mucho más medida, atada al bolsillo y a la necesidad.

Un sondeo reciente marcó que la opción de segunda mano, intercambio o reciclado concentra la mayor preferencia entre los salteños, con el 54,40% de las respuestas. Detrás aparecen las ferias y mercados, con el 21,04%, mientras que las tiendas tradicionales y los shoppings quedaron en 17,43%. Más atrás figuran las aplicaciones de compra online del exterior, como Shein, Temu o AliExpress, con el 7,17%.

El dato muestra algo más profundo que una moda pasajera. La ropa usada dejó de ser una elección marginal y pasó a formar parte de las estrategias habituales de muchas familias para sostener el consumo sin desordenar aún más la economía del hogar.

En Salta capital, Orán, Tartagal y otras ciudades del norte provincial, el fenómeno se ve en ferias barriales, grupos de compra y venta en redes sociales, ventas entre conocidos y circuitos informales que crecieron al ritmo de la crisis. En muchos casos, no se trata solo de ahorrar, sino de seguir accediendo a prendas básicas en un contexto de ingresos ajustados.

El cambio también deja una señal para el comercio. Cuando una parte importante del consumo migra hacia la segunda mano o las ferias, los locales formales de indumentaria sienten el golpe de un mercado más retraído, con compradores que comparan más, postergan gastos y priorizan precio por encima de marca o novedad.

La expansión de este tipo de consumo combina necesidad económica y cambio de hábito, pero el motor principal sigue siendo el mismo: una economía que obliga a estirar cada peso. En ese escenario, la ropa usada ya no aparece como excepción, sino como una respuesta concreta a la crisis.

Economía y Producción

La morosidad de las familias volvió a encender una señal de alerta en la economía cotidiana. El atraso en el pago de tarjetas, préstamos personales, créditos de consumo y billeteras virtuales muestra que cada vez más hogares tienen dificultades para sostener sus gastos mensuales sin recurrir al endeudamiento.

Según datos del sistema financiero, la mora familiar llegó al 11,2% en febrero y en marzo habría seguido en alza, cerca del 11,5%. El dato preocupa porque ya no aparece solamente en sectores informales o de bajos ingresos: también empieza a sentirse entre asalariados registrados y familias de clase media que usan crédito para cubrir consumos básicos.

El problema combina varios factores. Por un lado, los salarios todavía arrastran pérdida de poder adquisitivo frente a los precios. Por otro, muchas familias acumularon deuda para sostener gastos de alimentos, servicios, transporte, alquileres o educación. A eso se suma el uso extendido de tarjetas y plataformas financieras, que permiten financiar compras, pero también pueden multiplicar intereses cuando los pagos se atrasan.

En Salta, el impacto no queda solo en los hogares. Cuando una familia se endeuda más o empieza a pagar el mínimo de la tarjeta, reduce otros consumos. Eso se siente en comercios, supermercados, farmacias, locales gastronómicos y pequeñas empresas que dependen del movimiento diario.

Para ciudades como Salta capital, Orán, Tartagal o Salvador Mazza, donde buena parte de la actividad económica se sostiene por el consumo interno, la morosidad funciona como una señal de enfriamiento. Menos margen en los bolsillos significa menos ventas, más refinanciaciones y mayor presión sobre la economía familiar.

El Banco Central descartó por ahora un rescate general para deudores morosos y la salida quedaría en manos de acuerdos entre bancos, financieras y clientes. Esa decisión abre otro debate: cómo evitar que el atraso se transforme en una bola de deuda difícil de pagar sin generar nuevos desequilibrios en el sistema financiero.

La mora no es solo un número bancario. Es una señal de cómo llegan las familias a fin de mes. Y en una provincia donde el comercio, los servicios y el empleo informal tienen peso fuerte, el aumento del endeudamiento familiar puede anticipar un problema mayor para la actividad local.

Economía y Producción

La crisis política y económica en Bolivia ya empieza a sentirse en la frontera salteña. En zonas comerciales cercanas a los pasos internacionales, comerciantes advierten faltantes de productos muy buscados por argentinos, como televisores y figuritas del Mundial.

El fenómeno no es aislado. En los últimos meses, miles de salteños cruzaron hacia Bolivia para comprar productos más baratos por la diferencia de precios. Esa demanda creció sobre artículos electrónicos, ropa, alimentos, neumáticos, calzado y productos de consumo masivo.

Ahora, la situación interna del país vecino suma presión sobre ese circuito. Los bloqueos, la tensión social y los problemas de abastecimiento afectan el movimiento comercial y generan faltantes puntuales en productos de alta demanda.

Para la frontera norte, el dato de los televisores y las figuritas puede parecer anecdótico, pero muestra algo más profundo: el comercio entre Salta y Bolivia funciona como un termómetro de la economía regional. Cuando hay diferencia de precios, crisis de abastecimiento o controles más fuertes, el impacto aparece rápidamente en Aguas Blancas, Salvador Mazza, Orán y Tartagal.

También vuelve a quedar expuesta la situación de los comerciantes salteños, que compiten con productos que llegan desde Bolivia a menor precio, muchas veces dentro de circuitos informales o con controles difíciles de sostener.

El problema no pasa por señalar a quienes compran más barato ni por demonizar a los comerciantes de frontera. La cuestión de fondo es económica: salarios ajustados, precios altos, diferencias cambiarias y un movimiento permanente de personas que buscan rendir mejor su dinero.

La crisis boliviana agrega un nuevo elemento a esa dinámica. Si el abastecimiento del lado boliviano se complica, la frontera salteña también lo siente: menos productos disponibles, más presión sobre precios y mayor incertidumbre para quienes viven del comercio diario.

Economía y Producción

Salta ya empieza a palpitar una nueva fecha del TC2000 con una presentación abierta al público, en la previa de una competencia que volverá a poner a la provincia en el calendario nacional del automovilismo.

La actividad forma parte del lanzamiento local del evento y busca acercar la categoría a vecinos, fanáticos y turistas antes de la carrera que se disputará en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.

Más allá del atractivo deportivo, el impacto esperado también pasa por la economía local. Este tipo de competencias moviliza visitantes, hotelería, gastronomía, transporte, comercios, proveedores y servicios vinculados a la organización.

En ediciones anteriores, el TC2000 generó una fuerte convocatoria en Salta y dejó movimiento en distintos sectores de la ciudad. Por eso, la llegada de una nueva fecha vuelve a ser leída como una oportunidad para dinamizar actividad durante el fin de semana del evento.

El automovilismo nacional también posiciona a Salta como sede de espectáculos deportivos de escala federal. La competencia no solo convoca al público local, sino que puede atraer visitantes de otras provincias y fortalecer la agenda turística.

Para la economía de servicios, estos eventos tienen un valor concreto: más ocupación hotelera, mayor movimiento gastronómico, consumo en comercios y trabajo para proveedores técnicos, logísticos y operativos.

El desafío será que el impacto no quede limitado al autódromo. Si la ciudad logra integrar promoción turística, circuitos gastronómicos y actividades complementarias, el TC2000 puede convertirse en una herramienta más para mover la economía local y mostrar a Salta como plaza fuerte para eventos nacionales.

Economía y Producción

El régimen de Zonas Frías volvió al centro del debate en Diputados, donde el oficialismo busca avanzar con cambios para reducir o focalizar los subsidios al gas. La discusión divide posturas porque combina ahorro fiscal, tarifas, consumo invernal y diferencias territoriales.

El proyecto apunta a modificar el esquema vigente y concentrar el beneficio en regiones específicas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. De esa manera, el criterio dejaría de ser amplio y pasaría a una lógica más focalizada.

Para el Gobierno nacional, el cambio forma parte de la política de reducción de subsidios y ordenamiento del gasto público. Para los sectores que rechazan la modificación, el riesgo está en el impacto tarifario que podría sufrir una parte de los usuarios residenciales, especialmente durante los meses de mayor consumo.

En Salta, el tema tiene una lectura particular. La Puna aparece entre las zonas que mantendrían el beneficio, pero el resto de la provincia sigue atravesado por una agenda energética sensible: tarifas, abastecimiento, consumo invernal, estaciones de GNC, comercios e industrias que necesitan previsibilidad.

El debate también se cruza con el reclamo provincial por el gas. Salta fue durante décadas productora de energía, pero hoy vuelve a discutir garantías de abastecimiento e infraestructura para no quedar expuesta en los meses críticos.

El punto de fondo no es solo si se recorta o no un subsidio. La pregunta es cómo se define una política energética federal que contemple clima, distancia, ingresos, infraestructura disponible y necesidades productivas de cada región.

Para los hogares, cualquier cambio en el régimen puede sentirse directamente en la factura. Para la economía local, el gas también impacta en costos de producción, comercio, transporte y competitividad. Por eso, la discusión en Diputados no queda lejos: puede terminar influyendo en el bolsillo y en la actividad económica de Salta.

Economía y Producción

Referentes de la producción, la industria, el comercio, la minería y las pymes coincidieron en que Salta necesita reglas claras, previsibilidad e infraestructura para transformar su potencial económico en desarrollo real.

El planteo se dio en el marco del Plan Estratégico Salta 2050, donde distintos sectores vinculados a la actividad privada expusieron prioridades para pensar el crecimiento provincial a largo plazo.

El pedido central fue sostener políticas que no dependan solo de una gestión de gobierno. Para quienes producen, invierten o generan empleo, la planificación requiere estabilidad, seguridad jurídica, financiamiento, rutas, conectividad y condiciones concretas para competir.

La infraestructura logística aparece como uno de los puntos más sensibles. El Corredor Bioceánico, la RN 51, la conexión con Chile y los puertos del Pacífico son parte de una agenda que puede cambiar la posición de Salta dentro del mapa productivo del NOA.

Pero el desafío no está solo en las grandes obras. También alcanza a pymes, comercios, productores y proveedores que necesitan menos trabas, mejores servicios, energía disponible, conectividad y acceso a mercados para crecer fuera de la capital.

Para el norte provincial, la discusión tiene impacto directo. En San Martín y Orán, producir lejos de los grandes centros implica mayores costos logísticos, dependencia de rutas, presión sobre servicios básicos y necesidad de políticas que acompañen al comercio, la frontera, la agroindustria, la energía y los proveedores regionales.

El Plan Salta 2050 puede ser una herramienta importante si logra escuchar a los sectores productivos y convertir esas demandas en metas concretas. Sin reglas claras, infraestructura y continuidad, el potencial económico queda limitado a discursos.

La señal que dejaron empresarios y productores es clara: Salta puede proyectarse a largo plazo, pero necesita condiciones reales para invertir, sostener empleo y competir. El futuro productivo de la provincia dependerá menos de los anuncios y más de la capacidad de ejecutar políticas sostenidas en el tiempo.

Economía y Producción

Salta avanza en las gestiones para financiar obras estratégicas del Corredor Bioceánico, con una inversión de USD 100 millones destinada a mejorar la infraestructura logística del norte provincial y avanzar con la pavimentación de la Ruta Nacional 51.

El proyecto fue trabajado con organismos internacionales de crédito y apunta a consolidar una conexión clave entre Salta, Chile y los puertos del Pacífico. La RN 51 es una de las rutas centrales para esa integración, porque vincula la zona de San Antonio de los Cobres con el paso internacional de Sico.

La obra no es solo una mejora vial. Para la provincia, representa una apuesta productiva y logística: puede reducir costos de transporte, facilitar el movimiento de cargas, fortalecer la actividad minera, potenciar proveedores regionales y mejorar la conectividad de comunidades de la Puna.

El financiamiento también forma parte de una agenda más amplia de infraestructura vinculada al Corredor Bioceánico Eje Capricornio, que busca conectar el Atlántico con el Pacífico y posicionar al NOA dentro de una red internacional de comercio y transporte.

Para Salta, el avance es estratégico porque la falta de rutas consolidadas sigue siendo uno de los principales límites para competir en logística, exportaciones y desarrollo regional. Sin infraestructura, la minería, la producción y el comercio exterior enfrentan mayores costos y menor previsibilidad.

El desafío ahora será pasar del anuncio a la ejecución. La obra necesita financiamiento efectivo, licitaciones, plazos claros y controles para que la inversión se traduzca en pavimento, conectividad y movimiento económico real.

La RN 51 vuelve así al centro de la agenda productiva salteña. Si la obra se concreta, puede convertirse en una pieza clave para integrar la Puna, fortalecer la salida al Pacífico y dar mayor competitividad a la provincia dentro del mapa logístico del norte argentino.